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domingo, 24 de mayo de 2015

La Audiencia Nacional procesa a un militar marroquí por delitos de genocidio en el Sahara

José de la Mata; EFE
José de la Mata ha procesado a Lehsan Chaf Yeudan, carcelero del cuartel de Smara, en el Sahara Occidental, por haber torturado en 1977 a un preso saharaui al que ataron, golpearon y aplicaron descargas eléctricasdurante su reclusión
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ha procesado a Lehsan Chaf Yeudan, carcelero del cuartel de Smara, en el Sahara Occidental, por haber torturado en 1977 a un preso saharaui al que ataron, golpearon y aplicaron descargas eléctricas durante su reclusión.
En un auto, el juez De la Mata, que ha sustituido a Pablo Ruz en la instrucción de esta causa, procesa al funcionario por un delito de genocidio cometido mediante tortura, y lo hace a petición de una acusación, que recurrió la decisión de Ruz de no procesarle por estar prescrito el delito.
Sin embargo, De la Mata considera, al igual que la Fiscalía, que el delito no ha prescrito, porque las torturas que supuestamente realizó a Brahim Mohamed Salem Omar en el cuartel no fueron «una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida» contra los saharauis, sino que se desarrolló «dentro del plan de destrucción física de los saharauis, acometido por militares y policías en el cuartel».
El procesado era, abunda el juez, «plenamente consciente» de que sus acciones se enmarcaban en este plan genocida y por ello las torturas formaron «parte inseparable del delito de genocidio que se cometió desde 1975 a 1991» para acabar con los saharauis.
Por tanto, cree que el delito que se imputa a Yeudan no está prescrito al no haber pasado más de 20 años desde 1991 hasta 2006, cuando se interpuso la querella por el genocidio en el Sahara.
«Destruir a los saharauis»
«Concurren elementos indiciarios suficientes para poder afirmar que Lehsan Chaf Yeudan conoció y, lo que es más relevante y diferencial, participó directa y personalmente, con hechos constitutivos de torturas, del plan global diseñado e implementado sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis», afirma el juez.
El hombre supuestamente torturado por Yeudan estuvo preso en el cuartel de Smara dos meses y 13 días, tiempo en que compartió cautiverio con otros 72 saharauis y presenció cómo quemaron vivo a un preso y cómo una mujer dio a luz en la cárcel, tras lo que al recién nacido le cortaron los dedos y se los pusieron luego en su comida.
Ruz ya procesó el pasado abril a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.
19 víctimas directas
El juez apoyó su procesamiento en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas».
Hace algo más de un año, a raíz de la reforma de la ley de justicia universal, Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados en los años 70 y 80 el Sahara Occidental era territorio español.
Para siete de los once procesados, el juez acordó la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición «al no constar el paradero de los mismos».
Dejó fuera a otros ocho querellados ante la falta de pruebas, sin perjuicio de que posteriormente se pudiera ampliar también a ello el procesamiento «si aparecieran nuevas pruebas»

sábado, 23 de mayo de 2015

El sucesor de Ruz apuntala la investigación del genocidio en el Sáhara con una nueva imputación: uno de los torturadores de Smara, Lehsan Chaf Yeudan

