Las reacciones a las duras condenas contra
los saharauis de Gdeim Izik han sido contundentes: ausencia de pruebas,
declaraciones obtenidas bajo tortura y un tribunal marroquí sin jurisdicción
para juzgar hechos ocurridos en un territorio pendiente de descolonización, el
Sáhara Occidental; una pantomima, un juicio farsa, y piden al Gobierno de
España que se pronuncie.
La mayoría de los partidos políticos
españoles han coincidido en rechazar la sentencia del Tribunal de Apelación de
Salé -ocho cadenas perpetuas, tres de treinta años de cárcel, cinco de
veinticinco, tres de veinte y otras cuatro de seis años y medio a dos-,
similares a las que en 2013 impuso un tribunal militar de Rabat por los hechos
ocurridos durante el desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes
del campamento que 20.000 saharauis levantaron para pedir mejoras sociales en
octubre de 2010, a 15 kilómetros de El Aaiún, en el que según Marruecos
murieron 11 agentes. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación.
En las reacciones españolas ha habido una
ausencia significativa, el Partido Popular, a la que hay que sumar la del que
siempre calla si se trata del Sáhara Occidental y Marruecos: el Gobierno de
Mariano Rajoy.
Diputados de Podemos, IU, En Comú Podem, En
Marea, Equo, ERC, Compromís y Bildu firmaron una declaración pidiendo la
nulidad del juicio, que el Ejecutivo intente que Marruecos indulte a los
condenados y que la ONU investigue si los condenados sufrieron torturas o malos
tratos; los diputados del PP, PSOE y Ciudadanos se abstuvieron al considerar
que el intergrupo para el Sáhara no tiene capacidad reglamentaria para hacer
declaraciones, ya que los diputados miembros no pueden vincular a sus respectivos
grupos y que si querían aprobar una posición política debían proponer una
declaración institucional o una proposición no de ley.
El PSOE dijo que antes de emitir su
posición política tenía que hablar con los observadores internacionales, precisamente
los que no mandó al juicio como hicieron otras formaciones políticas, y
Ciudadanos alegó que preparaba preguntas parlamentarias.
Un día después de la declaración del
intergrupo, PSOE y Ciudadanos denunciaron irregularidades y falta de garantías
en el juicio y que, citando a los observadores internacionales, no quedó
acreditada la autoría material de las 11 muertes de agentes marroquíes, así
como que hubo obstáculos para el ejercicio de las defensas y que se admitieron
confesiones obtenidas bajo tortura.
Quien tampoco envió observadores fue el
Gobierno de España, a pesar de que se lo pidió al ministro de Asuntos
Exteriores, Alfonso Dastis, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo
Díez-Hochleitner, la responsable federal de Relaciones Internacionales y
portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que puso como ejemplo a
Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza, que enviaron
representantes de sus embajadas en Rabat.
La eurodiputada escribió al ministro de AAEE que “los delitos
de los que se acusa a los detenidos son más que cuestionables, no habiéndose
presentado ninguna prueba o, ni tan siquiera, los certificados de defunción de
los miembros de las fuerzas ocupantes supuestamente asesinados, a lo que se
suma que las autoridades judiciales se han negado a un peritaje de las
supuestas pruebas presentadas”.
Una vez conocida la sentencia, Marina
Albiol recriminó al Gobierno no haber atendido su petición y denunció “la
complicidad política del Gobierno de Mariano Rajoy con las autoridades del
Reino de Marruecos”, que con esta acción “ejemplarizante y disuasoria” continúa
“con la represión a todo el movimiento saharaui democrático”.
A pesar de las peticiones de los partidos
para que el Gobierno intente que Marruecos indulte a los condenados, el
Ejecutivo no se ha pronunciado sobre las fuertes condenas a los saharauis de
Gdeim Izik, que han estado casi siete años presos sin sentencia firme.
Periodistas que no preguntan
En la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros del 21 de julio el ministro de Educación, Cultura y Deporte y
portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, habló de Cataluña, de becas, de
ayudas para la amortización de largometrajes… y en su balance de la actualidad
semanal se refirió a las visitas del Presidente del Gobierno a las tropas
españolas desplegadas en Estonia y Letonia, pero no dijo ni palabra sobre la
sentencia contra los 23 presos políticos saharauis.
Los periodistas presentes en la rueda de
prensa tampoco preguntaron. ¿Hablará Mariano Rajoy de la sentencia en la
próxima rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la última antes de
las vacaciones, en la que tiene previsto comparecer? ¿Volverán a pasar del caso
los periodistas acreditados en Moncloa?
Quien ha hecho una serie de preguntas al
Gobierno para que se pronuncie sobre el juicio y la sentencia ha sido la
senadora de Podemos María Vanessa Angustia. Afirma que en el desmantelamiento
del campamento de Gdeim Izik fueron asesinados cinco saharauis y que ante la
acusación de la ONU a Marruecos de haber violado varios artículos de la
Convención de Ginebra en este proceso judicial, el Gobierno español ha guardado
un “silencio cómplice”.
Señala que Marruecos ha puesto trabas a las
organizaciones internacionales que querían estar presentes en la vista, y
destaca el caso del juez español Jesús Martín, deportado a su llegada al
aeropuerto de Rabat; pide al Ejecutivo que aclare si va a solicitar a Marruecos
el indulto para los activistas condenados, como ha hecho un grupo de
parlamentarios marroquíes del partido
Justicia y Desarrollo (PJD),
Por su parte, Fernando Maura, de
Ciudadanos, ha preguntado al Gobierno qué gestiones ha hecho ante Marruecos
para que cumpla la legalidad internacional con estos presos saharauis
condenados y encarcelados en Marruecos, “lo que supone una vulneración de los
derechos humanos fundamentales”.
También se han pronunciado, entre otros, el
Consejo General de la Abogacía Española, (“desprecio hacia las reiteradas
denuncias de torturas”), la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en
España (“la Comunidad Internacional debe
imponer la aplicación del Derecho Internacional”), la Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (condena “infame” y “juicio ilegal” por
un “tribunal marroquí parcial y dependiente”), y el Consejo de la Juventud de
España (sentencia “vergonzosa e infame”).
La directora de Investigación de “AI”, para
el Norte de África, Heba Morayef, organización que con Human Rights Watch (HWR)
pidió a las autoridades judiciales marroquíes que las sentencias no se dictasen
por confesiones obtenidas mediante la tortura o malos tratos policiales, dijo
una vez conocido el fallo judicial que si el tribunal hubiera querido darles un
juicio justo “habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de
tortura o excluido las pruebas cuestionables en las vistas” y que el hecho de
que “durante más de seis años las autoridades judiciales no hayan investigado
de manera adecuada las denuncias de tortura en esta causa empaña la sentencia”.
