Once civiles fueron asesinados
y veintitrés activistas permanecen encarcelados a la espera de un juicio ante
un tribunal militar.
Ahora, el activismo se debate
entre aliarse con el enemigo o desconfiar del vecino marroquí
*Fotos: Antonio Velázquez
Noviembre marca el aniversario
de las manifestaciones en el Sáhara Occidental que detonaron 4 semanas de
protestas en campamento de Gdeim Izik en 2010, que fueron respondidas con
brutalidad por las fuerzas de ocupación marroquíes. En aquel mes, la población
saharaui, según el profesor Noam Chomsky, sembró la semilla de lo que sería la
Primavera Árabe. Sin embargo, mientras los gobiernos occidentales apoyaron el
derrumbamiento de regímenes dictatoriales en el norte de África ante el foco de
la prensa mundial, la violenta reacción de la policía marroquí hacia la
sublevación pacífica saharaui ha dejado pocos titulares y aun menor respuesta
de la comunidad internacional. El régimen Alauita dejó, no obstante, once
civiles muertos y veintitrés activistas encarcelados que esperan juicio ante un
tribunal militar.
Antes de que Rabat ordenase
reprimir las manifestaciones, el también llamado ‘campamento dignidad’ se
convirtió en la mayor demostración de resistencia no violenta desde que
Marruecos ocupara la antigua colonia española en 1975. Pero este episodio no es
solo el testimonio de la evolución del activismo en el Sáhara Occidental. La
lucha pacífica saharaui ha alcanzado un alto grado de internacionalización en
las últimas décadas, de la misma forma que consiguió organizar un campamento de
protesta con decenas de miles de ciudadanos clamando a favor de su derecho de
autodeterminación.
Pese a los logros del
activismo saharaui, éste no acaba de cristalizar ni de canalizar cambios en los
territorios ocupados. El análisis de la precaria situación de los derechos
humanos en la zona tiende a centrarse en el tibio papel de la ONU como mediador
y en los intereses de las potencias occidentales. Sin embargo, el bloqueo
informativo vela dinámicas políticas más profundas que el manido argumento del
conflicto abandonado por la comunidad internacional. Los activistas de derechos
humanos saharauis no han tenido mayor éxito no solo porque el conflicto está
olvidado por los responsables políticos, sino también por las escasas conexiones
con sus homólogos marroquíes. Los últimos quizá no apoyen sus plegarias de
independencia, pero sus reivindicaciones de libertad y democracia pavimentan el
camino hacia un proceso de reconocimiento libre de derechos desde el que la
independencia saharaui dejaría de ser una reto hercúleo plagado de obstáculos –
a todas luces – insalvables, para convertirse en una meta democrática.
Inicio de la resistencia
saharaui: 37 años de violaciones de derechos humanos
“Gdeim Izik fue una vuelta a
la tradición saharaui. Las jaimas estaban abiertas a todos y te recibían sin
miedo. Sentí esperanza y liberación”. Sidi Ahmed, activista saharaui presente
en el ‘campamento dignidad’, recuerda así las semanas vividas en las afueras de
El-Aiún antes de la intervención de las fuerzas marroquíes. Sin embargo, el
activismo en la también llamada última colonia de África no es una tendencia
reciente. La población saharaui ha resistido a la dominación exterior desde que
España ocupara la vasta extensión de este territorio limítrofe con Marruecos,
Mauritania y Argelia. Siendo precisamente esta resistencia la que obligó al
régimen franquista a organizar un referéndum para 1975. Ya entonces, una visita
de la misión de Naciones Unidas se refería al Frente Polisario como una organización
de masas. El referéndum, sin embargo, nunca se produciría, y a la ocupación
española le siguió la marroquí tras la entrada de 350.000 civiles y militares
en la ‘Marcha Verde’, presentada como pacífica ante la opinión pública.
Hasta que el proceso de paz de
1991 puso fin a la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, detenciones
arbitrarias, torturas y métodos de garde à vue (incomunicado) fueron prácticas
comunes del régimen Alauita. En los ‘Años de Plomo’, Rabat persiguió tanto a
ciudadanos saharauis como marroquíes. Sin embargo, el primer informe de
Amnistía Internacional en la región, fechado en 1977, ya mencionaba la forma
“desproporcionada” en que la población saharaui se veía afectada por la
represión marroquí, especialmente en el caso de las desapariciones forzosas.