La identificación de ocho saharauis desaparecidos por la represión marroquí fue clave en el auto del juez Ruz. / Foto: Sociedad de Ciencias Aranzadi-
EFE – Madrid. 22/05/2015 (El Diario.es)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a Lehsan Chaf Yeudan, carcelero del cuartel de Smara, en el Sahara Occidental, por haber torturado en 1977 a un preso saharaui al que ataron, golpearon y aplicaron descargas eléctricas durante su reclusión.
En un auto, el juez De la Mata, que ha sustituido a Pablo Ruz en la instrucción de esta causa, procesa al funcionario por un delito de genocidio cometido mediante tortura, y lo hace a petición de una acusación, que recurrió la decisión de Ruz de no procesarle por estar prescrito el delito.
Sin embargo, De la Mata considera, al igual que la Fiscalía, que el delito no ha prescrito, porque las torturas que supuestamente realizó a Brahim Mohamed Salem Omar en el cuartel no fueron "una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida" contra los saharauis, sino que se desarrolló "dentro del plan de destrucción física de los saharauis, acometido por militares y policías en el cuartel".
El procesado era, abunda el juez, "plenamente consciente" de que sus acciones se enmarcaban en este plan genocida y por ello las torturas formaron "parte inseparable del delito de genocidio que se cometió desde 1975 a 1991" para acabar con los saharauis.
Por tanto, cree que el delito que se imputa a Yeudan no está prescrito al no haber pasado más de 20 años desde 1991 hasta 2006, cuando se interpuso la querella por el genocidio en el Sahara.
"Concurren elementos indiciarios suficientes para poder afirmar que Lehsan Chaf Yeudan conoció y, lo que es más relevante y diferencial, participó directa y personalmente, con hechos constitutivos de torturas, del plan global diseñado e implementado sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis", afirma el juez.
El hombre supuestamente torturado por Yeudan estuvo preso en el cuartel de Smara dos meses y 13 días, tiempo en que compartió cautiverio con otros 72 saharauis y presenció cómo quemaron vivo a un preso y cómo una mujer dio a luz en la cárcel, tras lo que al recién nacido le cortaron los dedos y se los pusieron luego en su comida.
Ruz ya procesó el pasado abril a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.
El juez apoyó su procesamiento en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten "corroborar la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".
Hace algo más de un año, a raíz de la reforma de la ley de justicia universal, Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados en los años 70 y 80 el Sahara Occidental era territorio español.
Para siete de los once procesados, el juez acordó la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición "al no constar el paradero de los mismos".
Dejó fuera a otros ocho querellados ante la falta de pruebas, sin perjuicio de que posteriormente se pudiera ampliar también a ello el procesamiento "si aparecieran nuevas pruebas".
Imputa un delito de genocidio a un oficial porque aunque no diera órdenes participó presuntamente en las torturas descritas por las víctimas
El juez de la Mata considera la actuación marroquí en el Sáhara como "un proceso de destrucción biológica del grupo étnico saharaui"
EL DIARIO.ES Pedro Águeda  22/05/2015 
La decisión de Pablo Ruz de imputar a once oficiales y altos cargos de Marruecos por el genocidio cometido en el Sáhara se ha visto apuntalada por la decisión de su sustituto, José de la Mata, de ampliar a un militar más la nómina de acusados. En un auto hecho público este viernes, De la Mata acepta el recurso presentado por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis en contra de la negativa de Ruz de imputar a Lehsan Chaf Yeudan, un oficial que participó presuntamente en las torturas al joven Brahim Mohamed Salem Omar.
El juez De la Mata considera que, por mucho que Lehsan Chaf Yeudan fuera un mero oficial del Ejército marroquí, su participación en los malos tratos "no fue una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida, llevada a cabo por una persona independiente, en solitario y por su cuenta y riesgo". En el caso de no haber participado en el genocidio, los malos tratos presuntamente infringidos por el imputado habrían prescrito. Sin embargo, el juez considera que su participación "se desarrolló temporal, objetiva, subjetiva y geográficamente dentro del plan de destrucción física de los saharauis acometido por militares y policías marroquíes, y en el cuartel de Smara, uno de los centros de represión cometida durante esos años".
Brahim Mohamed Salem Omar tenía 22 años cuando fue detenido y conducido al cuartel de Smara. En el primer auto de imputación, Ruz recuperaba su testimonio, en el que identificaba a tres de sus presuntos maltratadores: el coronel Lamarti, el teniente de la Gendarmería Real Muley Ahmed Albourkadi y el funcionario Lehsan Chaf Yeudan. "El coronel ordenó que le ataran las extremidades del cuerpo con cuerdas y se las separaran, aplicándole este sistema de tortura. También le aplicaron descargas eléctricas en mejillas y lengua y fue sometido a golpes con cuerdas en una celda", recogía la resolución de Ruz.
"Existen elementos que permiten considerar todos los hechos cometidos contra los saharauis durante 1975 a 1991 como una unidad, de la que formó parte inseparable, subjetiva, objetiva, teporal, y geográficamente, el hecho concreto imputado a Lehsan Chaf Yeudan", concluye el juez De la Mata. Eso no significa, añade el juez, que deban imputársele todos los hechos cometidos dentro de ese genocidio, "sino únicamente aquellos en los que tuvo participación personal relevante, lo que sí ocurrió en los hechos que sucedieron en el cuartel-prisión de Smara en enero de 1977".
De la Mata considera los hechos investigados "un proceso de destrucción biológica del grupo étnico saharaui acometido por militares y policías marroquíes, con conocimiento previo y concreto de su existencia, así como de estar contribuyendo con su conducta a la ejecución de dicho plan".

