Nueva denuncia contra el Gobierno español
por vender ilegalmente armas a Marruecos, al ignorar que viola los Derechos
Humanos de civiles
NOTA DE PRENSA Jueves, 6 de Noviembre de 2014
En el 39º aniversario de la Marcha Verde y,
por primera vez, de forma simultánea en Madrid y en los campamentos saharauis
Siete organizaciones sociales y jurídicas
alegan que España otorga respaldo político a un régimen autoritario y
contribuye a crear el terror que Marruecos impone en el Sahara Occidental
El Coordinador general de IULV-CA, de
visita oficial en los campamentos, entregó junto con los demandantes la
denuncia a Naciones Unidas, solicitando el amparo de Ban Ki Moon
“En el Sahara Occidental las armas han
matado a miles de mujeres, niños y personas inocentes desde el inicio de la
invasión marroquí, hace hoy 39 años. Lamentablemente muchas de esas armas son
españolas. En un solo campamento, en Um Draiga, el 18 de febrero de 1976, los
bombardeos se cobraron más de 200 víctimas. Pero España también es cómplice de
los crímenes que están ocurriendo después de esa fecha, cuando las víctimas no
tenían otra nacionalidad que la española, por vender y regalar armamentos al
ejército marroquí contra el pueblo saharaui, por condecorar a sus torturadores
y por silenciar las graves violaciones cometidas contra ciudadanos españoles”,
declaraba esta mañana Abdeslam Omar, presidente de la Asociación de Familiares
de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), tras interponer una nueva
denuncia contra el Gobierno Español por la venta de armas a Marruecos, ilegal
–según alega el texto jurídico- al ignorar que el Reino alauí viola los
Derechos Humanos de civiles. Junto a él en Tinduf, Francisco serrano,
Presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA),
recalcaba que “España contribuye a crear el terror que Marruecos impone en el
Sahara Occidental, vendiéndole armamento”.
Hoy, cuando se cumple el 39º aniversario de
la Marcha Verde que materializó la ocupación militar del Sahara Occidental,
siete organizaciones sociales y jurídicas ha presentando la quinta denuncia al
Gobierno español para intentar paralizar las autorizaciones de exportación de
armamento español a Marruecos. Y lo han hecho por primera vez de forma
simultáneamente en los campamentos saharauis (Tinduf, Argelia) y en Madrid,
para dar una dimensión internacional a esta iniciativa cuyo alegato fundamental
es que la Administración española está vulnerando la legislación que prohíbe
autorizar estas transacciones en los casos en que existan indicios racionales
de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión
interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos.
En Madrid, interponían la denuncia en el
Ministerio de Economía y Competitividad la Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Justicia i Pau, la Red de estudios
sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el
Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el
Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Mientras que en los
campamentos saharauis, intervenían en la denuncia paralela la Asociación
Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y
Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador
general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de visita en los campamentos saharauis
desde el pasado miércoles por invitación del Presidente Mohamed Abdelaziz.
El candidato a la presidencia de la Junta
de Andalucía por la coalición de izquierdas declaró durante el acto que “España
tiene mucho más que hacer para afrontar una salida justa al conflicto saharaui.
Hay que evitar amenazas como las que se derivan de la venta de armas –afirmó
Maíllo- y, sobre todo, hacer una apuesta ambiciosa para reordenar las
relaciones con Marruecos, promoviendo la política de buena vecindad en
condiciones de respeto mutuo y de apoyo a la paz”.
Según el presidente del Observatorio
Asturiano de Derechos humanos para el Sáhara Occidental, Javier A. González,
“al participar en el Tratado sobre Comercio de Armas España ha asumido unas
obligaciones internacionales que debe cumplir; entre ellas la de no permitir
las ventas de armas a Estados poco respetuosos con los Derechos Humanos.
Nuestro país al autorizar -como viene haciendo- la venta de armas a Marruecos,
contribuye a la represión del pueblo del Sáhara Occidental y viola
flagrantemente estos compromisos”. En la misma línea se expresaba Eduardo
Melero, abogado de Justìcia i Pau, afirmando que “las exportaciones españolas
de armas a Marruecos son contrarias a la legislación, ya que se utilizan para
vulnerar los derechos humanos de la población saharaui y, además, otorgan
respaldo político a un régimen autoritario”.
