El Ejecutivo de Mariano Rajoy, el mismo que
se comprometió a defender los Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y el mismo que el 24 de junio pasado dijo en el Congreso de
los Diputados que “la defensa de los Derechos Humanos es una prioridad de este
Gobierno”, no ha influido ante Marruecos por Takbar Haddi, la madre saharaui
que reclama el cuerpo de su hijo asesinado por colonos marroquíes en El Aaiún,
pero sí se ha expresado sobre este caso con una versión similar a la marroquí.
El Coordinador Federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, preguntó al ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo en el Congreso de los Diputados
si el Gobierno pensaba amparar a Takbar Haddi –que interrumpió la huelga de
hambre de 36 días frente al consulado marroquí de Las Palmas de Gran Canaria
ante el agravamiento de su estado de salud- en su demanda a las autoridades
marroquíes para recuperar el cadáver de su hijo Mohamed Lamin Haidala, previa
realización de una autopsia independiente.
El ministro resumió el caso del hijo de
Takbar así: “El señor Haidala fue herido en una reyerta el día 31 de enero, fue
trasladado desde la comisaría al hospital de El Aaiún, cuando volvió a la
comisaría se vio que la herida seguía sangrando y fue trasladado al hospital de
Agadir, donde falleció. La señora Haddi viajó a los territorios del Sáhara para
recoger el cadáver y se negó a hacerlo mientras no hubiese una autopsia
independiente, en vista de lo cual el fiscal ordenó la inhumación”. “La policía
trasladó a la fiscalía de El Aaiún el hecho al que usted se refiere y la
investigación sigue abierta”.
La versión de los hechos dada por
García-Margallo es parecida a la de las autoridades marroquíes, pero dista mucho de las informaciones
facilitadas por la familia de Haidala: fue atacado por colonos, no hubo
atención médica adecuada durante ocho días hasta que falleció, se ofreció
dinero a Takbar por su silencio, nada de una autopsia por forenses
independientes…
El ministro aprovechó su intervención para
destacar que Marruecos ha limitado la competencia de los tribunales militares y
que ha ratificado el Protocolo facultativo de la cooperación internacional
contra la tortura. Tras esto, finalizó
con la expresión “la posición del Gobierno sobre el tema de fondo es que
queremos una solución política, justa, duradera, mutuamente aceptable y…”, con
la que habitualmente se refiere al conflicto del Sáhara Occidental.
Precisamente catorce días antes, el 10 de
junio, el Partido Popular se opuso en el
Senado a una moción del Grupo Vasco, que sí respaldaron todos los demás grupos,
que solicitaba al Gobierno un impulso en Naciones Unidas para el cumplimiento
de la resolución sobre el Sáhara y adoptar medidas relacionadas con el derecho
de autodeterminación del pueblo saharaui. El PP dijo que la prioridad del
Gobierno es contribuir a la solución del conflicto y no debe basarse en la
resolución de la Asamblea de la ONU de 1975 a la que aludía la moción, sino a
la última resolución.
El ministro de Asuntos Exteriores, que dijo
a Cayo Lara que había transmitido al
Gobierno de Marruecos “la preocupación
que este suceso ha provocado en la opinión pública española”, su supone estará
al tanto de las informaciones que se producen sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. La última, a
finales de junio, ha sido un informe del
Departamento de Estado americano en el que se habla de tortura, palizas
y otros abusos contra presos saharauis por parte de las fuerzas de seguridad
marroquíes, confesiones obtenidas bajo tortura, detenciones arbitrarias, asalto a domicilios de partidarios de la
independencia del Sáhara Occidental y maltrato a sus ocupantes.
También este mes la Fundación
France-Libertés ha expresado su preocupación por las violaciones de los
Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que se une a los informes de Amnistía
Internacional (AI), Human Rights Watcht
(HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos
Humanos (REMDH), que coinciden en
denunciar las violaciones de los DDHH tanto en el Sáhara Occidental como en
Marruecos.
Mientras tanto Takbar Haddi, tras
intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha vuelto a
las cercanías del Consulado marroquí en
Las Palmas de Gran Canaria para continuar con su protesta, dispuesta a
retomar la huelga de hambre cuando termine el Ramadán. Pero en esta ocasión
la policía ha impedido que la madre
saharaui exponga las fotos de su hijo y los carteles con los que estuvo los 36
días de huelga de hambre y, según ha
relatado, está siendo presionada apara que abandone el lugar.
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