Un médico saharaui pierde la nacionalidad española por un conflicto burocrático

*Fuente: El Comercio / CECILIA PÉREZ. Sábado, 16 junio 2018

Moulay Lahcene ha tenido que entregar su DNI y pasaporte a pesar de residir en Oviedo con su familia desde hace trece años

En un limbo legal. Es la situación en la que se encuentra un médico saharaui residente en Oviedo desde hace trece años, al que han retirado la nacionalidad española que un registro civil le concedió en 2006. Una situación rocambolesca cuyo último capítulo desencadenó en la retirada de su Documento Nacional de Identidad y Pasaporte. Moulay Lahcene Sidi Larbi, de 54 años, se ha quedado sin documentación, sin nacionalidad y con un mar de incertidumbre por delante.

La historia de este hombre, casado y padre de cinco hijos, se remonta a 2004 cuando llegó a España para labrarse un futuro profesional tras haber cursado los estudios de Medicina General y la especialidad de Aparato Digestivo en Ucrania. En territorio español homologó su título tras obtener un permiso de residencia en 2005 y fijó su hogar en Oviedo. Por motivos laborales, se trasladó a Lérida, donde pidió la nacionalidad española en el registro civil de Vielha. «Se la concedieron por ser saharaui nacido antes de 1975, cuando el Sáhara era colonia española», explicó su abogado, Miguel Roma. Para acreditar su condición, Moulay Lahcene presentó los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática. En este punto arranca todo el problema. En 2005, el Registro Civil Central de Madrid cambió los criterios por los que se le concedió la nacionalidad a Moulay Lahcen. «Entienden que la República Árabe Saharaui Democrática no es un Estado por lo que los documentos no son válidos», detalló su letrado.

Arrancó así un proceso judicial en el que Moulay recurre la anulación de su nacionalidad. Los tribunales no se han pronunciado sobre el recurso por lo que la resolución aún no es firme y «por lo tanto sigue siendo español», reseñó Miguel Roma.

Sin embargo, hace unas semanas la Jefatura Superior de Policía de Asturias, según sus palabras, le citó para que entregara su DNI y pasaporte. A día de hoy se encuentra totalmente indocumentado.

Moulya Lahcene trabaja como médico interino en el Servicio Andaluz de Salud, concretamente en un centro de atención primaria de Torreperogil de Úbeda, Jaén. «El martes tengo una guardia y no sé cómo voy a ir porque no puedo conducir al no tener documentación», se lamentó Moulay cuya mayor preocupación es «qué le va a pasar a mi familia» ante una situación que, asegura, «me está afectando psicológicamente porque llevo trece años en Oviedo, aquí tengo mi vida y es donde han nacido mis hijos. Temo por ellos y por mi mujer», se lamentó.

Hoy mismo, junto con su abogado, presentará un recurso de alzada a la Dirección General de la Policía «para que le devuelvan la documentación y si la han destruido que le expidan una nueva. También solicitaremos medidas cautelares y si no responden en treinta días iremos al Contencioso por una vulneración de los derechos fundamentales», concluyó Miguel Roma.

España admite de nuevo los documentos saharauis para tramitar la nacionalidad

Madrid, 01/02/2016 (EFE).- La Dirección General de los Registros y el Notariado ha vuelto a admitir la documentación emitida por las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en los procedimientos de adquisición de nacionalidad española por residencia, tras casi dos años sin hacerlo.

En un escrito, la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Apase) aplaude esta decisión que "termina con la arbitrariedad" que sufrían los saharauis, quienes veían "denegados injustamente" su acceso a la nacionalidad por residencia.

Hace poco más de año y medio, el Ministerio de Justicia explicó que las solicitudes eran denegadas puesto que España no puede aceptar los documentos emitidos por la RASD, que nuestro país no reconoce, hasta que se resuelva el estatuto internacional del Sahara.

Se da la circunstancia de que los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, la única a la que los saharauis tienen acceso, sí que se aceptaban anteriormente e, incluso, en la actualidad eran válidos para tramitar la residencia legal.

"El interesado aporta al expediente certificaciones de antecedentes penales y nacimientos expedidas por la RASD, carentes de validez en España al no proceder de un Estado reconocido por nuestro país", señaló la resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado.

