La visita
del rey Juan Carlos I a Marruecos supone otra vuelta de tuerca a la traición
permanente que nuestro Estado mantiene con el pueblo saharaui.
No
sorprende que el ministro de Exteriores presuma de presentar junto al Ejecutivo
marroquí una declaración conjunta que compromete a "una solución estable,
pacífica, justa, basada en la negociación de acuerdo con los parámetros y la
doctrina de la ONU".
La visita
del rey Juan Carlos I a Marruecos supone otra vuelta de tuerca a la traición
permanente que nuestro Estado mantiene con el pueblo saharaui. No sorprende, en
absoluto, que este viaje oficial se haya desarrollado con todas las galas y
pompas posibles. Ni siquiera llega a extrañar la magnitud de la delegación
española que ha acompañado al monarca: cinco ministros del actual Gobierno: el
de Asuntos Exteriores, el de Justicia, el de Interior, la de Fomento y el de
Industria; nueve ex ministros de Exteriores; un grupo de 27 empresarios de las
principales firmas españolas; 14 rectores de universidades; el director del
Instituto Cervantes; dirigentes de las patronales y el Alto Comisionado para la
Marca España. Tampoco es ninguna sorpresa la declaración conjunta para el
Sahara de la que presumía este jueves José Manuel García Margallo.
No sorprende
este viaje, pues continúa la postura que el Estado español ha mantenido acerca
de este tema desde que en el año 1975 olvidara sus obligaciones como potencia
colonial del Sáhara Occidental. Pero no por ello deja de indignar a quienes
creemos que los Derechos Humanos y las personas deben situarse por encima de
los intereses económicos de algunos sectores sociales. Una vez más, se han
tratado asuntos comerciales, se ha dialogado sobre las relaciones culturales,
se ha trabajado en la confluencia de sectores estratégicos… En definitiva, se
han proyectado unas necesarias relaciones bilaterales entre España y Marruecos
dándoles apariencia de normalidad. Sin embargo, se ha obviado un tema candente:
el Sáhara Occidental. Un asunto que supone una mancha vergonzosa situada en el
origen de nuestra democracia y que nos acompaña hasta hoy en día.
Aunque en
la agenda oficial de la visita no haya aparecido el contencioso del Sáhara como
uno de los temas a tratar, es seguro que ha estado presente en las reuniones.
Las difíciles y relevantes relaciones bilaterales entre el Estado español y
Marruecos, unas veces más tensas, otras más amistosas, siempre han estado,
están y estarán marcadas por el asunto saharaui hasta que este se resuelva. No
podría ser de otra manera. Marruecos es, según indica la legalidad
internacional, la potencia ocupante del Sáhara Occidental. España, por su
parte, la potencia administradora. Es decir, por un lado, el actor que está
vulnerando la legalidad internacional con su ocupación; por el otro, el que la
vulnera por no ejercer su responsabilidad legal.
España,
responsable
Efectivamente,
el Estado español entregó el 14 de noviembre de 1975, mediante la firma de los
Acuerdos Tripartitos de Madrid, lo que en aquel momento era una provincia más,
el Sáhara Occidental, a Marruecos y Mauritania. Sin embargo, estos acuerdos
nunca han sido aceptados por Naciones Unidas, lo cual hace que, de iure, España
siga siendo la responsable legal, tal y como explicaban en el 2011 Juan
Soroeta, Juan Miguel Ortega y otros 71 profesores de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales pertenecientes a 32 universidades
españolas, además de la Asociación Española para el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (AEDIDH): “como ha señalado en numerosas ocasiones la
Asamblea General de la ONU, un Estado no pierde la condición de potencia
administradora, ni queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se
derivan de ella por el simple hecho de afirmarlo”.
A pesar de
la obligación legal del Estado español en el contencioso del Sáhara, no
sorprende este viaje, ni siquiera asombran las declaraciones del monarca
español, Juan Carlos I, en las que ha asegurado que Marruecos es un ejemplo de
“apertura y estabilidad”, por lo que les
anima a seguir por el camino de las reformas iniciadas. Unas reformas,
que por cierto, han dejado de lado el respeto de los Derechos Humanos en los
territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental, donde las torturas,
las desapariciones, las detenciones arbitrarias, el uso de procesos irregulares
para encarcelar a personas inocentes, la privación al derecho de asociación, de
reunión pacífica o a la libertad de expresión han sido y son, hoy en día, una
constante, tal y como podemos comprobar en las declaraciones del año pasado del
relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, el informe del 2012 del
Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación del Sáhara Occidental,
el informe anual de Amnistía Internacional, el de la Fundación Robert Kennedy o
las informaciones de Human Rights Watch.
Rabat dice
que impedir a los eurodiputados la entrada en Marruecos fue una decisión
soberana
Historia de
una traición
Sin
embargo, estas declaraciones del rey Juan Carlos I no sorprenden en absoluto.
