Estocolmo, 04/07/14 (VSOA).- Este artículo
fue escrito por Aliyen Kentaoui, Representante del Frente Polisario y de la
RASD en Suecia. Su versión original en inglés fue publicada en “Western Sahara”
-la revista de la asociación sueca de amistad con el pueblo saharaui- y fue
enviada por su autor al Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de La Plata,
Argentina, con el fin de que sea publicada, en su versión en español, en Voz
del Sahara Occidental en Argentina (VSOA). La traducción libre especial para
VSOA, la realizó el Profesor Javier Surasky, integrante del Comité.
En diciembre pasado, por estrecha mayoría,
el Parlamento de la Unión Europea (UE) en un movimiento sorpresivo torció el
brazo a la justicia y a la legalidad internacional al ratificar el Protocolo al
Acuerdo de Cooperación Pesquera entre la UE y Marruecos (FPA), permitiendo a
los buques europeos pescar ilegalmente en aguas territoriales del Sáhara
Occidental ocupado por Marruecos. Esta sorprendente interpretación de la ley
internacional revirtió una decisión anterior adoptada por el mismo parlamento
en 2011 por la que se rechazó con razón la ratificación del mismo acuerdo sobre
la base de su ilegalidad. La última decisión trunca las esperanzas de los
pueblos de la región y reduce las perspectivas de paz a un difícilmente alcanzable
espejismo en el desierto.
La aprobación del anteriormente mencionado
acuerdo trajo nuevamente a la luz el papel de la UE en este conflicto. Sin
dudas las decisiones que adopta la UE tienen un importante peso para colaborar
con -o hacer más complejo- el logro de una solución para el conflicto saharaui-marroquí.
Al entrar en este tipo de negocios turbios con Marruecos, la UE le está
haciendo un flaco favor a la paz y está traicionando sus propios principios
fundacionales. Pero el efecto más alarmante de este tipo de acuerdos está en
las señales equívocas que se envían a la región. Marruecos está
malinterpretando la adopción de cualquier acuerdo con la Unión Europea, o con
cualquier otra institución, como un barniz que cubre de legalidad su ilegal
ocupación colonial y, por lo tanto, fortalece su sensación de impunidad y su
capacidad de desafiar las normas internacionales.
La protección que durante muchos años se le
otorgó a Marruecos, permitiéndole eludir las consecuencias que suponen sus
violaciones del derecho internacional, frustró todos los intentos por llegar a
una solución justa y pacífica del conflicto, lo prolongó de manera indefinida y
obligó a muchos mediadores a presentar exasperadas renuncias al verse atrapados
entre la intransigencia de Marruecos y la actitud equívoca de algunos países europeos.
Tanto los asesores legales del Consejo de Seguridad como los del Parlamento
Europeo están de acuerdo en que, antes de que se realice cualquier explotación
de los recursos naturales saharauis, es esencial asegurar el respeto de ciertos
principios básicos: el consentimiento del pueblo saharaui, la producción de
beneficios a favor de la población saharaui, la protección del medio ambiente y
el respeto de los derechos humanos. Ninguno de estos elementos básicos,
condiciones sine qua non para la explotación, fueron respetados en este caso.
Todos los intentos por detener el acuerdo se vieron frustrados por argumentos
espurios de poderosos grupos de presión, a pesar de los efectos devastadores
que tienen en la búsqueda de la tan necesaria solución pacífica al conflicto.
Las repetidas movilizaciones ocurridas en los campamentos de refugiados
saharauis y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para que el
acuerdo no fuese aprobado se ignoraron de forma descarada. Las apelaciones de
organizaciones regionales como la Unión Africana tampoco fueron escuchadas.
