En mayo de 1973 se crea el
Frente Polisario y se inicia la lucha contra el colonialismo español por la
independencia del Pueblo Saharaui y el reconocimiento a fundar un Estado en el
territorio del Sáhara Occidental, la antigua colonia española. En los años
precedentes ya hay conatos reivindicativos, cuyo suceso más grave fue la
desaparición, y posible asesinato, del dirigente saharaui Basisi, por parte del
colonialismo español.
Son 40 años de lucha, de
sacrificios, de sufrimientos, por parte de un pueblo indomable en pos de su
libertad y su independencia. En estos 40 años hay reiteradas resoluciones de la
ONU reconociendo sus derechos legítimos, en especial, su derecho a celebrar un
Referéndum de Autodeterminación, así como la constatación de que ningún país de
la Tierra reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio y que, por el
contrario, más de 80 países reconocen jurídica y políticamente a la RASD.
La situación del Pueblo
Saharaui se agrava extraordinariamente, cuando en 1.975 fue expulsado de su territorio
en el Sáhara Occidental por la ocupación de Marruecos y Mauritania, con la
firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en noviembre de 1.975, impidiéndose
con ello la celebración del previsto Referéndum de Autodeterminación, bajo los
auspicios de la ONU y en el marco de la Resolución 1514 que reconoce este
derecho a los pueblos colonizados. Desde ese momento el Pueblo Saharaui vive un
verdadero drama humanitario, con gran parte de la población en Campamentos de
Refugiados, otra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y otra parte
en la diáspora.
El Pueblo Saharaui tiene
reconocido su derecho a la Autodeterminación y a ejercitarlo mediante un
Referéndum libre y democrático en las múltiples y reiteradas Resoluciones de la
ONU, en diversos pronunciamientos de la Unión Europea y en el Dictamen del Tribunal
Internacional de Justicia en octubre de 1.975. A pesar de ello Marruecos ocupa
ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental y bloquea sistemáticamente la
celebración del Referéndum, creando en la zona una situación de inestabilidad y
vulnerando los principios del Derecho Internacional.
El Estado Español tiene una
responsabilidad histórica, política, jurídica y moral al ser la antigua
potencia colonial y propiciar con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos
de Madrid de 1.975, la ocupación del territorio, impidiéndose con ello culminar
el proceso de descolonización. A pesar de la ocupación, ni la ONU ni ningún
país del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio al ser un
proceso descolonizador inconcluso, reafirmándose que la única solución que
respete la legalidad internacional y que sea firme y duradera se debe propiciar
en el marco del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas.
Existe una enorme preocupación
por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, expresada en
las resoluciones de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, al igual que en los informes del Relator de la ONU contra la Tortura y
la reciente visita del enviado personal del Secretario General de la ONU, Sr. Christopher
Ross, a los territorios ocupados. Igualmente, prestigiosas organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos han denunciado la situación como Amnistía
Internacional y la Fundación Robert Kennedy de EE.UU. El propio representante
de los EE.UU. en el Consejo de Seguridad planteó una propuesta de ampliar el
mandato de la Minurso a los DD.HH., que finalmente fue desechada por presiones
de Francia, España y Rusia, ante la negativa del Gobierno de Marruecos. Esta
situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui,
que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y
económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantías, las
condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos
Humanos en el Territorio está creando un clima de violencia que sólo consigue
agravar la situación. Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25
activistas saharauis del Campamento de Gdaym-Izik con condenas a cadenas
perpetuas, y a 30 años, 25 años y 20 años de prisión, vulnerándose las mínimas
garantías procesales de los detenidos y denunciándose las torturas y la
ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales
presentes en el juicio.
Igualmente preocupante es el
expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo
en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos
de la población saharaui.
Por otra parte, las enormes
dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los
Campamentos de Refugiados de Tinduff, están a punto de provocar una catástrofe
humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos
sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población
refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la
disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de
la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios.
Canarias tiene una especial
sensibilidad con la causa y la tragedia del Pueblo Saharaui, por su cercanía
geográfica y por las tradicionales e históricas relaciones sociales, económicas,
educativas y comerciales que siempre se mantuvo desde la época de la colonia
durante decenas de años. La Comunidad Canaria está muy interesada en que se
avance a una urgente solución de este largo conflicto que sólo se puede
garantizar en el marco del respeto a la legalidad internacional, las
resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto a los irrenunciables derechos
del Pueblo Saharaui a vivir en paz y en libertad en su territorio.