Este escenario bloqueó la situación de más de 400 saharauis, quienes pese a cumplir los requisitos para acceder a la nacionalidad española -certificado de nacimiento, ausencia de antecedentes penales, salario fijo como trabajador y diez años de residencia legal- veían rechazada su solicitud.

Ante esta situación, los letrados saharauis plantearon recursos administrativos ante la Dirección General de los Registros y el Notariado, cuyo director general ha dictado ahora una resolución en la que admite de nuevo la documentación.

"Como Estado la administración española efectivamente no podía ni puede conceder validez y plenos efectos jurídicos a los certificados de nacionalidad emitidos por las autoridades de la RASD", señala el texto.

Sin embargo, precisa, "esa limitación no es extensible, como erróneamente interpretó la resolución ahora recurrida, a los certificados de nacimiento y antecedentes penales emitidos por la RASD que sí pueden tener alcance probatorio a la hora a la hora de acreditar la identidad y la buena conducta cívica del solicitante de nacionalidad española, tal y como exige el Código Civil".

Más de 3.000 personas componen la comunidad saharaui en España, todos ellos potenciales beneficiarios de la esta decisión, incluidos los hijos de los nacionalizados españoles, cuyas solicitudes eran rechazadas por haber nacido en los campamentos de Tinduf (Argelia) y aportar un documento de nacimiento que no era aceptado. 

Sefardíes versus saharauis: nacionalidad y agravio. Iñaki Anasagasti

*Fuente: Blog de Iñaki Anasagasti; 18 de agostode 2015

La reciente ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes señala que se persigue reparar una injusticia de hace 500 años, un error histórico, y que pretende establecer un nuevo espacio de convivencia entre judaísmo e “hispanidad”. Nunca es tarde, pero entonar el mea culpa 500 años después de la expulsión de todo ese colectivo debiera hacer pensar a quienes pontifican la historia como fundamento de la sacrosanta unidad de la nación española.

Algún comentario adicional merece la mano tendida del Estado español que premia a los integrantes de este colectivo con la posibilidad de acogerse a la nacionalidad española como prueba de que se retracta de la injusticia cometida. De este modo los representantes del Gobierno español entienden que queda encaminada esta solución “histórica”, pero la concesión de la nacionalidad a los sefardíes pone de manifiesto aun con mayor evidencia otra enorme injusticia histórica: la de los saharauis, particularmente los refugiados que viven en su tierra bajo ocupación marroquí, y a los que durante muchos años la cooperación española (no solo el Gobierno) ha ignorado. ¿Habrá que esperar otros 500 años para que las autoridades españolas dejen de ningunear, menospreciar y desproteger a este pueblo saharaui, vulnerando la legalidad internacional al no dar cobertura legal a ciudadanos saharauis abandonados a su suerte?

La historia legal de este desatino ha sido ya trabajada por expertos internacionalistas como el profesor de la UPV Juan Soroeta, y quien tenga interés en conocer los detalles puede consultar además de textos académicos tres resoluciones del juez Ruz en los que se relacionan con mucha minuciosidad. El primero es el reciente auto de 9 de abril de 2015, por el que se solicita el procesamiento de autoridades marroquíes implicadas en delitos de genocidio, asesinato, torturas y detención ilegal en el Sahara. Y los otros dos son de 2014, por los que se reitera su competencia para investigar esos crímenes pese a la modificación de la ley del Poder Judicial en materia de justicia universal, y donde señala que España sigue siendo la “potencia administradora”, algo que siempre ha negado el Gobierno español. Esta es, por cierto, la doctrina de la Asamblea General de la ONU, la de que una “potencia administradora” no cesa en sus obligaciones por el mero hecho de declararlo.

¿Cómo se gestó este desatino? Mediante decretos de los años 50 y por varias leyes de los años 60, el Sahara -y también Ifni, que luego se retrocedería a Marruecos en 1969- se consideraron provincias españolas y a sus habitantes españoles de pleno derecho. Cuando la ONU ordena la descolonización del Sahara, España, en vez de garantizar un proceso de autodeterminación ordenado con el consiguiente referéndum, lo abandona a Marruecos (y a Mauritania, que se retiraría al cabo de dos años) tras la famosa Marcha Verde. Es en ese momento cuando comienza la política de ocupación marroquí, calificada como genocida por el propio juez Ruz en el auto citado. La Corte internacional de Justicia, en su dictamen consultivo de 1975 estableció que cuando España llegó al territorio saharaui en 1884 no existía vínculo de soberanía alguno de Marruecos sobre la población saharaui.