Aunque veladas por la opacidad del régimen, las cifras de saharauis
desaparecidos oscilan entre los 249 estimados por un grupo de investigación de
la ONU hasta los 1.500 casos investigados por la Federación Internacional de
Derechos Humanos. Una campaña de represión orquestada por el estado de
similares proporciones a la Argentina de Videla o el Chile de Pinochet. Dahha
Rahmouni, entonces manifestante adolescente y ahora reconocido activista
saharaui, recuerda cómo fue detenido y secuestrado por agentes marroquíes
vestidos de paisano tras una visita técnica de una delegación de la ONU en
1987. “Durante cuatro años sufrimos torturas y nos privaron de cualquier
contacto con el exterior. Me han detenido otras cuatro veces más desde entonces
y siempre sin cargos. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir con
miedo”, confiesa al narrar un cautiverio que se llevó la vida de algunos
compañeros suyos.
Aunque las dos comunidades,
saharaui y marroquí, sufrieron la dura represión del yugo Alauita, el precoz
estado de los movimientos activistas hizo imposible la conexión entre ambas
sociedades. El entonces rey Hassan II nunca dejó de utilizar el conflicto en el
Sáhara occidental como chivo expiatorio con el que obtener renta política
exprimiendo un discurso populista de unidad nacional frente al enemigo común
saharaui. Al mismo tiempo, el socorrido discurso del ‘Gran Marruecos’ le servía
como cortina de humo con el que velar los golpes de estado frustrados que
amenazaban al régimen, mientras seguía inyectando fondos públicos para
incrementar la presencia militar y el desarrollo de los territorios ocupados.
En el ámbito internacional, la
propaganda del régimen y el bloqueo informativo en el Sáhara Occidental
frustraron cualquier intento de construir un movimiento activista
transfronterizo. No obstante, algunos grupos europeos de defensa de los
derechos humanos comenzaron a concienciar acerca de la situación en los
territorios ocupados, tal es el caso de la Asociación Internacional de Juristas
por al Sáhara Occidental. Mohamed Ahmed Laabeid, antiguo responsable del
departamento de internacional de la primera organización saharaui de derechos
humanos creada en 1989, explica las restricciones de las leyes marroquíes al
respecto: “AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así
continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado e incluso dentro
de Marruecos”.
Eclosión del activismo: el
fracaso de la diplomacia y el cambio en la estrategia de la resistencia
saharaui
El alto el fuego entre
Marruecos y el Frente Polisario sembró la vana ilusión de un posible
referéndum, sin embargo Rabat obstaculizó el Plan de Paz desde sus inicios. El
régimen siempre intentó boicotear la intervención de la ONU hasta el extremo de
enviar una ‘segunda Marcha Verde’ de ciudadanos marroquíes a los territorios
ocupados del Sáhara Occidental a comienzos de los 90. Seducidos por generosos
subsidios y otros beneficios estatales, los colonos marroquíes han llegado a
duplicar a la población autóctona saharaui. Pese a que esta maniobra política
pretendía favorecer a Rabat ante un eventual referéndum, el relativo apoyo de
algunos marroquíes a las manifestaciones que ocurrirán durante el inicio del
presente siglo en los territorios ocupados plantean serias dudas acerca de la
efectividad de dicha estrategia.
Entretanto, la misión especial
desplegada por la ONU en el territorio (MINURSO) se ha limitado a ser un
testigo cómplice de los escollos desplegados por el reino Alauita. Tan claras
han sido las omisiones de estas artimañas, que el ex-embajador estadounidense
Fran Ruddy denunció ante Human Rights Watch en 1995 la constante vigilancia de
las autoridades marroquíes y el abandono del proceso de paz por parte de
MINURSO.
La ineficacia de MINURSO tiene
fatales consecuencias para la población saharaui que vive bajo el hermético
control marroquí. MINURSO es la única misión de paz de Naciones Unidas que no
cuenta con un mandato de defensa de los derechos humanos, reduciéndola a un
mero testigo cómplice de la constante represión marroquí hacia la minoría
saharaui. Lo que a todas luces simboliza falta de estrategia política se revela
como una elocuente irresponsabilidad por parte de la ONU dada la inexistencia
de un mecanismo dentro de la misión que asegure el respeto al resultado de un
eventual referéndum por ambas partes.
