EN OCTUBRE de 2010 más de
veinte mil saharauis que vivían en los territorios ilegalmente ocupados por
Marruecos en el Sahara Occidental levantaron un campamento de miles de jaimas (tienda
tradicional de los saharauis) a las afueras de El Aaiún, en Gdeim Izik.
Levantando este singular
campamento, también conocido como el campamento de la dignidad, exigían una
mejora en sus condiciones de vida, el fin del saqueo de los recursos naturales
del Sahara que lleva a cabo el ocupante marroquí con la cooperación de empresas
extranjeras, entre ellas muchas españolas, y que se pusiera fin al bárbaro
régimen de ocupación, con el pleno respeto a los derechos humanos de la
población saharaui, y entre estos derechos fundamentalmente, el derecho del
pueblo saharaui a decidir su futuro, el derecho a la autodeterminación, el
derecho a la independencia.
Fueron 28 días que asombraron
al mundo por la capacidad de resistencia de la población saharaui, por la
extraordinaria organización que crearon, auténtico embrión de un Estado
democrático, y, también hay que decirlo, por el feroz bloqueo y la brutalidad
de la represión que usó Marruecos, que llegó a ametrallar a los civiles que
pretendían acceder a la patria de las jaimas, a Gdeim Izik. El precio fue la
vida del niño Nayem el Gareh y las heridas de muchos otros.
Entre otras iniciativas los
saharauis constituyeron una coordinadora para organizar el campamento y
negociar con los ocupantes, compuesta por personas elegidas directamente en las
multitudinarias asambleas que dirigían día a día el campamento.
El 8 de noviembre, el gobierno
marroquí, tras consultar y recibir el apoyo de, entre otros, el gobierno
español de entonces, las fuerzas de ocupación lanzaron una ofensiva usando
tropas, helicópteros y vehículos que lanzaban agua hirviente. Destrozaron las
jaimas, hirieron a centenares y asesinaron a cuatro saharauis, entre ellos uno
con pasaporte español.
El Aaiún y todos los
territorios ocupados ardieron durante días como consecuencia del levantamiento
generalizado de la población saharaui. El grito de Gdeim Izik saltó las
fronteras del Sahara y fue el auténtico detonante de la Primavera Árabe.
Desde esas fechas las
protestas de la población saharaui en los territorios ocupados han sido
incesantes. En Dajla, Bojador, Smara o El Aaiún están siendo constantes los
actos de protesta contra la ocupación, exigiendo el respeto de los derechos
humanos, demandando el derecho de autodeterminación que les corresponde por no
haberse terminado el proceso de descolonización, tal y como ha reconocido la
ONU desde mediados de los años sesenta del siglo pasado en decenas de
resoluciones.
La respuesta del régimen
marroquí es invariable: represión, torturas, desapariciones de presos, violaciones,
allanamiento de viviendas, destrucción de propiedades de los saharauis y una farsa
de juicios en los que se condena a largos años en las cárceles marroquíes a
quienes con su valiente actitud demuestran al mundo que el pueblo saharaui no
renuncia a ninguno de sus derechos.
Ese empecinamiento de
Marruecos en negar el derecho de autodeterminación al Sahara Occidental solo
sirve para prolongar el sufrimiento y está provocando un creciente aislamiento
internacional de su régimen, como quedó patente en las visitas de comisiones de
derechos humanos de reconocidas ONG el pasado mes de agosto, o la del relator
contra la tortura de Naciones Unidas en septiembre de este año, o de
comisionados de las embajadas de Estados Unidos o el Reino Unido en fechas más
recientes.
Ante esta evidente pérdida de
posiciones el régimen marroquí responde, pretendiendo sacar pecho, con una
serie de juicios contra los activistas saharauis en los que se están
endureciendo las condenas de cárcel, en los que se desprecian las pruebas de
tortura presentadas por las defensas de los presos políticos saharauis y se
somete a los observadores internacionales a todo tipo de vejaciones
El 24 de octubre Marruecos
pretende llevar a cabo una nueva farsa, esta vez en el tribunal militar de
Rabat. La causa es contra los presos políticos de Gdeim Izik, prisioneros desde
hace casi dos años en la siniestra cárcel de Salé 2, tras haber pasado por
periodos de desaparición forzada muchos de ellos y estar sometidos a
condiciones de hacinamiento inhumano y a un trato degradante que les ha llevado
a realizar varias huelgas de hambre.
La solidaridad internacional
con la causa saharaui, entre ella la canaria, está denunciando esta situación y
enviará observadores a esa burla a la justicia que se pretende perpetrar el
próximo 24 contra un grupo de 24 activistas saharauis.
España sigue siendo
responsable de llevar a término la descolonización del Sahara Occidental, tiene
la obligación de garantizar los derechos humanos de la población saharaui hasta
que se produzca esa descolonización. Por eso la presión de España puede ser
determinante para que este conflicto termine. No es suficiente con que el
ministro español de Asuntos Exteriores afirme su compromiso con las
resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos ante el
Parlamento Español y se someta a los intereses marroquíes ante el monarca
feudal en Rabat, como quedó patente en la reciente visita de Rajoy a Marruecos.
Exigir la libertad de los
presos políticos saharauis de Gdeim Izik y de todas las presas y presos
políticos saharauis, reclamar el fin de los juicios-farsa del régimen marroquí
contra las y los militantes saharauis, requerir que se aclare el destino de los
desaparecidos saharauis, demandar el fin del expolio de los recursos naturales
del Sahara Occidental, apoyar el derecho de autodeterminación del Sahara Occidental
es impulsar la causa de la paz, la justicia y la libertad. En ese compromiso
estamos y a él llamamos que se sumen todas las personas de buena voluntad.
*De la Plataforma de Tenerife
de Apoyo al Pueblo Saharaui