domingo, 26 de octubre de 2014

Jornada de sensibilización Repercusiones de la Reforma de la Ley de Justicia Universal y la Situación del Sahara Occidental. Universidad de Alicante

Organiza: Asociación Dar Al Karama de Alicante.
Colabora: Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante.
Título: La Justicia Universal y la Situación del Sahara Occidental.
De 17.00 a 17.15 horas. Recepción de participantes y entrega de materiales.
De 17.15 a 17.30 horas. Inauguración de la Jornada.
De 17.30 a 19.00 horas. Comunicación - Debate: La situación actual del conflicto del Sahara Occidental. Repercusiones de la reforma de la ley de Justicia Universal.
A cargo de D. FELIPE BRIONES VIVES (Secretario General de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental -IAJUWS-).
De 19.00 a 19.30 horas. Pausa - Café.
De 19.30 a 21.00 horas. Comunicación: Vulneración de derechos humanos en el Sahara Occidental. Presentación del Informe El Oasis de la Memoria.
A cargo de D. CARLOS MARTIN BERISTAIN (Investigador del Instituto Universitario HEGOA -UPV/EHU-).
Clausura de la Jornada.

sábado, 27 de septiembre de 2014

El juez Moreno investiga la muerte de un español en el Sáhara Occidental

El magistrado admite las querellas que guardaba desde 2010 tres días después de ser denunciado ante el Poder Judicial
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite las dos querellas presentadas por la «muerte violenta» del ciudadano español Baby Hamday Buyema el 8 de noviembre de 2010 durante la represión de las protestas en el 'campamento de la Dignidad', instalado a las afueras de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. La operación fue llevada a cabo por el Cuerpo Especial de la Policía de Marruecos y hubo varios fallecidos y decenas de heridos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos ha abierto la causa por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro, según el relato de ambas querellas formuladas por la familia del fallecido, como acusación particular, y la Liga Española Pro Derechos Humanos, acusación popular.
La admisión de las mismas ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, para la que los hechos objeto de la investigación es de aplicación del principio de territorialidad. Es decir, que la jurisdicción española tiene competencia sobre el Sáhara Occidental, al ser España la antigua potencia administradora de este territorio no autónomo bajo supervisión de la ONU. Aunque 'de facto' está ocupado por Marruecos desde 1976.
Lo paradójico de este sumario que ahora da sus primeros pasos es que el juez Moreno se ha negado desde noviembre de 2010 a admitir las querellas. Su argumento fue que antes era necesario preguntar si la justicia marroquí ya estaba investigando la «muerte violenta» de Hamday Buyema, de 35 años, de origen subsahariano y padre de dos hijos menores residentes en Valencia. Esto es, el magistrado no apreciaba el principio de territorialidad que ahora la Fiscalía y el pasado 4 de julio el pleno de la Sala de lo Penal, órgano superior del juez, sí veían.
Así, si para cualquier instrucción judicial de un supuesto asesinato los días y las semanas posteriores son trascendentales, en los sucesos de El Aaiún no ocurrió lo mismo.
Moreno congeló las demandas y la respuesta de Marruecos no llegaba. Dejó pasar el tiempo pese a la insistencia de la acusación popular para que actuara contra los supuestos autores de los disturbios y sus responsables políticos.
Una queja eficaz
Lo hicieron primero con múltiples recursos al juzgado de instrucción, y más tarde en apelación a la Sala de lo Penal. Pero nada. Era Moreno quien decidía y el juez mantuvo el caso en el cajón sin motivo aparente. Los recurrentes incluso llegaron al Tribunal Constitucional. Pero tampoco fueron atendidos.
Sin embargo, la reacción ha llegado tras la resolución primero de la sala del pasado julio y, sobre todo, con la queja que los querellantes presentaron el 16 de septiembre ante el Consejo General del Poder Judicial. Acusaban a Moreno de grave negligencia por desatención y retraso injustificado en estos años.
Tres días después, el juez abría la causa en un auto al que ha tenido acceso este periódico. La primera medida ha sido rechazar, «al menos de momento», la imputación de los querellados por falta de indicios. Se trata de los ministros marroquíes de Defensa, Interior y Exteriores y el Gobernador de El Aaiún. Tampoco han sido acusados, de forma provisional, el jefe de Policía que intervino en el 'campamento de la Dignidad' y los agentes que arrollaron con su vehículo a Baby Hamday. La primera diligencia del juez será escuchar al hermano de la víctima.