La vaguedad de la intervención
de la ONU en el conflicto es chocante. Más aun cuando Anna Theofilopoulou, ex
oficial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, revela que el organismo
supranacional “nunca pensó que el referéndum fuera a tener lugar”, mientras
sostiene que cuando MINURSO comenzó su mandato “no se introdujeron medidas en
relación a la defensa de derechos humanos porque se creía que el referéndum
tendría lugar en el periodo de un año”.
Tras 20 años de intervención
nadie ha revisado la perversión de la estrategia de este organismo de paz. Aun
más grave, la incoherencia en las prácticas políticas de la ONU han hecho mella
en la relación entre las comunidades marroquí y saharaui, inflamando el
resentimiento y la desconfianza mientras se alimentaba la quimera de una
solución pacífica auspiciada por la comunidad internacional.
El inacabado proceso de
descolonización junto a la inoperatividad de la ONU y el fracaso de la
diplomacia han incrementado la frustración saharaui. Tras décadas de
negociaciones infructuosas, un levantamiento popular sacudió El Aaiún, capital
del Sáhara Occidental ocupado. En 1999, miles manifestantes saharauis protestaron
ante el empobrecimiento económico de la región, a lo que las autoridades
marroquíes respondieron con la violenta represión de las concentraciones,
animando a delincuentes locales a atacar a la población saharaui y sus
comercios. Después de la muerte del entonces monarca Hassan II, las protestas y
detenciones se extendieron por diferentes ciudades del Sáhara Occidental y
Marruecos. Pese a que organizaciones de derechos humanos marroquíes e
intelectuales denunciaron tímidamente la violencia del régimen, a estas
condenas no les siguió intento alguno de establecer contacto entre las dos
comunidades.
Recordada por los saharauis
como la primera intifada – término árabe para definir un levantamiento popular
que, sin embargo, la prensa internacional reduce al ámbito de la resistencia
palestina – esta revuelta supuso “un cambio radical, ya que desde aquel
entonces la población civil saharaui ha perdido el miedo a la represión
marroquí y muestra de ello es que no han cesado las manifestaciones y
concentraciones”, explica Laabeid, presente en las protestas. Este evento no
solo derribó el muro de miedo, sino que supuso el desarrollo de pujantes aunque
débiles conexiones entre ciudadanos saharauis y marroquíes denunciando
políticas económicas que empobrecen el territorio.
Al mismo tiempo, la revuelta
popular supuso un cambio inesperado en la estrategia saharaui. Hasta entonces
fue la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), desarrollada en los campos
de Tinduf (Argelia) donde 200.000 refugiados saharauis languidecen tras huir de
los bombardeos de napalm y fósforo blanco durante el conflicto armado con
Marruecos, la que gestionaba la diplomacia formal con relación al conflicto.
Pero el levantamiento de los territorios ocupados de 1999 desplazó la atención
hacia la población oprimida tras el muro de 2.700 km de largo – la
barrera militar más larga del mundo – construido por Rabat durante la guerra
para separar al pueblo saharaui. Lejos de ser un conato de cambio en la
resistencia saharaui, las manifestaciones han devuelto de forma permanente la
atención política a los territorios ocupados en detrimento de la fallida
diplomacia del estado en el exilio con base en los campamentos de refugiados.
Tras las revueltas de 1999, el
ascenso al trono de Mohammed VI indujo modestas reformas en la monarquía
Alauita, aplaudidas por la comunidad internacional. Marruecos fue pionero entre
los estados árabes en la creación de organismos nacionales de defensa de
derechos humanos así como en la institucionalización de normativas
internacionales relativas a los mismos, como la Convención contra la Tortura.
Estas medidas se demostraron cortinas de humo y cosmética del régimen cuando
las comisiones encargadas de investigar violaciones de derechos humanos hacían
caso omiso de las que afectaban a la población saharaui. Las líneas rojas del reino
de Marruecos se han diseñado en torno a la figura del monarca y a la integridad
territorial. Asimismo, el régimen ha sido acusado de controlar la actividad de
ONGs marroquíes encargadas de investigar violaciones de derechos humanos. Este
contexto no ha hecho otra cosa que acrecentar la desconfianza de los activistas
saharauis hacia simpatizantes marroquíes.
