Recuerdan la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia Europeo que no reconoce el Sáhara como parte de Marruecos
Desde CEAS-Sáhara anuncian movilizaciones
La sentencia del Tribunal Superior de
Justicia Europea del pasado 28 de febrero habla claro y dice que “según la
legislación internacional, Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos
y separados por lo que Marruecos no puede autorizar ninguna actividad económica
de extracción de recursos, ni ningún otro país la puede gestionar si no es con
el representante legítimo del pueblo, el Frente Polisario”. Así lo recogen un
grupo de diputados de cinco grupos distintos en una carta al ministro de
Exteriores, Josep Borrell. Esta sentencia se refiere a los acuerdos pesqueros
que Marruecos y la Unión Europea firman periódicamente y que incluyen los
bancos pesqueros que se encuentran frente a las costas de la excolonia
española.
El tribunal internacional no reconoce la
soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, algo que tampoco reconoce
explícitamente ningún país, mientras que varias decenas sí que reconocen a la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un estado independiente. Los
diputados Sergio Pascual, Sònia Farré, Carmen Valido, Jorge Luis Bail, Meri
Pita y Juan Antonio Delgado, del Grupo Confederal Unidos Podemos; Ana Surra, de
ERC, Iñigo Barandiaran, del PNV, Enric Bataller, de Compromís y Oskar Matute,
de EH Bildu, forman parte del Intergrupo de Amistad con el Sáhara Occidental
del Congreso. Además, advierten en la misiva al ministro de Exteriores que el
incumplimiento de esa sentencia “daña la credibilidad del conjunto de las
instituciones europeas y pueden dañar las relaciones con otros países, los
sectores económicos afectados y sus plantillas trabajadoras”.
Según esta sentencia y la legislación
internacional, los acuerdos comerciales que implican a territorios no autónomos,
como es el caso del Sáhara Occidental, tienen que beneficiar a las poblaciones
autóctonas de los mismos, por lo tanto, en el contencioso del Sáhara, tienen
que ser negociados con su representante, el Frente Polisario, y nunca con la
potencia ocupante marroquí. Así se lo transmiten también a Borrell en la carta:
“Le demandamos que ponga en marcha negociaciones, como Estado soberano y dentro
de las instituciones de la UE, con el Frente Polisario como legítimo
representante del pueblo saharaui, tal y como reconoce la doctrina de Naciones
Unidas que sigue España y que usted mismo afirmó seguir en su comparecencia
ante la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 4 de julio”.
“Le exigimos que en el ejercicio de sus
funciones traslade al Gobierno de España que no ratifique ninguno acuerdo
comercial que no esté basado en la compatibilidad del cumplimiento de las
sentencias del TJUE por responsabilidad con el cumplimiento de los tribunales
europeos, por los legítimos derechos del pueblo saharaui y la seguridad
jurídica y futuro de nuestra flota pesquera”, reclaman.
Además, reclaman a Borrell que cumpla con
la “responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental y las
responsabilidades jurídicas que de ella se derivan, como dictaminó el hoy
ministro de Interior Fernando Grande Marlaska en un auto en la Audiencia
Nacional, para trabajar en una solución que asegure el derecho a la libre
determinación del pueblo saharaui, reconocido por Naciones Unidas y asumido por
España, mediante un referéndum, exija que la MINURSO tenga un mandato de
vigilancia de violaciones de derechos humanos”.
Grande Marlaska Tal y como informaba
cuartopoder.es, el actual ministro de Interior declaraba en una sentencia como
juez de la Audiencia Nacional que “España, de iure, aunque no de facto, sigue
siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que
finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en
los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.
El diputado de Compromís, Enric Bataller,
declara a este periódico al respecto: “La solidaridad europea está nuevamente
en marcha mediante la Conferencia Interparlamentaria que acogió el Parlamento
Europeo en Bruselas el pasado 7 de junio, y donde fijamos unos objetivos de
coordinación que van a tener continuidad”. Por ello, advierte de que en su
labor parlamentaria, “la causa saharaui va a estar muy presente y, por
supuesto, protestaremos ante el Europarlamento, y donde haga falta, para exigir
que la Comisión Europea se ajuste a los términos claros de las sentencias del
TJUE“.
En la misma línea se expresa la diputada de
En Comú Podem, Sònia Farré, integrada en el confederal de Unidos Podemos. “Es
imprescindible cumplir con la responsabilidad histórica con el Sáhara y asumir
el papel de potencia administradora, pero es urgente ahora dar cumplimiento a
la sentencia del TJUE. No se entiende que la solidaridad que existe des de los
pueblos no se refleje en la política y la acción del Gobierno, antes del PP y
ahora del PSOE”. Por ello, asegura que “desde En Comú Podem y el grupo
confederal seguiremos trabajando para que se reconozca al Sáhara tejiendo
alianzas con las demás fuerzas políticas y con la sociedad civil que lleva años
luchando por los derechos del pueblo saharaui”.
Por su parte, Josu Oskoz, integrante de la
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS-Sáhara,
advierte: “La Comisión Europea, con su propuesta de acuerdo pesquero que
incluye las aguas del Sáhara Occidental, está violando flagrantemente la
posición del Tribunal en relación a la consideración del Sáhara Occidental como
un territorio completamente independiente de Marruecos”. Por ello, reclama:
“Cumplir las Sentencias, denunciar la violación sistemática y a gran escala de
los derechos económicos, sociales y culturales del Pueblo Saharaui, y habilitar
vías de reparación y restitución son actos de justicia que la UE debe poner en
marcha de forma inmediata. No queremos formar parte de una Unión Europea que no
respete fielmente los derechos humanos en sus relaciones económicas y políticas
con terceros países“.
En los próximos meses el Parlamento Europeo
deberá ratificar la propuesta de acuerdo para su aplicación, “trasladaremos a
todas y todos los europarlamentarios la necesidad de actuar conforme a la
propia legalidad europea y reclamar su compromiso activo con la paz, la justicia
y el respeto de los derechos humanos votando en contra de la propuesta ilegal
de acuerdo”, añade Oskoz, que también mira al Gobierno español. “España,
atendiendo a su responsabilidad y deber como Potencia Administradora, debe
trasladar en el seno de la UE la necesidad imperiosa de defender la propia
legalidad europea y no legitimar una ocupación, negando a un pueblo hermano sus
derechos fundamentales”, dice este activista prosaharaui.
“Por nuestra parte, realizaremos todos los
esfuerzos, movilizaciones incluidas, y habilitaremos todas las medidas legales
posibles para denunciar e impedir todo acto u omisión que contribuya al
expolio, explotación, destrucción y/o agotamiento de las riquezas y recursos
naturales saharauis, incluidas sus tierras y sus aguas adyacentes, o pongan en
peligro su supervivencia”, alerta el de CEAS-Sáhara.