Permitir que el conflicto se propague
alimentando constantemente el sueño de Marruecos de un imperio quimérico ha
sido y sigue siendo un error fatal. El Magreb, en las puertas de Europa, es un
área vital para la prosperidad y la seguridad de la UE. Tanto el Magreb como
Europa están cosechando el resultado de 40 años de una estrategia inmoral y
jurídicamente incorrecta. Cuatro décadas de obstruir el proceso de
descolonización del Sáhara Occidental han llevado a la región a la deplorable
situación en que se encuentra hoy: recursos preciosos fueron desviados hacia
los esfuerzos de guerra y para sostener los aparatos de seguridad que requiere
la empresa colonial. Esto desangra a la economía de Marruecos de forma
innecesaria, sumiendo a millones de personas en la desesperación, provocando
una avalancha de miles de emigrantes sobre Europa y convirtiendo al flagelo del
terrorismo en parte del paisaje.
La integración y la cooperación regional,
tan necesarias en los asuntos políticos, económicos y de seguridad, es casi
inexistente. El miedo a las cambiantes fronteras marroquíes reforzó la
desconfianza entre vecinos y dificulta el abordaje de los problemas regionales.
Y sin embargo, la lógica continúa imperturbable. Marruecos, envalentonado por
la aprobación del último protocolo de acuerdo pesquero y por su impune
violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental,
no tiene razones para cambiar de rumbo. Por el contrario, en una carrera contra
el tiempo Marruecos está tratando de atraer empresas extranjeras, ofreciéndoles
lucrativos contratos por compartir el saqueo de los recursos saharauis, y sigue
sin tener contemplaciones a la hora de expulsar observadores internacionales de
las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, incluso a miembros del Parlamento de
la UE.
Pero lo que es aún más desconcertante e
incomprensible es el debate en curso en la UE sobre la posibilidad de
recompensar a Marruecos concediéndole una ayuda más generosa y un estatus
privilegiado. Esta vez, la gravedad de la situación regional exige que se
apliquen condicionalidades por el bien de la paz y la seguridad. Las lecciones
del pasado deben orientar la futura relación. A sabiendas o no, la UE está
agravando aún más la ya peligrosa situación que rodea la cuestión del Sahara
Occidental. Legiones de “asesores de imagen” y apologistas de la injusticia
continúan anunciando descaradamente una milagrosa repentina transformación de
Marruecos -que nunca llega- de un estado represivo y expansionista en un
idílico paraíso de la democracia y la tolerancia. Mientras tanto no ahorran
esfuerzos por demonizar sin descanso la causa saharaui. Es un movimiento astuto
para hacer más aceptable el generoso apoyo de la UE y exonerar a Marruecos
permitiéndole continuar impune por sus agresiones.
La historia europea reciente ha demostrado
que el respeto mutuo y la coexistencia pacífica son garantes de estabilidad y
progreso.
Ninguna forma de encubrimiento ni un
constante ocultamiento fantasmagórico pueden cambiar el carácter del conflicto.
Se trata simplemente de la lucha de un pequeño pueblo que desea vivir
libremente y en paz en la tierra de sus ancestros, en armonía con sus vecinos.
Pero Marruecos está esperando que la UE sea cómplice de sus crímenes.
Afortunadamente, no todo el cuadro es sombrío: voces en la UE están empezando a
aumentar la preocupación sobre la cuestión saharaui y a infundir la ética y la
moral en su manera de lidiar con el conflicto. Y como un rayo de esperanza los
inversores están desinvirtiendo, retirando su capital de aquellas empresas que
invierten de manera ilegal en el robo y saqueo de los recursos naturales
saharauis. Cada día son más los países de la UE, los parlamentos nacionales,
las ONGs y las organizaciones de derechos humanos que se expresan por la
rectificación de la actitud de la UE hacia este prolongado conflicto. No se
trata de castigar a Marruecos sino probablemente de salvarlo de sí mismo, de
restablecer la justicia y lograr la estabilidad y la seguridad tanto para la
región del Magreb y como para Europa. Una tarea de enormes proporciones pero
con un enfoque prometedor que merece ser estimulado para seguir avanzando.