Viniendo de su persona, no asombran. La historia nos revela que fue él mismo
quien, a principios de noviembre del 1975, asumiendo la condición de Jefe del
Estado debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco, viajó a El Aaiún
para prometer, tanto a los militares españoles que allí se encontraban
destinados, como a la población saharaui, que el Estado español cumpliría con
sus compromisos y “respetaría el derecho de los saharauis a ser libres”. Una
promesa que truncó horas después cuando, reunido en Madrid con el presidente
del Gobierno, Arias Navarro, el primer ministro marroquí, Ahmed Osman, el
ministro español de Exteriores, Pedro Cortina, y José Solís, ministro
Secretario del Movimiento, permitió, previo acuerdo con el Secretario de Estado
de Estados Unidos, Henry Kissinger, que la Marcha Verde siguiera adelante
ocupando el Sáhara Occidental y traicionando a todo un pueblo, enviándoles al
olvido. Una promesa en El Aaiún, una mentira en los despachos de Madrid.
Declaración
conjunta de Marruecos y España
No
sorprende tampoco que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo,
presuma de presentar junto al Ejecutivo marroquí una declaración conjunta que
compromete a "una solución estable, pacífica, justa, basada en la
negociación de acuerdo con los parámetros y la doctrina de la ONU". ¿Acaso
están ignorando que Naciones Unidas reconoce el Derecho a la libre
determinación del pueblo saharaui? ¿No es la autodeterminación una solución
ajustada a los parámetros de la ONU? Habrá que recordar que si este referéndum
no se ha celebrado todavía es por la negativa de Marruecos a ello. La postura
de los sucesivos gobiernos del Estado español es, por lo tanto, parcial y no
ajustada a la doctrina de la ONU.
Pero no
sorprende esta iniciativa. Ni siquiera cuando recordamos a los propios dirigentes
del Partido Popular, cuando estaban en la oposición, repitiendo una y otra vez
una solución al conflicto más acorde a la legalidad internacional y a la
voluntad del pueblo saharaui. Es el caso del actual jefe de Gabinete del
presidente del Gobierno, Jorge Moragas, o del vicesecretario de Estudios y
Programas del PP, Esteban González Pons, entre otros, que se posicionaron, o
incluso salieron a la calle, defendiendo el derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui. No sorprende porque, como hemos dicho, esta situación es sólo
una vuelta de tuerca más a una constante traición, no sólo de los gobiernos
populares, sino también socialistas. Basta recordar a Felipe González, quien el
29 de septiembre de 1985 cerró las oficinas en España del Frente Polisario,
representante legal de este pueblo, cuando años antes, en el 1976, se había
comprometido a apoyarle “hasta la victoria final”. O el “secuestro” que el
Gobierno de Zapatero, siendo Miguel Ángel Moratinos ministro de Exteriores,
llevó a cabo en 2009 contra Aminetu Haidar, forzándole a permanecer en España
contra su voluntad y a desarrollar una larga huelga de hambre en Lanzarote. O
la respuesta de la entonces ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, al
desmantelamiento del campamento pacífico Gdéim Izik en 2010, cuando años atrás
participaba activamente en las manifestaciones pro referéndum.
Es, por lo
tanto, una traición permanente de todos nuestros gobiernos y de nuestra
monarquía al pueblo saharaui. Por ello, no sorprende que en este viaje no se
haya profundizado en Derechos Humanos, ni en la legal autodeterminación del
pueblo saharaui. Traición que, por cierto, tuvo su penúltimo eslabón el pasado
mes de abril, cuando a instancias del Secretario General de la ONU, Ban Ki
Moon, se debatió la posibilidad de incorporar a las competencias de la Misión
Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental
(MINURSO) la vigilancia de los Derechos Humanos. La fría postura de España,
Francia y otros estados en Naciones Unidas permitió que, hoy en día, la MINURSO
siga siendo la única misión de este carácter sin potestad para vigilar el
cumplimiento de los Derechos Humanos. De igual manera, estos días se está
tratando el Acuerdo de Pesca de la UE con Marruecos. Un acuerdo que comprende
también las aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo. Por ello,
no sería legal si los beneficios económicos que la explotación de los recursos
naturales de este territorio generaran, no repercutieran directamente en la
población saharaui. Además, España, como potencia administradora, debería velar
porque esto se cumpliera.
Solidaridad
en la lucha
No
sorprende este viaje, decimos, pero sí indigna y duele. Por ello, gran parte de
la sociedad española continuará acompañando al pueblo saharaui en su lucha
pacífica por sus derechos. Y por ello, y porque España es la responsable legal,
el contencioso del Sáhara se convertirá en un problema para todos aquellos
gobiernos que no decidan afrontarlo conforme a la legalidad internacional. Para
los miembros de las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, de otras
ONGs y plataformas y, en definitiva, para una gran parte de la sociedad, que
miles de saharauis se vean sometidos a la ocupación y violación sistemática de
sus derechos humanos o que otros miles estén obligados a vivir permanentemente
en un campo de población refugiada, con las grandes carencias humanitarias que
esto supone, sí que es un problema. Un problema de una enorme gravedad. Para
otros, hemos visto que no. Es una constante traición.
