Exteriores responde al juzgado de la
Audiencia Nacional que investiga el 'caso Baby' que «no consta» que el país
vecino enviara informes
Han tenido que pasar cuatro años para que
el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno constate que las autoridades
marroquíes no han colaborado con su juzgado sobre los pormenores de la muerte
del ciudadano español Baby Hamday Buyema, ocurrida el 8 de noviembre del 2010
durante la represión de las protestas en el 'campamento de la Dignidad', a las
afueras de El Aaiún, Sáhara Occidental. La operación fue llevada a cabo por el
Cuerpo Especial de la Policía de Marruecos y hubo varios fallecidos y decenas
de heridos.
La confirmación ha llegado ahora al juzgado
de mano del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que asegura que en la
Dirección General para el Magreb «no consta la existencia de documentación que
las autoridades marroquíes hubiesen proporcionado relacionada con el caso de la
muerte de Baby Hamday Buyema», según el escrito firmado por la subdirectora
general del departamento, Eva Martínez.
Ello supone, por una parte, que el juez
tiene vía libre para continuar realizando diligencias para conocer quién o
quiénes atropellaron al ciudadano español, de 35 años, con dos hijos menores y
residente en Valencia, ya que de momento no ha imputado a nadie en el
procedimiento. Del otro lado, la comunicación de Asuntos Exteriores deja en mal
lugar al propio magistrado de la Audiencia Nacional. La razón es que su
argumento central para no admitir la querella presentada días después de la
muerte de Baby fue, precisamente, que la Fiscalía de El Aaiún ya había abierto
diligencias y no se podía duplicar las investigaciones.
No obstante, el tiempo ha acabado por dar
la razón a la familia del fallecido y a la Liga Española Pro Derechos Humanos,
acusación popular del caso, que recurrieron en varias ocasiones la negativa del
juez a investigar porque no se creían la versión marroquí. Así, la querella se
quedó en el congelador durante tres años y diez meses, demasiado tiempo para
indagar un presunto homicidio. Y no fue hasta finales de septiembre pasado
cuando al instructor no le quedó más remedio que admitirla después de que la
Sala de lo Penal, órgano superior, le conminara a ello.
También influyó la queja que las
acusaciones personadas presentaron en el Consejo General del Poder Judicial
contra Moreno por dilaciones indebidas y dejadez de funciones.
Antigua potencia
Con este panorama, el instructor abrió la
causa por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones,
torturas y secuestro. Contó para ello con el visto bueno de la Fiscalía, para
la que en los hechos objeto de la investigación es de aplicación el principio
de territorialidad. Es decir, que la jurisdicción española tiene competencia
sobre el Sáhara Occidental como antigua potencia administradora de este
territorio no autónomo bajo supervisión de la ONU, pese a que 'de facto' está
ocupado por Marruecos desde 1976.
La primera medida fue rechazar la
imputación de los querellados por falta de indicios. Se trataba de los
ministros marroquíes de Defensa, Interior y Exteriores y el Gobernador de El
Aaiún. Tampoco han sido acusados, de forma provisional, el jefe de Policía que
intervino en el 'campamento de la Dignidad' y los agentes que arrollaron con su
vehículo a Baby Hamday.
El pasado 14 de octubre declaró como
testigo Lammad Malud, hermano del fallecido. «Mi hermano no tenía relación con
el Frente Polisario (movimiento de liberación saharaui). No era activista
político ni ese día formaba parte de las protestas. Solo iba a trabajar en el
autobús de su empresa de fósforos y cuando se disponía a grabar los altercados
le embistió un coche de Policía. ¡Le mataron por ser saharaui!», afirmó al juez
Moreno, según el querellante.