martes, 24 de junio de 2014

El asesinato de Baby Hamday será investigado por ser España administradora del derecho del Sáhara Occidental

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que continúe la investigación por el asesinato  del saharaui de nacionalidad española Baby Hamday Buyema, ocurrido en El Aaiún en noviembre de 2010, al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sáhara Occidental,  según las normas de Naciones Unidas.
En contra de archivar el caso se manifestó el fiscal Pedro Rubira, ya que considera que Marruecos no es competente para llevar a cabo la investigación por no haberse producido en territorio de su jurisdicción.
En la misma reunión de la Sala de lo Penal de la AN, y como consecuencia de la reforma legal hecha por el Partido Popular sobre la justicia universal, se ha acordado sobreseer la causa que se seguía contra dos ex presidentes y otros seis ex altos cargos del Gobierno chino por el presunto genocidio cometido en el Tíbet.
El asesinato de Baby Hamday Buyema, de 35 años, padre de dos hijos, un niño de cuatro años, Saad, y una niña de dos, Aya, ocurrió el mismo día que las fuerzas de seguridad y el ejército marroquí desmantelaron el campamento de Gdeim Izik, el campamento de la dignidad, en el que   20.000 saharauis se encontraban instalados en jaimas desde hacía tres semanas a las afueras de El Aaiún para reivindicar mejoras sociales y laborales.
Baby Hamday Buyema iba a su puesto de trabajo en FossBucraa, empresa en la que era ingeniero eléctrico desde hacía más de 12 años. Según el relato que hizo la familia, Baby viajaba en un autobús que fue interceptado por policías marroquíes del cuerpo especial GUS, creado exprofeso para actuar en el Sáhara Occidental.
Al ser el único ciudadano saharaui que se encontraba en el autobús, fue obligado a bajar y con extrema violencia fue atropellado brutalmente con uno de los furgones de la policía, que pasó varias veces por encima de su cuerpo. La ambulancia tardó cinco horas en llegar.
Después, ya por la tarde, los policías incendiaron un vehículo propiedad de Baby Hamday, un  Mercedes 190, matrícula de Alemania. A los pocos días fue enterrado de noche y en secreto por las autoridades marroquíes.
Su hermano Lammad Mulud Ali, que vive en España, presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra el ministro del Interior de Marruecos, el jefe del grupo especial GUS y varios policías, investigación que tramita el  Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular Ismael Moreno.

El caso del atropello mortal contra el saharaui Baby Hamdai Buyema sigue adelante a pesar de la reforma española de la justicia universal

