Hace un año, veinte mil saharauis acampaban en las afueras de Aaiún, para reclamar sus derechos. Una protesta pacífica, un ejemplo de democracia, de lucha no violenta, de dignidad, un grito de libertad. El desmantelamiento por la fuerza de Gdeim Izik todavía no ha sido condenado por el Gobierno español, tampoco las detenciones arbitrarias, las torturas y los juicios sumarísimos que le siguieron.
El violento desalojo, llevado a cabo por las fuerzas marroquíes del campamento de Gdeim Izik, con una cifra indeterminada de muertos, heridos y detenidos, de los cuales 25 presos serán procesados por cortes marciales, generó un debate acerca de la responsabilidad de España sobre un territorio que fue primero colonia y después provincia suya hasta 1976. A pesar de las declaraciones realizadas por algunos miembros del Gobierno español, evadiendo esta responsabilidad, la legislación internacional es clara sobre este extremo. Hans Corell, jefe del Departamento Jurídico de NN.UU., dictaminó en su informe publicado en el 2002 que "...los Acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sahara Occidental, ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir de manera unilateral".
Gdeim Izik sacó a la superficie lo que Marruecos venia ocultando al mundo, el hecho de una población civil saharaui oprimida en su propio país en violación de resoluciones y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Hoy, 36 años después, las tropas marroquíes siguen usurpando un territorio con el propósito de implicar algún día a la Comunidad internacional en la legitimación de los frutos de un hecho consumado que la propia ONU catalogó en la resolución 3437(1979) de la Asamblea general de "ocupación militar".
Gdeim Izik fue una manifestación contundente del rechazo saharaui a dicho hecho consumado, que dejó sus huellas en la dinámica que llevaría mas tarde a los pueblos del Norte de África y del Medio Oriente a iniciar el proceso de lo que vino en llamarse "primavera árabe".
España, tras la consolidación democrática, no puede seguir dando la espalda a las obligaciones de Estado que había asumido en calidad de Potencia administradora del Sahara Occidental. El haber cedido al chantaje que supuso la "Marcha Verde", no elimina su responsabilidad en la actual situación. Nuestro País, sigue siendo responsable política y legalmente del Sahara Occidental como Territorio No Autónomo, mientras las Naciones Unidas no decreten que el proceso descolonizador del Sahara Occidental ha concluido de manera satisfactoria y válida.
Hace exactamente 20 años se firmó el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Al pueblo saharaui se le prometió un referéndum de autodeterminación que jamás se ha llevado a cabo.
El conflicto del Sahara occidental sigue esperando pues por una solución justa y duradera. La que ofrece Marruecos carece de ambas cosas, lo que conlleva a una prolongación no solo del sufrimiento de un pueblo inocente sino también a una degradación de la seguridad regional , factor que permite a redes criminales actuar con notable grado de impunidad.
Es en este contexto que ha sido posible el secuestro de nuestros amigos Ainhoa Fernández Rincón, Rosella Urru y Enric Gonyalons. Haya sido Al Qaida o otra banda de mercenarios al servicio de intereses indudablemente beneficiados por esta tragedia, esta acción terrorista pretende sembrar la duda sobre la viabilidad y pertinencia de la solidaridad humanitaria con la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf.
Si este es el mensaje implícito, nuestra respuesta es inequívoca. Vamos a continuar, ahora más que nunca, con nuestra labor de ayuda y cooperación con nuestros hermanos saharauis. Más de 200.000 personas hemos viajado a los campamentos en estos largos años de exilio, y hemos convivido con ellos en unas condiciones muy difíciles, construyendo escuelas, huertos y hospitales...llamando la atención al mundo sobre su injusta situación, y no haremos el juego a los que quieren separarnos o atemorizarnos.
Por todo ello, el Gobierno español, el nuevo Gobierno que salga de las urnas después del 20 N, debe hacer suyo un clamor social y político mayoritario en nuestra sociedad, y hacer frente a su responsabilidad histórica y a la indiscutible deuda moral contraída con el Pueblo saharaui, impulsando un referéndum que le posibilite ejercer su derecho a la libre determinación.
Nosotros no descansaremos hasta que se haga justicia y este pueblo amigo pueda vivir en paz en su tierra, unidas las familias, sin muros y minas que se lo impidan
José Taboada Valdés
Presidente de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con el Sahara (CEAS)
