¿De dónde viene este Informe,
quién ordena su elaboración, quién lo hace y a quién lo dirige?
Este Informe viene de la Ley
de Asignaciones Presupuestarias de diciembre de 2012, aprobada por el Congreso
de EE.UU. Dicha Ley, ordenaba al Departamento de Estado americano a que presentara
un Informe sobre las medidas adoptadas por Marruecos, en relación a:
1).- El respeto a los derechos
de las personas a expresar pacíficamente sus opiniones acerca de la situación y
el futuro del Sahara Occidental; y
2).- Permitir el acceso sin
trabas, al territorio del Sahara Occidental, de las organizaciones de DD.HH,
periodistas, representantes de gobiernos extranjeros,
Todo ello, antes de cumplir
las obligaciones de los fondos consignados por la SFO (State Foreign
Operations), bajo el título de “Financiación Militar Extranjera”.
O dicho más claro, el Congreso
quiere que la ayuda militar que se ofrece a Marruecos esté condicionada a las
dos cuestiones planteadas.
En su Informe de contestación,
el Departamento de Estado, utiliza un lenguaje rotundo y claro. Destacamos estas
frases, extraídas del Informe:
-“El Reino de Marruecos reclama su soberanía sobre el Sahara Occidental,
una posición que no es aceptada por la comunidad internacional”.
- “El Sahara Occidental sigue bajo la autoridad de facto administrativa
del Reino de Marruecos, a pesar de que el Reino de Marruecos no es reconocido,
por la ONU, como Potencia administradora del Sahara Occidental”.
Ya entrando en harina, el
Informe, concluye que:
“Las condiciones generales de los derechos humanos en el territorio
plantean una serie de graves preocupaciones, incluidas las limitaciones a la
libertad de expresión y reunión, el uso de la detención arbitraria y malos
tratos físicos y verbales de los detenidos durante las detenciones y
encarcelamientos”.
En el apartado bajo el título
de Derechos de las personas a expresar sus opiniones sobre el Sahara
Occidental, el Informe, dice:
-El Reino de Marruecos se refiere a los desafíos a su integridad
territorial como un grave atentado a la seguridad estatal. Por lo que, añade el
Informe;
-Hay continuas restricciones, en particular, sobre los derechos de
reunión pacífica y la publicación, por cualquier medio, de opiniones que
defiendan la independencia o un referéndum que incluya la independencia como
opción;
-Las manifestaciones o cualquier acto a favor de la independencia está
estrictamente prohibido por la ley;
-Los arrestados por protestar contra la incorporación del Sahara
Occidental a Marruecos no reciben un juicio público justo;
-La distribución de panfletos a favor de la independencia o de un
referéndum que incluya la independencia como opción está prohibida
-El gobierno deniega el acceso a los sitios webs considerados como
controvertidos, como los que defienden la independencia;
-Las ONGs locales a las que, la Administración marroquí, considera que
no tienen un compromiso con la ‘marroquinidad’ del Sahara tienen dificultades
para registrarse y operar libremente;
-Las ONGs no registradas legalmente no pueden tener acceso a los fondos
públicos u obtener financiación y tienen dificultades para obtener espacio para
reuniones pacíficas;
-El Código de Prensa enumera las amenazas al Orden Público como una
razón para la censura y el gobierno tiene la capacidad para revocar y suspender
licencias y confiscar las publicaciones.
En el apartado de
Documentación de violaciones de DD.HH, el Informe concluye que a pesar de la
existencia de dos oficinas del Consejo Nacional de DD.HH, una en El Aaiún y, la
otra, en Dajla, Marruecos, sigue negándose a hacer público el Informe de 2011
de ese mismo CNDH, ello a pesar de que los funcionarios estadounidenses han
instado al Reino de Marruecos a que haga públicos los Informes, incluida, la
información específica sobre el Sahara Occidental.
En otro apartado, bajo el
título de El acceso al Sahara Occidental por las organizaciones de derechos
humanos, periodistas y representantes de gobiernos extranjeros, el Informe
dice:
Funcionarios de EE.UU y diplomáticos de terceros Estados viajan con
regularidad al Sahara Occidental para reunirse con activistas saharauis, con
funcionarios de la ONU (MINURSO) y con funcionarios del Reino de Marruecos. Y
que las observaciones de esos funcionarios estadounidenses y sus conversaciones
con los activistas saharauis componen el Informe Anual sobre DD.HH que publica
el Departamento de Estado. Además de ello, una reciente visita de la ONG Centro
RFK, se concluye que existen graves violaciones de DD.HH en el territorio.
Así, la legislación marroquí,
- Prohíbe a los ciudadanos expresar su oposición a la posición oficial
con respectos a la integridad territorial y el Sahara Occidental;
-La mayoría de los medios de comunicación y bloggers practican la
autocensura en esos temas;
-Algunos bloggers se sienten vigilados constantemente por las
autoridades, por lo que tienen que ocultar su identidad;
-El gobierno impone estrictos procedimientos que limitan
considerablemente la capacidad de las ONGs y los activistas para reunirse con
periodistas;
-Los periodistas extranjeros necesitan la aprobación oficial previa del
Ministerio de Comunicación antes de reunirse con las ONGs independentistas;
-El Reino de Marruecos rechaza la presencia permanente de la Oficina del
ACNUDH y la ampliación del mandato de la MINURSO para que se ocupe de los DD.HH
En fin, esto parece confirmar
esa teoría según la cual, todo cuanto acontece fuera de Rabuni nos favorece,
pero todo lo que hacemos nosotros en Rabuni (la gestión de nuestros
responsables) nos desfavorece.
Haddamin Moulud Said.
En Valencia, a 8 de octubre de
2012.