Un testigo relata al juez Ruz cómo el
ejército marroquí ejecutó extrajudicialmente a ocho beduinos saharauis
Identificados ocho saharauis, dos con DNI
español, en fosas comunes
Las investigaciones sobre justicia
universal siguen su curso mientras las Cortes tramitan la proposición de Ley
Orgánica para cercenar la competencia internacional de los magistrados
españoles. Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado
declaración a dos de los peritos forenses que en junio de 2013 participaron en
la exhumación de una fosa común en la que estaban enterrados ocho beduinos
saharauis supuestamente ejecutados sin juicio por fuerzas militares marroquíes
en febrero de 1976. Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense de la
Universidad del País Vasco, y Carlos Beristain, médico y psicólogo, ratificaron
que en el enterramiento había al menos tres personas de nacionalidad española.
Junto a sus cadáveres se hallaron dos DNI y una cartilla de racionamiento de
azúcar.
La investigación de la fosa común se
incorporó a la querella interpuesta en 2006 sobre crímenes de lesa humanidad en
el Sáhara Occidental después de que España abandonara su antigua colonia a
finales de 1975. Según la investigación de Etxeberria y Beristain, que incluyen
las pruebas de exhumación e identificación y la valoración de los testimonios
de 15 personas, en la fosa, situada en la zona de Fadret Leguiaa, en la región
de Smara, a 400
kilómetros de los campamentos de Tinduf, yacen los cuerpos
de ocho beduinos que se dedicaban al pastoreo de cabras y camellos y que fueron
ejecutados a tiros. Dos de los fallecidos eran menores de edad, según las
pruebas forenses.
Según ha detallado Etxeberria estas ocho
personas fueron enterradas de “cualquier manera bajo la arena y con la munición
con la que se realizaron los disparos alrededor”. La inhumación se realizó,
además, “sin tener en cuenta las costumbres y tradiciones del pueblo saharaui”.
Además de los dos peritos, también ha
comparecido ante Ruz, Mahmud Selma, hijo de una de las víctimas, que ha
relatado cómo su primo Abba-Ali Said Daf presenció con solo 14 años las
ejecuciones, y oyó el nombre de dos personas, cuyos documentos de identidad han
aparecido entre los restos, lo que refuerza las conclusiones del informe.
Abba-Ali Said Daf y Kabula Selma Daf, que viven en Argelia, estaban citados
para hoy por el magistrado, pero las autoridades consulares de Árgel no
tramitaron su visado y no pudieron volar a Madrid. Los querellantes, dirigidos
por el letrado Manuel Ollé, van a presentar una denuncia por estos hechos que
atribuyen a “una aplicación por adelantado de la reforma para acabar con la
justicia universal”.
Ollé teme que esta causa sobre el genocidio
- existen más de 400 víctimas de desaparición forzosa saharauis, la mayoría
entre 1975 y 1977- acabe archivándose en cuanto entre en vigor la reforma para
acabar con la justicia universal. El abogado ha expresado su deseo de que hoy
diputados y senadores del PP pudieran haber estado presentes en las
declaraciones "escuchando cómo se aniquilaba al pueblo saharaui, cómo se
aniquilaba a ciudadanos españoles víctimas de genocidio y que hoy quedan
absolutamente sin ningún tipo de protección".
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