La medida de Exteriores de
repatriar a los cooperantes españoles al sur de Argelia aísla aún más a esta
población confinada al exilio obligado desde hace 37 años.
Tras los secuestros el pasado
octubre de tres cooperantes en Rabuni, el centro administrativo de los
campamentos de refugiados saharauis, el Frente Polisario ha extremado las
medidas de seguridad con los extranjeros que viajan a esta parte del sur de
Argelia.
Los esfuerzos de las
autoridades saharauis se han notado en las épocas que más visitantes reciben
los campamentos: diciembre (durante el puente de la Constitución), abril (en
Semana Santa) y en mayo (con motivo del Festival de Cine del Sáhara). Decenas
de familias españolas aprovechan las equilibradas temperaturas del invierno y
la primavera para visitar a los niños y niñas que después acogen en sus casas
durante el verano.
Estas familias acuden, en
ocasiones, con sus propios hijos, para que conozcan de primera mano la vida en
el exilio de los refugiados del Sáhara y comprendan el conflicto. El ambiente
en el que conviven es de completa normalidad, y así lleva siendo desde la
década de los 80, cuando comenzaron los primeros programas de acogida de
menores saharauis.
Este último año, y a
consecuencia del secuestro de Ainhoa Fernández, Enric Gonyalons y Rosella Urru,
las medidas de seguridad impuestas por el Polisario han consistido en registrar
los datos de los extranjeros que viajan entre wilayas [provincias] así como del
guía y conductor que los acompaña y no permitir desplazamientos nocturnos. El
gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desplegó un gran cordón
de seguridad durante el Festival Internacional de Cine del Sáhara (Fisáhara), al
que acudieron cientos de personas y que sirvió para desmontar la imagen de
inseguridad en los campamentos.
El presidente de CEAS Sáhara, José
Taboada, ha recordado que el terrorismo sorprende la primera vez que actúa "como
sorprendió en Nueva York, Madrid y Londres". "Y en el Sáhara también
sorprendió, pero eso no volverá a pasar", ha dicho esta mañana en
declaraciones a la Cadena Ser.
Sobre el terreno, los
saharauis refugiados aseguran no sorprenderse de la decisión del Gobierno
español y sostienen con resignación que no es la primera vez que la clase
política española les abandona. Chej Muhftah, miembro de UJSARIO, la unión de
jóvenes del Frente Polisario, se pregunta qué pasa con los españoles que hay en
otros lugares como Somalia o Irán. "¿También les han repatriado?".
"Esos sitios son más inseguros", apunta Chej, a quien no le queda más
que concluir: "El ministro de Exteriores español parece que representa más
a Marruecos que a su propio pueblo".
Y es que la cuestión de fondo
que apuntan las organizaciones de ayuda al pueblo saharaui es la claudicación a
los intereses marroquís. Al reino de Mohamed VI le molesta la constante
presencia del ojo extranjero en los campamentos de refugiados y no permite las
visitas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde la vulneración
de los derechos humanos sobre la población saharaui es continua.
Exportar la causa saharaui más
allá de los límites geográficos de la hamada argelina y más allá de las
ciudades ocupadas por Marruecos es un inconveniente para el reino alauita. El
odio a los saharauis ya lo expresó Hassán II cuando inició la Marcha Verde en 1975
para ocupar los territorios recién abandonados por España: "Si el Frente
Polisario ataca la Marcha, los aplastaremos". Lejos de aplastarlos, los
saharauis defendieron su territorio en una guerra que les enfrentó a Marruecos
hasta 1991. Desde entonces, es notorio el saqueo y la vulneración de derechos a
la población que se quedó en esas ciudades.
Mientras, los refugiados que
viven al otro lado del desierto no temen por su vida, pero las nuevas
generaciones crecen con importantes carencias alimenticias y con escasas
posibilidades de desarrollar una vida independiente en el futuro. Jóvenes
refugiados como Chej se forman en el extranjero y a su regreso a los
campamentos solo encuentran frustración. El trabajo de los cooperantes en este
lugar es vital para garantizar los derechos que tiene una población a la que se
la lleva negando desde hace mucho tiempo un principio básico para el desarrollo
de los pueblos: la autodeterminación.