Gracias a un programa de protección,
Lolita, Richar y Leila han vivido seis meses en el País Vasco tras las
constantes amenazas de muerte por defender su tierra en Guatemala, Colombia y
Sáhara Occidental
Lolita, Richar y Leila son activistas
perseguidos por defender sus territorios en Guatemala, Colombia y Sahara
Occidental. IÑAKI MAKAZAGA
“No
nací para ser asesinada” Nace el primer fondo global para apoyar demandas
territoriales de los pueblos indígenas
(…)
Coincide en el balance con Salka Leili (El
Aaiún, Sáhara occidental, 1974). “Hacía años que no dormía más de cuatro horas
seguidas cada noche”. Lleva desde los 14 años luchando de manera activa por la
liberación de los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental.
Ahora ocupa la secretaría de la Asociación Saharaui de Graves Violaciones de
Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí (ASVDH) y, en concreto,
documenta cada una de las denuncias. “Redacto entre tres y cuatro diarias”. Los
días de manifestación, se agrupan las personas por decenas en su puerta. Y por
las noches, su teléfono siempre está encendido. “La gente me llama en cuanto ha
desaparecido un pariente o han sido agredidos en la calle”.
Desde el año 91 ha sido detenida en
diferentes ocasiones, golpeada y torturada. La última vez hace un año por
portar una bandera saharaui atada al cuello. “Me retuvieron durante dos horas y
no dejaron de golpearme”.
Una alternativa al exilio permanente
En estos meses, Leili ha mejorado su
castellano, ha aprendido a redactar notas de prensa para ampliar la denuncia de
la violación de derechos humanos que sufre su pueblo y ha fortalecido las redes
con organizaciones internacionales. A la vez ha sido recibida por el Gobierno
vasco y Parlamento acompañado de Chávez y Sierra. “Sueño por conocer un día la
casa de Leili en su territorio y tomar juntas el té”, asegura Lolita Chávez.
Todos han participado durante seis meses en el programa de Protección Temporal
a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno vasco y han
coincidido en talleres, cursos y reuniones.
El programa de protección del Gobierno
vasco lleva siete años activo, ha acogido a 16 personas y ya se ha convertido
en una referencia internacional. Depende de la dirección de Víctimas y Derechos
Humanos y lo coordina la organización Cear-Euskadi. “Teníamos la referencia de
otros programas para población colombiana y quisimos desarrollar uno propio con
personas de todo el mundo”, explica Itziar Caballero, su coordinadora,
orgullosa de ofrecer una solución intermedia al exilio. Según la organización
Front Line Defenders, en 2016 fueron asesinadas 281 personas defensoras de
derechos humanos en 25 países, de las cuales, casi la mitad (49%) defendían los
derechos de la tierra, el territorio, y las poblaciones indígenas. Desde Cear-
Euskadi buscan la manera de fortalecer la seguridad de los defensores y de sus
colectivos sin que tengan que abandonar sus países.
En estos meses, Caballero y su equipo se
han asegurado de que los defensores internacionales hayan tenido atención
médica y psicosocial. También ha puesto a su servicio los planes formativos en
la universidad, así como realizado un diagnóstico de la situación de seguridad
de cada uno de ellos. “Lo que más valoran es el fortalecimiento de redes internacionales
para velar por su seguridad, amplificar sus denuncias y dar apoyo a todo su
colectivo”. Por eso, a las reuniones con organizaciones vascas les ha
acompañado reuniones por todo el Estado, Ginebra, Alemania e Italia.
