La retirada forzosa de los
cooperantes en los campos de Tinduf es la puntilla a la ayuda de cooperación
por parte del Gobierno de Rajoy, que ni coopera ni deja cooperar. Al recorte
salvaje de más del 65% en ayuda al desarrollo, esto es, casi 1.300 millones de
euros menos, se suma ahora la expulsión de quienes aportan su esfuerzo, tiempo
y dinero a quienes los sucesivos Gobiernos españoles han dado siempre la
espalda: el pueblo saharaui.
Y subrayo los términos
“expulsión” y “forzosa” porque no se puede llamar de otro modo el ejercicio de
repatriación realizado por la cartera de García-Margallo. Exigir a quienes se
queden en los campamentos de refugiados, donde los saharauis llevan condenados 37 años, que firmen un documento
que exima de cualquier responsabilidad al Gobierno español, es una extorsión. Y
es lo que el Gobierno ha hecho con el único cooperante que ha decidido no
claudicar a la desinformación gubernamental, que habla de “motivos fundados” y
ni siquiera a los expulsados ha dado mayores explicaciones.
Ya hace nueve meses, cuando
fueron secuestrados los cooperantes Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, el
Gobierno desaconsejó cualquier tipo de desplazamiento a los campamentos de
refugiados donde, hoy más que nunca y tras los recortes en la ayuda humanitaria,
se necesitan a las ONGs y activistas. No hizo lo mismo el Ejecutivo de Rajoy
cuando estalló la bomba en plena plaza de Marrakech en Marruecos; entonces, no
desconsejó evitar el turismo en el reinado de Mohamed VI porque eso habría
creado un conflicto diplomático con el sultán.
Pero el Sáhara Occidental es
diferente, porque al Gobierno de España le importa un comino la diplomacia con
el pueblo saharaui, al que lleva 37 años ninguneando. Sin embargo, olvidan en
Moncloa -con demasiada frecuencia- que los incidentes diplomáticos también se
dan en la ciudadanía, que cada vez representa un país distinto al que Rajoy y
su equipo creen gobernar.