Internacionalización del
activismo: Intereses de las grandes potencias y el dilema saharaui
Anquilosado por la propaganda
alienante del gobierno Makhzen – denominación local hacia las élites que rigen
el estado marroquí – y aislado del tablero de la política global, el activismo
saharaui no ha tenido un lugar en el foco de la prensa internacional hasta la
hace una década cuando los medios sociales permitieron canalizar información al
exterior. Una nueva revuelta popular en 2005 fue ampliamente cubierta por los
medios de comunicación después de que las autoridades marroquíes atacaran con
violencia las concentraciones pacíficas asesinando a un joven saharaui. Mustafa
Ahmed, quien participó en las manifestaciones, relata: “Durante un año, el
Aaiún vivió de forma diaria disturbios, enfrentamientos, detenciones,
juicios… Los saharauis pudieron mantener
la intifada gracias a las nuevas
tecnologías… Fue la primera vez que, tras la salida de España del Sahara, El
Aaiún salió en TVE.” Todos los gobiernos españoles desde la transición siempre
han relativizado el papel de España remitiéndose y amparándose en las
decisiones de la ONU. Una posición de tendenciosa neutralidad en un asunto
internacional en el que Madrid tiene algo más que responsabilidades históricas
– en 2002, una carta del Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la
ONU señala que España no pudo transferir sus competencias en el Sáhara Español
con los acuerdos tripartitos de Madrid y que, por tanto, es ésta y no Marruecos
la Potencia administradora del territorio –.
La comunidad internacional,
sin embargo, volvió la espalda a la situación una vez más. Vergonzosamente, una
delegación de observadores del Parlamento Europeo fue repetidamente bloqueada
por Marruecos a su llegada al territorio. Pero fue la huelga de hambre de
Aminatou Haidar en 2009 lo que consolidó el activismo saharaui como un
movimiento de resistencia pacífica a nivel internacional, activando los
resortes diplomáticos de España, Estados Unidos y Francia hasta que Rabat
finalmente permitió su retorno a El Aaiún.
Al mismo tiempo, el activismo
transnacional ha dado sus frutos, centrándose principalmente en la denuncia del
expolio ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental ocupado. La
importancia de éstos explica el interés desmesurado de Marruecos por el
territorio. Lejos de ser un desierto yermo, la reserva de fosfatos del Sáhara
Occidental es una de las más vastas del planeta, mientras que los caladeros
saharauis suponen una parte integral de la industria pesquera marroquí. Lo que
añade complejidad al puzzle es que la batalla sobre la explotación del petróleo
y de los productos agrícolas involucra tanto a estados como empresas privadas.
Hasta ahora, el activismo internacional ha conseguido presionar a empresas
estadounidenses y francesas para rescindir sus acuerdos con Marruecos para la
exploración petrolífera en el territorio, así como el apoyo de parlamentarios
europeos en la condena a productos agrícolas de la región etiquetados como
marroquíes. Igualmente exitosa fue la campaña para bloquear la renovación del
acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos debido a las dudas de los
europarlamentarios acerca de su legalidad y los exiguos beneficios para la
población autóctona.
Sin embargo, este activismo ha
tenido poca eficacia en lo concerniente a la represión ejercida por Marruecos.
MINURSO continúa sin tener un mandato claro para prevenir las continuas
violaciones de derechos humanos de Rabat, pese a que Francia fue presionada
para aceptar el vago término de “medidas” en la resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU de 2011. Paris ha apoyado al régimen Alauita desde el
comienzo del conflicto. La antigua metrópoli es el principal socio comercial de
Marruecos, aportando 2.8 millones de dólares en ayuda civil y militar en 2007.
De la misma forma, Marruecos
es un aliado estratégico en la región tanto para la Unión Europea como para
Estados Unidos. Washington ha mostrado abiertamente su apoyo a la ambivalente
proposición de Rabat para una autonomía en el Sáhara Occidental. La ubicación
geoestratégica de Marruecos atrae la ayuda europea y americana para desarrollo
militar y social destinada a políticas antiterroristas, y contra el tráfico de
droga y la inmigración ilegal. Con estos intereses sobre el tapete, es difícil
imaginar a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deshaciendo el nudo
gordiano con Marruecos sabiendo que Rabat pone en juego algo más que sus
credenciales políticos y sus pingües gastos militares en el Sahara Occidental.