Este cúmulo de injusticias no tiene más arreglo y solución que extender, al menos, la misma regulación de los sefardíes a los saharauis. La concesión de la nacionalidad no es la solución al conflicto, de hecho esta idea suena más a cierto neocolonialismo que a descolonización, pero supondría un paso, y sobretodo solucionaría problemas de acceso a derechos que ahora se les niega a los ciudadanos saharauis. Tan improcedente es exigir cualquier periodo de residencia en un caso como en el otro, especialmente teniendo en cuenta la situación de los más desfavorecidos y amenazados. Las similitudes no solo son muchas y evidentes, sino que el caso saharaui es incluso más grave. Lo primero ocurrió hace cinco siglos. Lo segundo forma parte de la historia moderna, y los sucesivos gobiernos españoles de la democracia miran sistemáticamente hacia otro lado. A los sefardíes se les han reconocido derechos especiales desde hace ya mucho tiempo. A los saharauis se les ha olvidado de mala manera.

¿Por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para arreglar el problema, pese a las voces que lo reclaman con insistencia desde foros internacionales? La respuesta es evidente: las relaciones bilaterales con Marruecos y la presión que el régimen marroquí impone. La pesca, el control migratorio o la colaboración antiterrorista son monedas de cambio que permiten perpetuar esta tremenda e ilegal injusticia. En justicia, los saharauis no son ni españoles, ni marroquíes ni argelinos: son saharauis (en los Estados que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD) o apátridas ante los demás, y lo serán hasta el momento en que puedan ejercer el derecho de autodeterminación que les reconoció la Corte Internacional de Justicia en 1975.

Por Juanjo Álvarez

De reconocimientos, nacionalidades y asilos. Fernando Llorente

*Por Fernando Llorente, escritor; 17 de febrero de 2015

El próximo día 27 de febrero se cumplirán 39 años desde que en la madrugada se proclamara la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), en Bir´Lehlu, Territorios Liberados del Sahara Occidental. Pocas horas después, en la sede del Cuartel General de El Aaiún, el reino de Marruecos izó por primera vez la bandera de la invasión y la ocupación, y España arrió, por última, la bandera de la cobardía, la traición y el abandono, tras casi un siglo de presencia colonial en el territorio.

En 1958, después de la adhesión de España a la ONU en 1956, el Estado español convirtió el Sahara Occidental en la provincia número 53, la más extensa del Estado. Para dar credibilidad a su engañosa buena voluntad dotó a la población saharaui de DNI,s, Libros de Familia, contratos de trabajo…españoles, “papeles” que los viejos nómadas atesoran en cajas de cartón. Es verdad que fue decisión de un Estado dictatorial, pero también lo es que ningún gobierno de la democracia lo cuestionó nunca y no lo anuló formalmente, quizá porque no les dio tiempo: un hombre-bisagra entre la dictadura y la democracia, Juan Carlos, se encargó personalmente de sacrificar a un pueblo, por demanda del entonces Secretario de Estado USA, H. Kissinger, a cambio del apoyo de EEUU a su inminente reinado.

Y es ahí en donde tengo para mí que, intereses económicos y dependencias políticas varias aparte, se enmarca el hecho de que los gobiernos de España nieguen la nacionalidad española a saharauis que reúnen los requisitos y cumplen las exigencias, entre otras, estando en posesión de antecedentes familiares documentados como españoles. La razón de la denegación es la de proceder de un “país no reconocido”, cuando España sigue siendo, de jure, la potencia administradora de un Territorio, el Sahara Occidental, tenido como Territorio No Autónomo Pendiente de Descolonización, según la ONU y la legislación internacional.

Pero, claro, reconocerlo sería tanto como dejar en feo aquel viaje del todavía príncipe, autoinvestido con plenos poderes de Jefe de Estado, que anticipó la firma de los acuerdos -inexistentes porque nunca fueron oficialmente publicados- del 14 de noviembre de 1975, por el que España entregó el Sahara Occidental, con sus gentes y sus recursos, al tirano genocida Hassan II. (La participación de Mauritania en el reparto merece comentarios propios, por el papel asignado de convidado de piedra).

