Los presos políticos
saharauis están sometidos a un juicio farsa en Rabat, capital marroquí. Hace
siete años, más de 20 saharauis atraviesan un proceso injusto y tendencioso,
según observadores internacionales como la portuguesa Isabel Lourenço. En
declaraciones a Cebrapaz, la observadora y el representante saharaui en Brasil,
Mohamed Zrug, hablan del proceso y de su encuadramiento en la lucha más amplia
del pueblo saharaui por la autodeterminación, en contra de la ocupación
marroquí.
Conocidos como los “presos
de Gdeim Izik”, 25 saharauis detenidos en 2010 durante un masivo campamento de
protesta pacífica en contra de la ocupación marroquí están sometidos a un
proceso controvertido. En febrero de 2013, fueron condenados por una corte
militar marroquí a penas severas que incluían la cadena perpetua, pero el
juicio fue anulado por la Corte Suprema, que decidió una revisión del mismo,
iniciada en diciembre de 2016.
En mayo de 2017, el nuevo
proceso, todavía no resuelto, ya pasa por su cuarta sesión de audiencias para
24 de los detenidos, mientras que el 25º sigue penalizado con cadena perpetua.
Las “sesiones” se han aplazado a menudo, al igual que la autodeterminación del
pueblo saharaui.
La lucha de los presos va
mucho más allá del encarcelamiento arbitrario y de un juicio repleto de
inconsistencias para reafirmar la urgencia del compromiso con la
descolonización del Sahara Occidental y el fin de la ocupación marroquí. Con el
juicio, dice el diplomático del Frente Polisario (representante legítimo del
pueblo saharaui) en Brasil, Mohamed Zrug, Marruecos “quiere dejar claro que no
aceptará ningún tipo de derecho a la manifestación, ni que se cuestione la
ocupación. Llevar a los acusados, primero a un juicio militar, y después a un
tribunal de excepción, manifiesta la ira marroquí contra los saharauis. También
pone en evidencia la verdadera naturaleza del régimen marroquí y su
comportamiento colonial”.
Todo ello, continúa Zrug,
a pesar de los llamamientos del nuevo secretario general de la ONU António
Guterres y del Consejo de Seguridad, que recientemente aprobó la extensión de
la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental
(Minurso), establecida en 1991, con una resolución que enfatiza la importancia
de la reanudación del proceso diplomático estancado hace más de dos décadas.
“La reanudación del juicio contra los activistas políticos saharauis justo días
después de la decisión del Consejo de Seguridad es una fuerte señal de que
Marruecos no va en absoluto a ningún proceso político. Prefiere los hechos
consumados”.
Zrug denuncia la
negligencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presente en un
país donde se presenta “el simulacro de juicio contra pacifistas exhibidos de
forma racista y chovinista ante la opinión marroquí, como si fueran forasteros
en la plaza pública de una ciudad medieval”.
Por presión internacional
– explica Isabel Lourenço, acompañando el proceso de cerca – el juicio
conducido en la Corte Militar fue anulado. De ahí el “intento de mejorar la
imagen, y no propiamente el modus operandi, debido a la ley que impide los
juicios militares de civiles”. Sin embargo, una muestra de la farsa – continúa
la observadora, destacando que la defensa es a menudo interrumpida – es el
menosprecio “a los principios más básicos para un juicio justo, siendo el
primero, sin duda, la presunción de inocencia.”
El Supremo Tribunal de
Justicia marroquí, en la decisión de anular el juicio militar de 2013, afirmó
que faltan evidencias de los crímenes de los que son acusados los activistas
saharauis, subraya Isabel, por lo que “el actual juicio carece de bases
jurídicas”. Además, continúa, “estamos ante una situación indefinida, ya que no
se sabe si es primera instancia o segunda instancia”, lo que pone en cuestión
la posibilidad de recurso.
“En todo el juicio ha
sido difícil entender lo que pasa porque el juez decidió que todo eso sería
aclarado al final del proceso. Por lo tanto, estamos en un limbo, pero el
juicio avanza,” denuncia Isabel, apuntando a un sistemático esfuerzo de
instigación nacional en contra de los acusados.
Según Mohamed Zrug, “la
maquinaria propagandística y de desinformación oficial estuvieron preparando el
terreno para las penas más duras y agitando ánimos de odio y venganza en las
gradas de la plaza pública. Es un mensaje al pueblo saharaui y, en la actual
coyuntura, también contra las protestas legítimas de los rifeños [bereberes del
noreste] en Marruecos. El que desafía al imperio del monarca feudal será
ejecutado”.
Isabel Lourenço observa,
por ejemplo, que los medios marroquíes se refieren a los acusados como
“asesinos” y “terroristas”, sin considerar la hipótesis de inocencia, y cuenta
el caso de una periodista despedida de una emisora por haberse referido al
Sahara Occidental con este nombre, en lugar de usar la terminología dictada por
el Reino marroquí, “provincias del sur”.