*Fuente: EFE y 20 minutos, 23 de junio de 2014
Finalmente, los jueces de lo penal deciden no archivar la causa que lleva Ismael Moreno sobre la muerte de Baby Hamdai Bugema supuestamente atropellado por un furgón policial en el campamento de Gdeim Izik, en El Aaiun (Sahara Occidental) en noviembre de 2010.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto al archivo de este y otros casos que se siguen en este tribunal por hechos acontecidos en el Sahara Occidental, ya que cree que España es competente para investigarlos porque jurídicamente esta región es "un territorio no autónomo sometido a proceso de descolonización" y Marruecos no tiene la soberanía sobre él.
Según han informado fuentes jurídicas, los magistrados del pleno de la Sala de lo Penal del tribunal han aprobado continuar con la investigación de la muerte de Bay Hamdai Buyema, supuestamente atropellado por un furgón policial en un asentamiento en El Aaiun (Sahara Occidental), ya que España sigue siendo de derecho la administradora de este territorio.
El pleno ha acordado continuar la investigación abierta por el asesinato del ciudadano español Baby Hamday Buyema, que resultó muerto en el asalto en octubre de 2010 al 'Campamento de la dignidad' establecido cerca de El Aaiún. Por estos hechos, el hermano del fallecido presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país, entre ellos el exministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el exgobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmous. En este caso, la Sala de lo Penal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, se declara competente al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas. 

lunes, 26 de mayo de 2014

RASD: “España está obligada a juzgar a los responsables del genocidio saharaui”