Es importante recordar algunos
acontecimientos recientes que configuran un escenario alentador para presionar
al Gobierno de Marruecos en el sentido de desbloquear la situación actual:
• La última Resolución 2099 (2013) del Consejo de Seguridad
de la ONU reitera una vez más que la solución pasa por respetar el principio de
Autodeterminación y celebrar un Referéndum para que el Pueblo Saharaui decida
su futuro.
• El conflicto de Mali es una amenaza para la estabilidad de
la Región y para su desarrollo por lo que otro conflicto en el Sáhara
Occidental tendría repercusiones imprevisibles.
• El deterioro interno y externo del Gobierno de Marruecos y
del propio Rey, así como sus propias desavenencias, son evidencias palpables
que debilita aún más la importancia estratégica de Marruecos para las potencias
Occidentales.
• El creciente protagonismo de Argelia en la región, con
acuerdos económicos y comerciales con EE.UU., Francia y España, es un factor de
equilibrio para propiciar una solución pacífica y respetuosa con el orden
internacional y los derechos del Pueblo Saharaui.
• La propuesta del Gobierno de los EE.UU. de evidenciar la
violación de los DD.HH. por Marruecos en el Sáhara Occidental y encargar su
protección a la Minurso, es un varapalo al Gobierno de Marruecos que tendrá sus
repercusiones en el futuro.
Por todo ello es esencial que
el movimiento solidario con la causa del pueblo saharaui impulse un conjunto de
acciones prioritarias que se concretan en:
1. Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo
Saharaui a la Autodeterminación y a ejercitarlo a través de un Referéndum libre,
democrático y donde se planteen todas las opciones, incluida la opción de la
independencia, tal como reconoce el Derecho Internacional y, sobre todo, las
reiteradas resoluciones de la ONU. El conflicto tiene su origen en un proceso
de descolonización que no ha concluido, por lo que cualquier fórmula que no
respete este principio se aleja de una solución efectiva y realista.
2. Mostrar la preocupación por la violación de los Derechos
Humanos en los Territorios Ocupados que
se ejerce sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental e
instar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos
políticos saharauis defensores de los DD.HH., el fin del expolio de los
recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. En
este sentido es esencial la ampliación del mandato de la Minurso para
garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y que la ONU
garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los
Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum. Igualmente se exige la
anulación del juicio militar contra los 25 activistas del Campamento de Gdaym-Izik
y la libertad inmediata de los detenidos.
3. Apoyar los proyectos de ayuda humanitaria destinados a
paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de
refugiados, sobretodo en alimentación, salud, educación, vestidos, calzados y
servicios básicos. Hacer un llamamiento al Gobierno de España, a todas las
instituciones públicas y la población para que, en el marco de sus
posibilidades, mantengan e incrementen la Cooperación humanitaria, y, en
especial, el proyecto de “Vacaciones en Paz” que posibilita la llegada de miles
de niños y niñas.
4. Solicitar del Gobierno de España una posición clara en
defensa de la legalidad internacional y la implementación de los acuerdos de la
ONU para desbloquear la celebración del Referéndum que impide el Gobierno de
Marruecos y se abstenga de propiciar acciones que refuerzan la actitud marroquí
de seguir ocupando el Sáhara Occidental.
Igualmente es necesario que el
Gobierno de España facilite el reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como
representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y
facilite y otorgue a sus representantes el mismo status diplomático del que
goza la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España, con el objeto de
facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias orientadas a responder a las
necesidades del Pueblo Saharaui.
5. Hacer un llamamiento a la opinión pública, organizaciones
solidarias, sociales, educativas, sindicales e instituciones públicas para
apoyar estas justas demandas de la población saharaui. Igualmente instar a la
Comunidad Internacional, en especial a la ONU, U.E. y los gobiernos de Francia,
España y EE.UU. para que en sus relaciones bilaterales con el Gobierno de
Marruecos le insten a garantizar la legalidad internacional, las resoluciones
de la ONU, en especial, la celebración del Referéndum de Autodeterminación y el
respeto de los Derechos Humanos de la población saharaui en los Territorios
Ocupados.
Firmantes:
- Carmelo Ramírez, Consejero Cabildo de Gran Canaria
- Flora Marrero Ramos, diputada por Tenerife
- Ángel Víctor Torres, Alcalde de Arucas
- Juan Antonio de la Hoz, Consejero Cabildo de Lanzarote
- Narváez Quintero, Senador por el Hierro
- Nieves Rosa Pulido, diputada por La Palma
- Josefa Milán, concejala de Telde
- Claudina Morales, Alcaldesa de La Oliva
- Teresa Morales, movimiento solidario con el Sáhara
- Víctor Tomás Chinea, diputado por la Gomera
