El profesor de la Universidad de Sevilla y
activista por los derechos humanos, Pablo Gutiérrez, propone en Lanzarote una
negociación por los derechos del banco de pesca con países que reconozcan la
república saharaui
*Fuente: Diario de Lanzarote. Saúl García. 09/12/2018
- Foto: Manolo de la Hoz.
Pablo Gutiérrez es abogado y profesor de
Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla. Formó una ONG que se llama
'La Clínica de los derechos humanos', gracias a la cual sus alumnos pueden
analizar y participar en casos reales sobre derechos humanos en los que, a su
vez, él mismo lleva la representación legal.
Entre otros casos, llevó la defensa de los
bomberos acusados de tráfico de personas en Lesbos, que fueron liberados sin
cargos. También ha asistido como observador internacional a las elecciones en
Rusia o al proceso de Gdeim Izik contra activistas saharauis y ha seguido el
caso del barco Cherry Blossoim, confiscado con un cargamento de fosfato
marroquí en Sudáfrica.
Gutiérrez estuvo en Lanzarote, invitado por
la Asociación canaria en solidaridad con el pueblo saharaui y ofreció una
conferencia en la Escuela de Pesca, junto a Hmad Hammad, activista saharaui
vicepresidente de la ONG Codapso. Gutiérez hizo un repaso a la historia de la
firma, en el Palacio de la Zarzuela, de los acuerdos tripartitos en 1975 entre
España, Marruecos y Mauritania, negociado por el secretario general del
Movimiento.
Señaló que ese acuerdo es inaceptable
para el Derecho Internacional porque “nadie puede dar lo que no tiene”. El
acuerdo tenía dos anexos, sobre los fosfatos y sobre la pesca. Según
Gutiérrez, España “no podía dar lo que tenía” porque la administración
fiduciaria estaba en manos del Consejo de Seguridad de la ONU y por tanto el
acuerdo debería ser nulo “porque tiene por objeto un imposible”.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas validó el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, con
el peregrino argumento de que nunca se había pescado en el banco sahariano.
Marruecos comenzó a negociar otro tratado que está casi cerrado, aunque falta
que lo aprueben el Consejo Europeo y el Parlamento. La sentencia decía que el
acuerdo debe contar con el consentimiento de la población local y por eso se
han iniciado una serie de reuniones a las que, por otra parte, no se ha
invitado al Frente Polisario, pero sí se ha invitado a otras organizaciones de
los territorios ocupados.
Hammad, que relató las torturas que ha
sufrido durante años y cómo fue entregado a los servicios secretos de
Marruecos por la embajada española, asistió como vicepresidente de Codapso a
alguna de esas reuniones en las que no hay ni agenda ni documentos y se invita
a organizaciones de colonos. Señaló que aclararon que su representante es el
Frente Polisario.
Gutiérrez apuntó que la Comisión Europea
se ha esforzado por contentar a organizaciones saharauis pero no al Polisario y
que ya se está pensando en recurrirlo ante los tribunales europeos. Respecto
al acuerdo de pesca, el abogado señaló una posible vía de acción, diferente
a la estrategia seguida hasta ahora, que consistiría en que la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) tomara la iniciativa y negociara con alguno
de los ochenta estados que la reconocen los derechos futuros sobre la pesca en
sus aguas adyacentes, en el banco sahariano.
“Japón está loco por venir”, aseguró.
“Se trataría de decirle al mercado: somos su próxima oportunidad de negocio”,
de vender no los derechos de 2019 sino los derechos de dentro de veinte años,
“ya que el pueblo saharaui tiene el derecho sobre esas aguas”. Gutiérrez
señaló que “Marruecos no tiene derecho a meter en el mercado productos del
Sáhara”.
Cuatro líneas de actuación
La Asociación canaria en solidaridad con
el pueblo saharaui se ha propuesto para el próximo año cuatro líneas de
actuación, según explicó en el acto Juan Antonio de la Hoz, uno de los
coordinadores. Por un lado, la asociación continuará con la reivindicación
histórica de la celebración del referéndum para la autodeterminación del
Sáhara occidental.
Otra de las líneas es la creación de una
unidad didáctica sobre el problema del Sáhara para los centros educativos,
otra el envío de ayuda humanitaria y el destino de 18.000 euros para becar a
estudiantes de los campamentos que tengan que salir a estudiar a la
Universidad, así como el programa Vacaciones en paz, de acogida de niños y
niñas saharauis.
Finalmente, se estudiará la posibilidad de
emprender acciones legales para evitar el expolio de recursos del Sáhara, como
el transporte de arena a Canarias. Por otro lado, también se prepara un nuevo
viaje para visitar los campamentos ocupados en 2019.
