Por Alfonso Lafarga
La muerte del preso político saharaui
Hassana Luali en el hospital militar de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado
por Marruecos, sin atención médica y tras continuas denuncias sobre el deterioro de su salud, no ha merecido la más
mínima atención del Gobierno de España, ni de los dos principales partidos
políticos españoles.
Ni para el Partido Popular (PP) ni para el
Partido Socialista (PSOE), que en su día alardearon de estar junto al pueblo
saharaui, la muerte de este activista de Derechos Humanos ha sido motivo para expresar una muestra de
condena o, al menos, pedir una investigación para esclarecer las circunstancias
en las que se produjo.
Las repulsas por la muerte de Hassana
Luali, que cumplía una condenado de tres años de cárcel por manifestarse, han
llegado desde partidos como Izquierda Unida, UPyD, EH Bildu, Unión do Povo
Galego, Bloque Nacionalista Galego o Nueva Canarias
La eurodiputada de la Izquierda Plural
Paloma López registró una interpelación
denunciando la situación de los presos políticos saharauis en Marruecos
y pidió a la UE que ponga fin al Estatuto Avanzado con el país magrebí, que
facilita el comercio con un régimen que reprime y maltrata a los activistas
democráticos por la autodeterminación del Sáhara Occidental. El eurodiputado de
UPyD Fernando Maura, por su parte, pidió
que se llame a consultas al embajador marroquí ante las Instituciones Europeas
para exigirle una investigación independiente.
Tampoco desde los órganos directivos de los
principales sindicatos españoles han llegado muestras de repulsa por lo que
pasa en las cárceles marroquíes con los presos políticos saharauis. Únicamente
CCOO de Murcia condenó la muerte del activista saharaui, mientras que la Confederación Intersindical de España pidió
que la autopsia sea realizada por médicos independientes, como han
reclamado los familiares de Hassana Luali y el Frente POLISARIO.
Y mientras continúa el acoso a los
independentistas saharauis y la expulsión de observadores internacionales del
Sáhara Occidental, los millones de minas esparcidas a lo largo de la excolonia
española, especialmente en las cercanías del Muro Militar marroquí, siguen
causando víctimas mortales. El 14 de septiembre tres trabajadores marroquíes
perdieron la vida al este de la ciudad ocupada de Smara al estallar una mina
antitanque al paso del vehículo en el que viajaban y el 19 fallecieron dos
soldados saharauis cuando patrullaban la zona fronteriza del norte de los
territorios liberados por el F. Polisario. En los territorios bajo control
saharaui trabajan organizaciones internacionales de desminado, pero no pueden
actuar en la parte de la excolonia
española bajo ocupación marroquí al no haber firmado Marruecos ni el Tratado
Internacional de Prohibición de Minas y ni la Convención de Municiones en
Racimo.
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