(Alfonso Lafarga) “España, que no cumplió con su deber de descolonizar el Sáhara Occidental, tiene ahora la obligación de juzgar a las autoridades marroquíes responsables del genocidio del pueblo saharaui, que iniciaron al invadir la que todavía era colonia española el 31 de octubre de 1975”.
Quien así de contundente habla es Mohamed Luali Akeik, ministro saharaui de los Territorios Ocupados, que ha participado en Madrid en el I Congreso Jurisdicción Universal en el siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y en el que los grandes expertos internacionales han criticado con dureza  la nueva ley  de justicia universal del Gobierno del Partido Popular,  que limita las posibilidades de investigar en España  crímenes de lesa humanidad  y genocidios cometidos en otros países.
Entre las cusas que se siguen en la Audiencia Nacional afectadas por la nueva ley, cuya aplicación ha obligado a la excarcelación  de 43 narcotraficantes, se encuentra la que instruye Pablo Ruz contra altos mandos militares marroquíes por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas y que el juez ha decidido no cerrar por considerar que las víctimas eran ciudadanos españoles ya que habitaban en el Sáhara Occidental cuando todavía se consideraba provincia española.
Mohamed Luali Akeik dice que a los tribuales  españoles les compete juzgar a los responsables marroquíes por “las atrocidades cometidas contra la población civil saharaui”. En declaraciones a “elespiadigital.com” recuerda cómo durante la invasión del Sáhara Occidental “la aviación marroquí bombardeó con fosforo blanco  y napalm  a las familias que huían por el desierto paraescapar de la masacre que perpetraba el ejército, con fusilamientos extrajudiciales, enterramientos en vida en fosas comunes y pozos, lanzamiento de personas desde helicópteros, desapariciones forzadas e, incluso, eliminación del ganado”.
Cita  las dos fosas comunes  descubiertas en febrero de 2013 en la zona de  Amgala con los restos de ocho pastores beduinos, varios  de ellos con documentación española, asesinados el 12  de febrero de 1976 cuando España aun no había abandonado el Sáhara Occidental. “Hay muchas fosas como esas en todo el territorio”, asegura.
Afirma el ministro de los Territorios Ocupados que “la represión marroquí contra la población saharaui, con asesinatos, desapariciones, torturas y encarcelamientos, dura ya 39 años, 23 de ellos de alto el fuego esperando que se realice el referéndum de autodeterminación  acordado en la ONU, organismo que se muestra incapaz de llevarlo a cabo ante la negativa del régimen marroquí, que en su día aceptó la consulta popular para llegar al cese de una guerra que ya no podía mantener”.
Mientras tanto, dice, “a pesar del despliegue de la misión de Naciones Unidas (MINURSO) y la denuncia de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, Marruecos sigue reprimiendo a la población saharaui en los territorios que ocupa ilegalmente e impide la presencia de observadores  internacionales”.
Insiste el ministro saharaui en que “el del Sáhara  Occidental es un caso claro de jurisdicción universal, como se ha destacado en el congreso organizado por FIGAB,  para que no queden impunes  los gravísimos delitos cometidos por las fuerzas ocupantes marroquíes a lo largo de estos 39 años”.
“Por ello , concluye, el Gobierno español  tiene la responsabilidad de que se juzgue a estos criminales, que entraron en el Sáhara Occidental el 31 de octubre de 1975  con el propósito de acabar con la población saharaui y en los cuatro  primeros meses, hasta el 26 de febrero de 1976, actuaron estando España todavía en el territorio”.
Shirin Ebadi: los saharauis están encarcelados en su propia tierra
En la clausura del congreso  sobre Jurisdicción Universal la abogada iraní y premio Nobel de la Paz 2003 Shirin Ebadi, la primera mujer musulmana que recibió  este galardón, requirió a los asistentes a colaborar para hacer saber a la comunidad internacional la situación en que se encuentra el pueblo saharaui,  “uno de los puntos más dolorosos de la historia modera, están encarcelados en su propia tierra y no se oye su voz”.
Comparó su situación con la del pueblo palestino, pero con la diferencia de que “la historia de Palestina es conocida por todo el mundo, pero gran parte del mundo no conoce la historia del pueblo saharaui”.  “La comunidad internacional -señaló- debe conocer lo que pasa y eso es responsabilidad nuestra, debemos hacer algo y compensar el sufrimiento de este  pueblo”.
Tras esto se dirigió a la prensa y dijo: “Pido a los medios de comunicación que presenten atención a lo que ocurre en el Sáhara Occidental, cubran estas noticias”.
Sobre ley de jurisdicción universal habló con determinación: “No cierren los ojos, no debemos vender la justicia a cambio de los intereses económicos de un país. Espero que España dé marcha atrás y retome la senda de la jurisdicción universal que inició en los años 90 cuandodetuvo al dictador chileno Augusto Pinochet, uno de los días más felices de mi vida".
Ebadi, una de las primeras juezas de Irán y entre 1975 y 1979 presidenta de la Corte  de Teherán, ejercicio que se prohibió a las mujeres tras la Revolución Islámica,  abogó por cambiar la actual ley “para que se llegue a un día en que España vuelva a levantar la cabeza y diga: somos los pioneros una vez más de hacer justicia en el mundo”
El abogado y profesor de Derecho Penal Manuel Ollé Sese , experto en crímenes de lesa humanidad,  respondió en un coloquio a la pregunta hecha por escrito por una persona que decía ser de la embajada de Marruecos, referente a supuestas actuaciones irregulares del Frente Polisario en los campamentos de refugiados en Tinduf.
Ollé, vicepresidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España y letrado en el sumario sobre el Sáhara que se sigue en la Audiencia Nacional, pidió que “en Marruecos lean los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, que cooperen con la ayuda que se les está pidiendo en la causa que se tramita en España, como es el caso de las fosas de 1976, y que notifiquen las querellas”.
“Yo les pido –enfatizó- que dejen de maltratar a la población saharaui, que dejen de torturar. Estoy seguro que hoy han torturado a algún saharaui, que hoy les están violando sus derechos. Que dejen de maltratar a los niños y a las niñas, que les dejen expresarse  libremente y que, de una vez, se lean qué es el derecho a la libre autodeterminación”.
Ollé se preguntó por qué los tribunales marroquíes no enjuician los hechos que se siguen en la Audiencia Nacional, a lo que respondió: “Para tapar la impunidad, pero a los que sí enjuician en tribunales militares es a los defensores de Derechos Humanos. Preconstituyen pruebas, dictan sentencias a barbaridades de años y continúan con las detenciones y los secuestros. Le pido al representante de la embajada de Marruecos que respeten de una vez al pueblo saharaui”, respuesta que provocó un fuerte aplauso entre los asistentes.

sábado, 24 de mayo de 2014

La abogada iraní y premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, califica de injusta y dolorosa la situación del pueblo saharaui


