DICIEMBRE SAHARAUI: Expulsión de dos
turistas vascas de El Aaiún y, una vez más, silencio del Ministerio de Asuntos
Exteriores
El año en que Podemos acusó al ministro
Josep Borrell de hacer lobby a favor de Marruecos
Alfonso Lafarga.-
La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez se
mostró como una nueva dinámica en la forma de hacer política y eso hizo pensar
al movimiento saharaui que el cambio podría llegar también a la posición
mantenida por España en el conflicto del Sáhara Occidental, el territorio que
no se descolonizó y entregó a Marruecos hace 43 años.
La delegada del Frente Polisario en España,
Jira Bulahi, se mostró esperanzada en que el Ejecutivo socialista abandonase
“la indiferencia de los anteriores gobiernos del PP y del PSOE con los derechos
de los saharauis” y que, defendiendo la legalidad internacional, se involucrase
en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, “con el que
tiene una responsabilidad moral y ética”.
“Esperamos que se subsanen errores no
rectificados, que son una injusticia hacia la población del Sáhara Occidental”,
pidió la represente del Polisario.
Sin embargo, siete meses después de tomar
posesión de su cargo los ministros de Sánchez, el 7 de junio de 2018, el
Gobierno socialista sigue el camino que marcó el Gobierno popular de Mariano
Rajoy: oficialmente se apoya una solución justa, duradera y mutuamente
aceptable que contemple la determinación del pueblo saharaui, pero en la
realidad se está al lado de Marruecos, hasta el punto de apoyar el nuevo
acuerdo de pesca de la Unión Europea, que contradice la sentencia del Tribunal
de Justicia Europeo que no reconoce derechos marroquíes sobre las aguas
saharauis.
Pedro Sánchez tardó casi cuatro meses en
hacer su primera declaración oficial sobre el Sáhara Occidental y lo hizo el 28
de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas escuetamente y en
los mismos términos utilizados habitualmente por la diplomacia española: “una
solución justa, duradera, mutuamente aceptable…”. Fueron 74 palabras al final
de un discurso de más de 4200.
Aliados de Marruecos
La segunda y última alusión de Sánchez al
tema saharaui se debió a la pregunta formulada por un periodista marroquí en el
viaje que hizo a Marruecos el 19 de noviembre. En una rueda de prensa junto al
presidente de Gobierno marroquí, Saadedín Al Othmani, Respondió que la posición
de España sobre el Sáhara Occidental es la misma desde hace unas cuantas
décadas: “una posición de Estado, no solamente de un Gobierno, en este caso del
Partido Socialista o anteriormente del Partido Popular”. Y eso fue todo, ni una referencia a la libre determinación del
pueblo saharaui como la hecha en la ONU. Eso sí, expresó un “absoluto
compromiso” en la reivindicación de muchas de las políticas marroquíes ante la
Unión Europea. “Nos tienen como aliados”, afirmó.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep
Borrell, se encargó cuatro meses antes, el 28 de julio, de dejar claro en un
viaje a Rabat que los socialistas iban a seguir el camino de anteriores
Gobiernos por ser “un tema de Estado”, visita en la que también estuvo el ministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Borrell fue más lejos que sus antecesores
en el cargo y el 4 de julio dijo en la Comisión de Exteriores del Congreso lo
que hasta entonces ningún otro había cuestionado: aseguró que España no es la
potencia administradora del Sáhara Occidental, lo que reiteró el 25 de octubre
en el Senado, en contra de lo que establece la ONU y reconoce la Audiencia
Nacional, como se encargó de recordarle Jira Bulahi, integrante del
Secretariado Nacional del Frente Polisario. En julio de 2014 el pleno de la
Sala de lo Penal de la AN, que presidia entonces el magistrado y ahora ministro
Grande-Marlaska, especifica que España, “de iure, aunque no de facto, sigue
siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que
finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en
los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.
Represión de una manifestación saharaui
Las significativas intervenciones del
ministro Borrell no se quedaron aquí. El 11 de noviembre, con motivo del 70
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, intervino en
Madrid en un acto junto a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y habló de los casos de genocidio en Ruanda,
Camboya, Yugoslavia y Myanmar. Ni palabra del genocidio saharaui, por el que
desde 2015 se encuentran procesados en la Audiencia Nacional once altos cargos
militares y policiales marroquíes y un funcionario de prisiones.
Borrell también publicó en esas fechas un
artículo en El País en el que señaló que “la promoción y protección de los
Derechos Humanos están en la base de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra
concepción social” a pesar de lo cual su departamento no se pronuncia sobre las
violaciones de DDHH que se producen en el Sáhara Occidental ocupado por
Marruecos, que repetidamente han denunciado Amnistía Internacional (AI), Human
Rights Watch (HRW) o el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los
Derechos Humanos (RFKC), entre otras organizaciones.
PSOE y PP juntos contra un acto por el
Sáhara Occidental
En línea con la política de no molestar a
Marruecos, el departamento de Borrell desaconsejó celebrar en el Congreso de
los Diputados una reunión de parlamentarios nacionales, autonómicos e
internacionales sobre el Sáhara Occidental, acto que finalmente impidieron con
sus votos el PSOE y el PP. La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta
Barba, dijo que era “algo altamente grave” que “no había sucedido hasta ahora
en ningún otro Parlamento de España”, y consideró que tal decisión vulnera el
principio de separación de poderes.
Quien aún llegó más lejos fue la
eurodiputada socialista Inés Ballester
al referirse el 9 de octubre en el Parlamento Europeo al Sáhara
Occidental como las “provincias del Sur”, “dando a entender que forma parte de
Marruecos” con una “expresión denostada por las propias Naciones Unidas pues
ningún país del mundo reconoce la marroquinidad del Sáhara y que solo utilizan
los más férreos partidarios del régimen feudal marroquí”, según denunció la
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) .
En este contexto, el diputado de Unidos
Podemos Sergio Pascual acusó el 19 de noviembre en el Parlamento al ministro
Borrell de hacer lobby a favor de Marruecos, cuyo Gobierno da por hecho el
apoyo de España a sus tesis sobre el Sáhara Occidental y así lo dijo el
presidente Saadedín Al Othmani ante Pedro Sánchez en Rabat.
El 31 de diciembre de 2018 fueron
expulsadas dos turistas vascas de El Aaiún, sin que el Ministerio de Exteriores
se pronunciase al respecto, lo mismo que tampoco lo hizo cuando las autoridades
marroquíes impidieron el 30 de agosto la entrada de dos abogados aragoneses que
iban como observadores internacionales a un juicio contra un activista
saharaui. Estos casos forman parte de
las continuas violaciones de los Derechos Humanos en los territorios del Sáhara
Occidental ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población
saharaui y en las cárceles marroquíes con presos saharauis, según denuncian
organizaciones sociales y medios de información saharauis
