La pasada semana, activistas saharauis en
los Territorios Ocupados del Sahara Occidental remitieron a este periódico las
fotografías de una pareja de la Guardia Civil, de uniforme, paseando por las
calles de El Aaiún ocupado. Los agentes de la benemérita iban acompañados por
un oficial de la Gendarmería Real, según muestran las fotografías tomadas en la
calle Bucráa, del antiguo Barrio de Piedra.
Estas imágenes han tenido repercusión y un
gran impacto mediático en las redes sociales; no deja de ser llamativo el hecho
de que España, a pesar de su aparente neutralidad en el conflicto de
descolonización del Sahara Occidental y de su dejadez de funciones como
potencia administradora de este territorio, treinta y siete años después vuelva
a estar presente en las calles de la que un día fue la capital de su provincia
número 53.
Este hecho carecería de importancia en
circunstancias normales, pues es vox populi que las fuerzas de seguridad y del
orden de los Estados marroquí y español colaboran para “garantizar” la
seguridad internacional; sin embargo, tratándose de la última colonia española,
adquiere gran relevancia, pues es un gesto que indica como la política oficial
del Estado español está tomando un rumbo descaradamente contrario a la
legalidad internacional.
Desde la Marcha Verde, Marruecos se ha
negado a la presencia de fuerzas españolas en la zona, ni siquiera la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) cuenta con
personal española, pese a ser España el país que más dinero aporta a esta
misión.
Averiguaciones llevadas a cabo por
espacioseuropeos, revelan la existencia de varios convenios de colaboración
bilateral entre España y Marruecos en materia de seguridad e inmigración. El
último de ellos (publicado en el BOE de 15 de mayo de 2012), sobre cooperación
policial transfronteriza, que autoriza la creación de Centros de Cooperación
Policial (CCP) en Tarifa y Tánger. Los agentes destinados en estas Comisarías
conjuntas tienen las siguientes funciones según el Art. 5: a): la recogida e
intercambio de información; b) la prevención y la coordinación de la lucha
contra el terrorismo; la criminalidad transfronteriza, en particular el crimen
organizado, la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el tráfico de
drogas y armas; c) la coordinación de medidas operativas conjuntas en los
ámbitos citados en el punto b) del mismo artículo.
Sin embargo, ningún convenio o tratado
puede ceder la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos, según indica el
informe de Naciones Unidas (Hans Corell, 2002), que confirma la ilegalidad de
los Acuerdos de Madrid (1975) por los que España pretendió ceder burdamente el
territorio saharaui a Marruecos y Mauritania. Hay que tener en cuenta que el
derecho de autodeterminación legalmente reconocido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas no prescribe ni se extingue, si no es con la voluntad del
Pueblo Saharaui.
En conclusión, España vuelve a pasear por
las calles saharauis, mostrando así complicidad con su aliado marroquí y
reconociendo la pretendida soberanía alauita sobre un territorio que, a la luz
del Derecho Internacional, sigue siendo español, que se encuentra a la espera
de un referéndum de autodeterminación.