*Fuente: CEAS Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo
Nota de Prensa. Madrid, 23 mayo 2014
La abogada iraní y premio Nobel de la Paz 2003, Shirin Ebadi,  expreso, que la injusta situación que vive el Pueblo Saharaui es uno de los casos más dolorosos en la actualidad, y ha pedido a la Comunidad Internacional que haga algo para acabar con esta injusta situación.
En su Conferencia de clausura en el primer Congreso sobre Jurisdicción Universal que se ha celebrado en Madrid entre los días 20 y 23 de mayo, Expresó: su especial preocupación por el destino del Pueblo saharaui, que es una de las situaciones más dolorosas de la historia moderna. Están encarcelados en su propia tierra, y no se oye su voz.
Añadió, que es un caso similar al palestino, con la diferencia de que lo que ocurre en Palestina es conocido por todo el mundo, pero gran parte del mundo no conoce la historia y la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui.
Pidió a todos hacer algo para que esto no siga ocurriendo, y apeló a la responsabilidad de todos para evitarlo, y en particular a los medios de comunicación, que presten mayor atención a lo que ocurre a este pueblo, que está encarcelado en su propia tierra.
También reclamó, que no cierren los ojos, no debemos vender la justicia a cambio de los intereses económicos de un país, ha dicho la abogada iraní que ha manifestado su esperanza en que España de marcha atrás y retome la senda de la jurisdicción universal que inició en los años 90 cuando detuvo al dictador chileno, Augusto Pinochet. "Uno de los días más felices de mi vida", ha reconocido.
Por ello, Ebadi ha abogado por cambiar la actual ley para que se llegue a un día en que España vuelva a levantar la cabeza y diga: somos los pioneros una vez más de hacer justicia en el mundo.

viernes, 14 de marzo de 2014

Piden "auxilio" para investigar en el Sahára Occidental

ARANZADI Y UPV/EHU RECLAMAN EN LA DIPUTACIÓN LA IMPLICACIÓN DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES
DONOSTIA - El antropólogo forense guipuzcoano Paco Etxeberria pidió ayer "ayuda institucional y auxilio a la Diputación" para poder dar continuidad a tareas de estudio e investigación como la recientemente llevada a cabo en Fadret Leguiaa (Sáhara Occidental). Allí, Aranzadi, la UPV/EHU y Afapradesa (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Sáharauis) llevaron a cabo el pasado mes de junio la exhumación de restos mortales de beduinos ubicados en dos fosas, hallazgos que, en palabras del Carlos Martín Beristain, médico y doctor en Psicología Social especializado en derechos humanos, "demuestran las vulneraciones" allí realizadas.
"Los discursos sobre derechos humanos deben ampliarse a otras partes del mundo, donde hay injusticias no resueltas", agregó Etxeberria, acerca de un caso sobre el que Beristain subrayó "la responsabilidad del Estado español". "Cuando se produjeron las ejecuciones denunciadas, en 1976, la zona era responsabilidad de España. Y algunos de los fallecidos eran ciudadanos españoles, como demuestran los carnets de identidad encontrados tras las exhumaciones".
"Queremos que exista una presión internacional a este respecto, un ámbito en el que nosotros ya podemos hacer menos, ya que pertenece al ámbito político", subrayó Carlos Martín Beristain, quien aún así se refirió a algunas gestiones llevadas a cabo.
ENCUENTROS "Nos hemos reunido con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a donde llevamos el informe y algunos documentos como los carnets. Todavía no nos han dado ninguna respuesta. Ni el Ministerio ni el Gobierno. Paco y yo también hemos estado en Ginebra, en el Parlamento Europeo, en Suecia... Todo el mundo nos dice que estamos ante algo histórico, que son los primeros hallazgos sobre personas desaparecidas en el Sáhara Occidental. Pero ya alcanzamos un nivel complicado para nosotros. Tenemos unas herramientas, y las ponemos a la disposición de la gente que sí puede hacer algo. Por eso comparecemos aquí", señaló Beristain, cuya alocución y la de Etxeberria se produjeron ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Memoria Histórica de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
El propio Etxeberria recogió las palabras de Beristain y apostilló también que "el juez Ruz de la Audiencia Nacional" ha citado a los investigadores a cargo del proyecto. "Nos tomó declaración y le entregamos la documentación", indicó subrayando la relevancia de este hecho. El antropólogo señaló que, "una vez más, ha quedado comprobado que aquella gente (en referencia a las Sáharauis) no tiene por qué mentir". "Cuentan lo que han escuchado y lo que han vivido. Y nosotros solo nos ocupamos de objetivarlo", añadió.
Etxeberria se refirió a un proceso cuyos responsables ya comunicaron de forma pública durante el pasado otoño, y que arrancó en febrero de 2013. "Cuando se estaba insistiendo mucho en la importancia de la búsqueda de los desaparecidos en la zona, un pastor descubrió unos restos humanos en Fadret Leguiaa. Avisó a Afapredesa, y nos llamaron para ir. Me puse en contacto con Paco y viajamos allí en junio", explicó Beristain, quien dio cuenta de lo hallado. "Descubrimos dos fosas. Y encontramos un testigo, un niño de 14 años en el momento de los hechos (el 12 de febrero de 1976), que vio ejecutar ante sus ojos a dos beduinos de la zona, por parte de una patrulla del ejército marroquí. Al día siguiente empezamos a trabajar en las fosas y encontramos los DNI españoles de las personas cuya ejecución había denunciado el testigo".
IMPLICACIÓN "Aquel chico se salvó porque solo era un niño, se agarró a los pantalones de los soldados pidiendo clemencia y obedeció vitoreando al Rey de Marruecos como le ordenaron", añadió Etxeberria, quien, eso sí, precisó que ente los restos hallados también había cadáveres de niños. "En la segunda fosa había restos de dos personas. En la primera había restos de seis, entre ellos los de un padre y su hijo", aseveró el forense, en referencia a unas conclusiones alcanzadas gracias a los estudios genéticos llevados a cabo. "La UPV/EHU se ha ofrecido a elaborar un banco de muestras, para que las que vamos obteniendo, dos por cadáver en Fadret Leguiaa, vayan almacenándose. Pero cosas como esta requieren de financiación. Y de la implicación de todos", concluyó el antropólogo. Ayer tocaron a la puerta de la Diputación. Y seguirán haciéndolo en otras instancias.