Hace apenas un año, la periodista y escritora Rosa Montero dedicó una de sus columnas en el diario El País a exponer y denunciar la denegación de nacionalidad española a la saharauiya Zahra, con el argumento del “no reconocimiento”. Zahra reside desde hace más de veinte años en España, en donde han nacido sus dos hijas, y en donde trabaja en el sector sanitario, y tributa a la Seguridad Social. Según la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) son más de 400 los saharauis a los que se les niega el derecho que les asiste a la nacionalidad española. Siempre el mismo, el argumento sin argumentación.

El “no reconocimiento” por parte de España se compadece con la negativa a conceder al joven saharaui Hassana Alia el Asilo político, denegación acompañada de orden de expulsión. Fue condenado por un tribunal marroquí -después de haber sido absuelto por otro civil-, sin garantías procesales ni jurídicas, a cadena perpetua, por haber participado en el campamento saharaui de protesta en Gdeim Izik (El Aaiún) en octubre de 2010. Su regreso a El Aaiún supondría el encarcelamiento y tortura hasta la muerte. Pero, claro, conceder el Asilo político a Hassana, eso sí supondría un reconocimiento: el de que las fuerzas invasoras y ocupantes en el Sahara Occidental persiguen, encarcelan, torturan, matan, hacen desaparecer a saharauis, por el mero hecho de serlo. Y eso el gobierno de España no tiene la decencia de reconocerlo. Ninguno la ha tenido.

Desde el día 27 de febrero de 1976 nunca la bandera marroquí se izó tan alta, ni se arrió tan baja, la española.

Nacionalidad saharauis. A Rosa Montero ¿Por qué no hemos hecho un escándalo?

El escritor y novelista Rafael Reig

Por el escritor y novelista Rafael Reig. *Fuente.El Diario.es  09/02/2015

Por lo visto, a Marruecos no hay que hacerle enfadar, así lo admite nuestro periódico. Estamos a merced de este impresentable reyezuelo de una de las dictaduras más siniestras del mundo y hemos decidido seguir así. De hecho en este artículo apenas se menciona el tema del Sáhara, que sin duda es un asunto que agrada poco al sátrapa Mohamed VI, ante el cual se arrodillan nuestras autoridades. Incluso los presidentes y jefes de Estado españoles realizan el primer viaje a rendir pleitesía a semejante estafermo con chilaba, en lugar de visitar a los saharauis en los campos de refugiados.

¿Por qué? Sin duda porque el volumen de negocio que obtienen de Marruecos es suficiente para perder la dignidad. Quizá el primer acto público de Juan Carlos I, entonces el heredero de Franco, fue visitar el Sáhara. ¿Qué hizo allí? Pues no sabemos bien, quizá algún negocio, porque el caso es que desde entonces el Sáhara es tema tabú (también para el PSOE, por cierto, que dejó de recibir al Polisario). Luego el tal Juan Carlos fue rey (quizá algo grave habríamos hecho para merecer semejante castigo) y se consideró primo o algo así del dictador de Marruecos. Parece normal en el heredero político del general africanista de voz aflautada que asoló el país durante casi cuarenta años. Del Sáhara el rey Juan Carlos no volvió a acordarse. Estaba en otra cosa: cazar osos y elefantes, diseminar esperma por Europa, regatear en su yate, cosas así. Pero el caso es que España fue la potencia colonizadora del Sáhara y decidió venderla a otros estados, sobre todo a Marruecos. A cambio ¿de qué?

Lo que obtuvieron con esto no lo sabemos, lo que sí conocemos es el precio que han pagado los saharauis. El caso de Zahra es un ejemplo más. Nació en los campamentos de refugiados, hija y madre de españoles, pero no puede obtener la nacionalidad española, después de dieciocho años viviendo aquí, la mayor parte de ellos trabajando como enfermera, pagando impuestos, con dos hijas españolas y tras solicitar repetidas veces la nacionalidad, siempre con la misma respuesta: o vuelva usted mañana o que nones. ¿Por qué? Pues porque (¡ojo al dato!, como dirían los “monstruos de la radio”) no es nacional de “ningún país reconocido por España”. Ese derecho, del que goza un ciudadano de cualquier país, se le niega a los saharauis… para no enfadar al tirano que se llama Mohamed VI (y para no perjudicar los muy saludables negocios que tienen algunos en Marruecos).

