PRENSA ESPAÑOLA/SAHARA
OCCIDENTAL
“España no puede eludir su responsabilidad
con los saharauis”, Abdulah Uld El Arabi
El Polisario
apoya la reclamación de la nacionalidad de una mujer nacida en la ex colonia
española, Sahara Occidental
El rotativo
español El País en su edición de este lunes 8 de junio de 2020 hace eco a la polémica
sentencia del Tribunal Superior del Reino de España, respecto a la cuestión de
la nacionalidad española, para los ciudadanos saharauis que habían nacido en el
Sahara Occidental, siendo ésta colonia y provincia del Estado español. Caso que
ha levantado críticas desde el mundo jurídico español y político saharaui. Hoy
El País conversa sobre el tema con el representante del Frente Polisario para
España, el Sr. Abdulah Uld El Arabi.
Madrid El País,-“Los
saharauis no existen para la ley española. Los habitantes de ese pedazo de
desierto que, hasta hace solo 45 años, fue la última colonia española tienen
menos derechos que los descendientes de los sefardíes, expulsados hace cinco
siglos por los Reyes Católicos, que pueden obtener la nacionalidad española sin
haber pisado nunca España; o que los iberoamericanos, guineanos y filipinos,
que puede acceder a la ciudadanía con solo dos años de residencia legal. España
no reconoce a la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) y, por tanto, los
saharauis no existen. Son marroquíes o argelinos. O apátridas.
La Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo acaba de sentenciar que ni siquiera las 74.000
personas que vivían en el Sahara Occidental cuando en 1975 España inició un
proceso de descolonización aún inconcluso eran españoles, a pesar que tenían
DNI, pasaporte español y Libro de Familia, podían acceder a plazas de
funcionario en la Administración y combatir en las filas del Ejército, tenían
sus propios representantes en las Cortes franquistas y pudieron votar en el
referéndum convocado por la dictadura en 1966.
Sin embargo, el
Supremo ha fallado que, aunque Franco declaró el Sahara Occidental la provincia
número 53 de España, nunca fue territorio español y, por tanto, quienes allí
nacieron nunca adquirieron la condición de españoles; lo que les convertía en
apátridas de nacimiento.
Abduláh Arabi (El
Aaiún, 1966), representante del Frente Polisario en España desde enero pasado,
asegura que su movimiento lucha por la independencia del Sahara y, por tanto,
el reconocimiento de la RASD, pero apoya la reivindicación de aquellos
saharauis que “quieren recuperar una nacionalidad que les pertenece”.
Negar la
ciudadanía española a los habitantes de la excolonia, sostiene, es “negar la
evidencia. Hay documentos, DNI y pasaportes. España consideraba al Sahara su
provincia número 53. Es uno de los 17 territorios no autónomos que figuran en
la lista de la ONU como pendientes de descolonización”.
El propio Arabi
es un ejemplo: su padre, su madre y su hermano mayor eran saharuis y tenían la
nacionalidad española, pero él solo tenía nueve años cuando se produjo la
ocupación marroquí. Vivió allí hasta 1985, cuando escapó a España cruzando a
través de Ceuta y hoy es español, pero ha obtenido la nacionalidad como
cualquier extranjero, tras acreditar más de diez años de residencia legal, sin
que se tuviera en cuenta su vinculación familiar con España.
“Lo que nos
preocupa”, subraya, “es el trasfondo político de la sentencia. Tememos que, al
igual que España se ha desentendido de la resolución del conflicto político,
quiera también eludir su responsabilidad sobre los situación de los saharauis”.
El Polisario está
dispuesto a prestar apoyo jurídico a la saharaui a la que el Tribunal Supremo
ha negado la nacionalidad española, después de que la Audiencia de Baleares se
la reconociera, para que recurra al Constitucional e incluso al Tribunal de Estrasburgo.
Se apoyará en el voto particular de tres magistrados discrepantes del Supremo,
que sostienen que la ley de 1975 que legalizó la retirada de la metrópoli y el
decreto de 1976 que la sancionó no se pueden aplicar retroactivamente.
Este último daba
un año de plazo a los saharauis para que optaran por la nacionalidad española
pero esta medida, según el voto particular, carecía de validez, no solo porque
resultaba inaplicable bajo la ocupación militar de Marruecos, sino porque
suponía privar de la ciudadanía por un motivo que no contemplaba el Código
Civil de la época.
La sentencia del
Supremo ha llegado en un momento especialmente complicado en los campos de
refugiados de Tinduf. Los campamentos saharauis han conseguido mantenerse a
salvo del coronavirus, que se presentaba como una gravísima amenaza para su
frágil sistema sanitario. A día de hoy no se ha registrado ni un solo contagio,
pero el precio a pagar ha sido un férreo aislamiento.
El cierre de la
frontera ha supuesto una drástica interrupción de la llegada de la ayuda
humanitaria internacional, de la que los campamentos dependen para subsistir, y
eso ha provocado una “emergencia sanitaria y alimentaria”, en palabras de
Arabi.
Entre los
proyectos que han tenido que ser suspendidos figura Vacaciones en Paz, que
durante 47 años ha traído a miles de niños saharauis a pasar el verano con
familias españolas, reforzando el vínculo entre ambos pueblos. En 2019 fueron
más de 4.000, pero este verano no vendrá ninguno. Arabi explica que, para
compensar su ausencia, se facilitará que las familias españolas puedan
contactar con los niños a los que conocen de años anteriores y mandarles
paquetes. Pero no será lo mismo”.
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