sábado, 1 de marzo de 2014

Justicia universal. Los saharauis pedirán que la reforma sea llevada al constitucional

Los saharauis que han denunciado a Marruecos en la Audiencia Nacional por genocidio pedirán que el instructor de esta causa, el juez Pablo Ruz, lleve al Tribunal Constitucional la restricción de la jurisdicción universal promovida por el PP y aprobada este jueves por el Congreso.
Manuel Ollé, abogado de la Asociación Pro Derecho Humanos de España (Apdhe), que lleva la querella de estos saharauis, explicó a Servimedia que, ante el previsible sobreseimiento de su procedimiento, pedirán que la reforma legal promovida por el PP sea declarada inconstitucional.
Como particulares no podemos plantear esta cuestión de inconstitucionalidad, apuntó este abogado, quien coordina la querella contra la presunta represión que Marruecos ejerció en el Sáhara tras abandonar España este territorio en 1976.
Este abogado señaló que la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial referida a la jurisdicción universal “es contraria al derecho internacional y a las obligaciones adquiridas por España en virtud de la firma de diferentes tratados y convenios internacionales”.
Para evitar el sobreseimiento de las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional, este letrado sostuvo que “los jueces de oficio, o bien a petición de las partes, deberían plantear la cuestión de inconstitucionalidad” ante el Constitucional.
En el caso de la querella saharaui, Ollé apuntó que “se podría continuar con el enjuiciamiento de los delitos por el principio de territorialidad, ya que los delitos se cometieron en territorio español y por lo tanto deben ser juzgados por los tribunales españoles”.
Sobre la inminente limitación de la justicia universal en España, el abogado de Apdhe añadió que esta reforma supone “un genocidio a la defensa de los derechos humanos al ser contraria a la mayoría de postulados del derecho internacional”.
La reforma se produce por motivos económicos y políticos tras la orden internacional de detención de varios dirigentes chinos a raíz de la querella admitida en la Audiencia Nacional por el genocidio del Tíbet, y la posterior presión de China”, concluyó Ollé.
(SERVIMEDIA) 28-FEB-14