Observación y apoyo
internacional
Parlamentarios europeos y
de otras regiones, representantes diplomáticos y defensores de los derechos
humanos se han esforzado por acompañar el proceso presencialmente, pero
denuncian las maniobras de las autoridades marroquíes para dificultar la
observación, incluyendo el aplazamiento de las audiencias, la falta de
información y la persecución o tentativa de intimidación.
Todavía, dice Isabel
Lourenço, “es importante que los observadores internacionales participen, pues
estos son juicios políticos y hay que denunciar la situación y alertar a la
comunidad internacional,” y Mohamed Zrug considera que “la observación y
presión internacionales son la única forma existente hoy de que disponen el
pueblo saharaui y los presos políticos para ser liberados y para que sean
conocidos su drama y la injusticia.”
Isabel cuenta, por
ejemplo, que el juez presidiendo el juicio afirmó abiertamente su menosprecio
al derecho internacional, alegando la primacía de su propia interpretación. Por
ello, continúa, “también es muy importante la presencia de representantes de
las Embajadas en Marruecos, que es un socio y tiene proximidad a la Unión
Europea y se ha beneficiado con millones de euros para mejorar su sistema
jurídico y los derechos humanos en el país”.
“No existen pruebas ni
ninguna justificación para la detención, por siete años, de estos señores, y
mucho menos para las torturas a las que han sido sometidos de forma
sistemática” y que la observadora considera no ser conducidas con el “objetivo
de obtener informaciones, sino para la humillación constante.” Isabel menciona denuncia
además otros malos tratos como celdas superpobladas, la falta de higiene y la
violación de los derechos más básicos.
Los observadores han
emitido informes sobre sus actividades “para que la comunidad internacional
pueda evaluar lo que está pasando,” dice Isabel. Además, “la solidaridad
internacional es esencial para la denuncia de esta situación y para que se
pueda dar apoyo a los presos políticos saharauis ya los presos políticos en
general, sufren una discriminación constante, torturas y todo lo que se puede
imaginar”.
“En el caso de este grupo
de presos la situación es realmente preocupante, la ley no parece estar siendo
mínimamente respetada”, continúa. “Creemos que probablemente las penas serán
tan duras como las ya establecidas [por la Corte Militar], de los 20 años a la
cadena perpetua. Este es un juicio político en el que los acusados son
juzgados por su posición política y su actividad pacífica, no violenta, en pro
de la autodeterminación del Sahara Occidental. Por eso es esencial que la
comunidad internacional, los movimientos de solidaridad internacional, los
sindicatos, los partidos emitan su opinión y así presionen a Marruecos a
cambiar su actitud y liberar a los presos políticos saharauis.”
Solidaridad en la lucha
por la descolonización
El aplazamiento de la
descolonización del Sahara Occidental desde la retirada controvertida de la
potencia colonial, España, en 1976, es enfatizado por los observadores,
representantes saharauis y movimientos internacionales como el contexto que
permite los abusos por parte de la potencia ocupante y administradora,
Marruecos.
Por ello, la denuncia de
la espera de los saharauis por la autodeterminación, sometidos a más de 130
años de colonización y 42 de ocupación, víctimas de la negligencia
internacional y de la complicidad de poderosos aliados del reino marroquí, como
la Unión Europea — en particular, Francia — beneficiaria de recursos
energéticos y naturales robados del pueblo saharaui por Marruecos, y Arabia
Saudita, gran financiadora del aparato represor marroquí. Sin embargo, la
resistencia saharaui es reforzada.
Según Isabel Lourenço,
“durante el juicio, las familias de los presos, amigos y estudiantes saharauis
se han desplazado por más de 1.200 kilómetros hasta Rabat para manifestarse
ante el tribunal y demostrar su solidaridad a estos activistas acusados y
encarcelados. Es sin duda un esfuerzo enorme, ya que, además de la distancia,
exige un esfuerzo económico que la mayoría no puede hacer, ya que viven bajo un
apartheid social, político y económico y bajo condiciones extremadamente
difíciles en los territorios ocupados”.
De ahí el refuerzo al
llamamiento por el apoyo internacional. Mohamed Zrug afirma: “para un pueblo
sometido a un régimen colonial y que optó por el camino de la resistencia
pacífica como forma de alcanzar sus legítimos derechos a la autodeterminación
ya la independencia, la solidaridad internacional viene a sustituir a las armas
y los cañones. Debe tener la fuerza suficiente para proteger al pueblo saharaui
de esos crímenes y acompañar moral y políticamente su lucha.”
*Moara Crivelente es
politóloga, periodista y directora de Comunicación del Centro Brasileño de
Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz (Cebrapaz)