Aquel Gobierno del dictador Franco se comprometió, como potencia colonizadora, a que en los territorios del Sáhara habría un referéndum. ¿Lo ha cumplido? Estamos hablando ya de generaciones que han nacido y vivido en unos campamentos de refugiados. Pero ahora les negamos la nacionalidad. Es fácil solidarizarse con Charlie Hebdo, los palestinos o las víctimas de un tornado… la cosa es un poco más complicada cuando nosotros tenemos parte de la culpa y obtenemos beneficio de ello.

Es un escándalo, querida Rosa Montero, como bien decías hace casi un año comentando el caso de Zahra, que es el deotros muchos: hagamos de esto un escándalo.

Por los saharauis, desde luego. Pero también por nosotros: nos debería dar vergüenza que el caso de Zahra, que es el de todos los nacidos en los campamentos de refugiados, no nos pusiera en pie. Nos debería dar vergüenza que ese que se hace llamar Felipe VI hiciera su primer viaje como rey a Marruecos, a arrodillarse ante el dictador local, un tal Mohamed también con el número 6. Hay una antigua colonia española cuyos habitantes viven en campos de refugiados y ese tipo, el rey de España, se va a darle besitos al reyezuelo de Marruecos, igual que hacía Franco. Tal para cual. A esos refugiados, hijos de españoles y con hijos españoles en muchos casosy madres, que llevan años trabajando en España, les negamos la nacionalidad, porque no reconocemos su Estado. ¿No dan ganas de llorar o de coger un arma?

Mi pregunta, querida Rosa, es sencilla: ¿por qué no hemos hecho de esto un escándalo? ¿Tanto nos importan los negocios de los ricos en Marruecos? ¿Tan poca vergüenza tenemos? ¿Tan fácil y tan barata nos resulta la solidaridad con lo que no nos señala como culpables? ¿No sería un escándalo, querida Rosa, que esto no nos escandalizara?

El Vía crucis de los saharauis que aspiran a ser españoles

EL MUNDO, BLOG ORILLA SUR, IGNACIO CEMBRERO. 17 de diciembre de 2014

Rafael Catalá, el nuevo ministro de Justicia, lo reconoció en público a principios de mes. Para algunos colectivos la obtención de la nacionalidad española es un "laberinto imposible". Aludía a los saharauis que residen en España a los que el predecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón, colocó en un callejón casi sin salida.

El "laberinto imposible" surgió hace aproximadamente un año cuando la dirección general de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia dejó de dar validez a los documentos expedidos por la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que España no reconoce. Tampoco España reconoce a Kosovo, pero su documentación sí se acepta.

"Se ha producido un cambio de doctrina" se lamenta Sidi Talebbuia, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE). "Afecta sobre todo a aquellos jóvenes saharauis que llegaron a España con el programa de Vacaciones en Paz, se quedaron con sus familias de acogida y llevan más de diez años residiendo aquí", añade. "Están integrados, tienen arraigo, pero ahora se les deniega la nacionalidad".

 A aquellos que quieran ser españoles solo les queda entonces una vía tortuosa: hacerse primero apátridas. Presentan la solicitud en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o en la Jefatura Superior de Policía, señala Talebbuia. "A partir de ahí deben esperar al menos un par de años", señala. "Cuando tengan documentos como apátridas podrán solicitar la nacionalidad española", que tardarán otros dos años más en conseguir. "Es un camino interminable", se queja.

Para Talebbuia la solución consistiría en modificar el artículo 22 del Código Civil para que, como sucede con los portugueses, filipinos, ecuatoguineanos o sefardíes, a los saharauis les basten dos años de residencia para poder solicitar la nacionalidad. El Sáhara Occidental ha sido colonia española hasta 1975 como lo fueron en su día Filipinas o Guinea Ecuatorial. La Administración española debería además aceptar de nuevo la documentación expedida por la RASD.

Dos grupos parlamentarios, Izquierda Plural y Esquerra Republicana de Catalunya, aprovecharon la introducción en el Congreso de los Diputados, el mes pasado, del proyecto de ley que facilita la obtención de la nacionalidad española a los judíos sefardíes, para presentar sendas enmiendas que beneficiaban a los saharauis. Las retiraron antes de que se iniciara la tramitación parlamentaria.

Rafael Catalá ha aparentado ser sensible a esta reivindicación. La ley que se está tramitando no va a resolver el problema de los saharauis que aspiran a ser españoles, según el ministro. Éste se comprometió, no obstante, el 2 de diciembre, a encontrar un "cauce" para la tramitación de la nacionalidad por personas en las que concurran las características de cercanía y arraigo como "los saharauis".

