Fuente: Podemos, 28 de marzo de 2017
El pasado 24 de marzo tuvo lugar una
manifestación en la ciudad de El Aaiún convocada por la Confederación de
Saharauis Desempleados, para exigir empleo ante el elevado desempleo en la
población saharaui y los derechos sociales. Las protestas se iniciaron cuando
un grupo de desempleados saharauis de la empresa Fos Bucraa ocuparon un autobús
de la compañía, en la que los manifestantes afirman que se les impide trabajar
por ser saharauis. Posteriormente, centenares de saharauis se sumaron a las
protestas de los desempleados con pancartas en contra de la explotación de los
recursos naturales del Sáhara Occidental. La manifestación finalizó con varios
manifestantes saharauis heridos, entre ellos al menos cerca de una decena de
parados saharauis y media docena de mujeres, y un número de detenidos aún por
determinar, en acciones de la policía y ejército de Marruecos.
Las protestas coinciden con la celebración
en Rabat de los juicios contra 25 integrantes por la protesta pacífica de Gdeim
Izik, condenados por un tribunal militar en 2013 a penas de 20 años y cadena
perpetua y que llevan 6 años en prisión. Tras ser anulado este juicio militar
por el Tribunal de Casación de Marruecos ante las irregularidades denunciadas
por organizaciones de Derechos Humanos, ahora el juicio se repite ante un
tribunal civil, tras numerosos aplazamientos. Según las informaciones de los
observadores internacionales en los juicios, Marruecos debe asegurar las
garantías judiciales, la igualdad de trato entre los abogados de la Defensa del
Procurador del Rey y los abogados de los acusados, así como permitir la
presencia de observadores y juristas internacionales.
Ante estos hechos, desde los Grupos
Parlamentarios Unidos Podemos En Comú Podem En Marea y Compromís exigimos que
cese la represión de las manifestaciones de saharauis en El Aaiun, que
Marruecos respete sus derechos de manifestación, libertad de expresión y sus
derechos como pueblo que reclama su libre determinación así como exigimos
garantías judiciales y observación internacional en los juicios de Gdeim Izik.
41 años después del proceso de
descolonización del pueblo saharaui, España debe cumplir con su responsabilidad
histórica con la libre determinación del pueblo saharaui y el compromiso de la
sociedad española, mediante una propuesta que fije una fecha definitiva para la
celebración de un referéndum en el que se conozca y respete la libre
determinación del pueblo saharaui, tal y como establecen los acuerdos firmados
en 1991, así como, en estos momentos en que España se postula como miembro del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras su paso por el Consejo de
Seguridad en 2015-2016, no hay ninguna razón para que nuestro Gobierno no
impulse que la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas encargada de velar por el
alto el fuego y organizar el referéndum, cuente con competencias en la
protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales de la población saharaui.
Por último, España debe acatar y hacer
cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de
diciembre de 2016, donde se establece que los acuerdos de comercio, asociación
y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio
del Sáhara Occidental ya que, según el derecho internacional, es ilegal
cualquier actividad comercial con el Sáhara Occidental sin el consentimiento
del pueblo saharaui.
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