Anna Theofilopoulou no deja lugar a dudas: “La ONU no va a resolver este
problema”
A pesar de la criminalización
del activismo saharaui y la propaganda alienante por parte de Marruecos, se han
producido acercamientos entre las dos comunidades. Las protestas callejeras de
las últimas décadas han alentado el descontento de marroquíes afectados por la
situación económica que se vive en los territorios ocupados. Sin embargo, los
ciudadanos marroquíes temen las represalias políticas y el acoso judicial del
régimen. “Me enterrarían vivo si me uno a vuestras protestas, con lo que mejor
organizamos nuestra propia concentración en El Aaiún”, le dijo un marroquí a
Sidi Ahmed, activista saharaui presente en las manifestaciones de Gdeim Izik en
2010. Dahha Rahmouni, miembro de la ONG saharaui de derechos humanos ASDVH,
también explica que los contactos con los contrapartes marroquíes son
“complejos y, casi siempre, no oficiales”. La comunicación entre ciudadanos
comunes de ambos bandos en conflicto es difícil incluso para miembros de las
diásporas en el extranjero, como confirma Zahra Ramdan, presidenta de la
Asociación de Mujeres Saharauis en España. De la misma manera, las
interlocuciones, cuando existen, dan lugar a lecturas en las que la
autodeterminación queda relegada a niveles inferiores con respecto al resto de
derechos sociales y políticos. Tal es el caso de Ali Lmrabet, periodista
marroquí, quien sostiene que existen “conexiones entre la principal asociación
de derechos humanos marroquí (AMDH) y los Saharauis, pero siempre en el marco
de la defensa de los derechos humanos, lejos de las reivindicaciones
políticas”.
El dilema radica en que los
Saharauis persiguen objetivos que, en fundamento, son diferentes de los de sus
contrapartes marroquíes. Unos defienden el derecho de autodeterminación bajo un
referéndum libre y justo, mientras que los otros abogan por una mejora en la
situación de sus derechos civiles y políticos así como en lo que respecta a los
derechos socio-económicos básicos para la distribución de la riqueza tanto en
los territorios ocupados como en Marruecos. Reivindicaciones similares, estas
últimas, a las que se producen en otros países del Magreb y Oriente Próximo
exigiendo mayor niveles de democracia. Jamal Bachri, periodista saharaui y
defensor de los derechos humanos, explica: “Los Saharauis no tenemos nada que
ver con la democracia en Marruecos… Eso es un problema puramente marroquí que
no nos incumbe. Sin embargo, creemos que si existiera democracia e Marruecos,
nuestra interlocución con relación al Sáhara Occidental cambiaría en algo”.
Los activistas saharauis
coinciden en indicar que sus homólogos marroquíes exigen cambios ‘internos’,
que difieren sustancialmente del derecho de autodeterminación que debe de ser
amparado ‘internacionalmente’ bajo un referéndum como parte de un proceso de
descolonización que no se culminó. Pese a la manifiesta diferencia entre ambas
demandas, el conflicto en el Sáhara Occidental también se explica como el
enfrentamiento entre la realpolitik y la legalidad internacional. Intereses de
seguridad así como acuerdos geoestratégicos y económicos con Marruecos han
prevalecido ante el derecho internacional. Por lo tanto, mientras los
organismos de la ONU continúen siendo meros testigos impasibles de la situación
en la región, la única salida para un eventual referéndum en el Sáhara
Occidental pasa por la reforma democrática del reino de Marruecos así como un
meticuloso programa para reconciliar a ambas sociedades del ya sedimentado
rencor regado por el tiempo y la propaganda.
Todo parece indicar que no
existirá un Marruecos democrático sin una solución imparcial y pacífica al
problema del Sáhara Occidental, de la misma forma en que no se producirá un
referéndum libre y justo sin un Marruecos democrático. La conjunción del
activismo de ambas comunidades aceleraría la democratización del reino Alauita,
dando alas a la participación cívica en las instituciones y permitiendo la
discusión de demandas políticas y de derechos más exigentes y complejos que los
políticos y sociales. Lo que no atenúa lo arriesgado de la estrategia para el
activismo saharaui. Poner en peligro la resistencia pacífica de casi 40 años y
su objetivo último: el derecho de autodeterminación.