En los últimos diez años, nuestro país
vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste el país
destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente
africano; y 251 millones en total desde 1995. Estas reclamaciones
administrativas y jurídicas incluyen testimonios y pruebas como las fotografías
de los VAM TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio entre los años
2008 y 2010, rodeando los colegios de El Aaiún, o los informes del Secretario
General Naciones Unidas, sus relatores, la Unión Europea (el más reciente el
Informe Tannock de 22 de octubre de 2013) y los de prestigiosas organizaciones
independientes como Human Rights Watch, el Centro Robert F. Kennedy para la
Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Freedomhouse.
Pero hasta la fecha el Gobierno español les
ha dado carpetazo y ha rechazado su tramitación; priorizando la exportación de
armamento frente a la protección de los derechos humanos y la prevención de los
conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano de las
autorizaciones administrativas de estas transacciones armamentísticas. España,
mostrando una actitud arbitraria, sí suspendió las autorizaciones de
exportación de armamento a Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013; pero
siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población
saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, país del
que además España es potencia administradora según ratificó el pasado mes julio
la Audiencia Nacional.
Por esta razón, ante esta situación de
desamparo y movidos por la preocupación acerca de las violaciones de los
derechos humanos del pueblo saharaui, las organizaciones denunciantes han
traslado sus demandas al Secretario General de Naciones Unidas. A través a los
responsables de la MINURSO en Tinduf, con la rúbrica de Maíllo y de los
representantes de los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del
Sahara Occidental (ARTifariti) que se celebran estos días en la wilaya de
Bojador, se entregó esta mañana a Ban Ki Moon la denuncia, un dossier histórico
de las acciones legales emprendidas y una carta en la que se le solicita que,
como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija al Gobierno español el cumplimiento de sus
obligaciones como país firmante. Además, se le pide que demande a España el
respeto a las Resoluciones de Naciones Unidas, tanto en su condición de
potencia administradora, que viola sus compromisos internacionales al autorizar
ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la fuerza un territorio que se
encuentra a día de hoy pendiente de descolonización; como a los principios y
fines enunciados en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General
donde se indica el deber de los Estados de abstenerse de instigar, ayudar o participar
en actos de guerra civil o de consentir actividades organizadas dentro del
territorio de los pueblos en proceso de descolonización encaminadas al uso de
la fuerza.
Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés
para el Sahara Occidental, destacó que "la existencia de presos políticos
saharauis, que permanecen encarcelados en pésimas condiciones en cárceles
marroquíes y que precisamente hoy inician una huelga de hambre, es una prueba
más de las violaciones de los derechos humanos de la población saharaui; represión
posible gracias al opaco suministro de armas de España, del que se desconocen
los beneficiarios y las razones por las que se autorizan".
La denuncia, como señalaba Abdeslam Omar,
se presenta justo un año antes de que se cumpla el 40 aniversario de la Marcha
Verde, una efemérides nefasta frente a otra positiva que recordaba José
Taboada, Presidente de CEAS, a su salida del Ministerio. “El domingo 9 de
noviembre, comentaba Taboada, se cumplen 25 años del desmantelamiento del
famoso Muro de Berlín. Es una buena ocasión para celebrarlo y, al mismo tiempo,
exigir el fin de otros muros muchas veces silenciados. Existe el muro de
Palestina, el de México, los de Ceuta y Melilla y el que divide el Sahara
Occidental por la mitad, que fue construido por Marruecos hace más de 30 años,
el muro de la Vergüenza”. El coordinador de REMMSO, el ingeniero saharaui Gaici
Nah Bachir, insistía en que "tenemos que alzar la voz para denunciar que
Marruecos continúa minando el Muro de Ocupación marroquí. Son miles los saharauis
víctimas de minas y demás arsenal que Marruecos mantiene a lo largo de más de
2700 Km, separando familias desde hace décadas y amenazando la vida de todo un
Pueblo, el Pueblo Saharaui”. Naj forma parte del equipo coordinador de la
“Campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí: Remove the
wall”, que busca apoyo internacional para obligar al estado marroquí a cumplir
las reglas del derecho internacional humanitario y desmilitarizar el muro,
eliminado todas las minas antipersona y antitanque y los restos explosivos de
guerra que oculta.
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