Algunos jóvenes saharauis se han ilusionado con estas palabras, pero no así el letrado Talebbuia. "Es una promesa más que, probablemente, no se cumplirá como otras anteriores", asevera.

Presentada en el Congreso de los Diputados una enmienda sobre la nacionalidad española de los saharauis

*Fuente: Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, 21/11/2014

Con motivo de la aprobación de la Ley de acceso a la Nacionalidad Española de los judíos Sefardíes en el Congreso de los Diputados español, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya presentaron enmiendas a la totalidad de la Ley.

La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, en colaboración con estos dos grupos (IU y ER) y el grupo socialista han logrado que el Pleno del Parlamento Español se pronuncie sobre la necesidad de hacer justicia con los saharauis en materia de nacionalidad.

Las próximas semanas serán intensas en el Congreso de los Diputados, donde el colectivo de apoyo al Pueblo Saharaui encabezado por los Abogados Saharauis en España mantendrá sendas reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para lograr un compromiso serio por parte del Estado español con los saharauis residentes en España.

IU y ERC piden que los saharauis reciban la nacionalidad como los sefardíes

EFE | 04/11/2014

Madrid, 4 nov (EFE).- La Izquierda Plural y ERC han propuesto hoy que el proyecto de ley para el reconocimiento de la nacionalidad española a los sefardíes incluya también a los saharauis, a los moriscos y a los nietos de españoles no nacidos en España y no incluidos en la ley de memoria histórica.

Para ello ha presentado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto del Gobierno, en las que subrayan que están de acuerdo en reparar la "injusticia histórica" con los sefardíes, judíos de origen español descendientes de los expulsados en 1492.

El portavoz de Justicia de IU, Gaspar Llamazares, ha sostenido que "no se puede añadir a una injusticia histórica la nueva injusticia que supondría reconocer la nacionalidad a los sefardíes y no a los saharauis, que están más cercanos en el tiempo y que tienen igual aprecio por la cultura y el idioma" españoles.

Según sus datos, la ley afectaría a unos 3 o 3,5 millones de sefardíes, mientras a los saharauis son "muchos menos" y los moriscos, que viven fundamentalmente en Marruecos, constituyen un "número muy pequeño".

Por su parte, los nietos de españoles exiliados, ha calculado que son un millón.

Llamazares, que ha dicho tener la impresión de que esta ley "es más una compensación por el voto favorable al reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas", ha tildado la medida también de "chapuza", ya que en vez de hacerlo mediante una reforma del Código Civil, a su juicio, España debería tener una verdadera ley de nacionalidad.

El diputado Joan Tardá (ERC) ha considerado que el parlamento español está ante una "gran oportunidad" y que para el conjunto de grupos políticos sería una "irresponsabilidad no aprovechar este tren que pasa".

Tardá, que ha presentado una enmienda con texto alternativo, ha abogado por reconocer a los sefardíes, al mismo tiempo que se "atiende una demanda urgente, que clama al cielo, que es la de los saharauis, que viven en un laberinto jurídico en lo que atañe a la adquisición de la nacionalidad española".

A este respecto, se ha preguntado por qué no se les reconoce el mismo tiempo que se exige a los filipinos, a los portugueses, los guineanos y los latinoamericanos, que con dos años de residencia ya pueden vehicular la nacionalidad.

Ha recordado también que los saharauis se encuentran con la "situación insalvable y terrible que es que el Estado español no reconoce la documentación de la República Árabe Saharaui", por lo que ha pedido que, antes de que entre en vigor la ley, el Gobierno modifique el artículo 221 del decreto de 1958 por el que se aprueba el reglamento del registro civil a fin de reconocer los certificados expedidos allí.

"Este sería el gran salto que permitiría que estas personas adquirieran la nacionalidad española en las mismas condiciones", ha señalado.

Tras insistir en que no están demandando ningún "privilegio", los representantes de IU y ERC se ha mostrado dispuestos a "negociar" con el PP.

El diputado catalán ha subrayado además que "a ningún sefardí le debería molestar que conjuntamente a la reparación histórica que les hace el Gobierno, se aunara la reparación de otra injusticia", porque "nadie mejor que alguien que ha sufrido una injusticia está capacitado mejor para entender otra".