Condenas de cárcel para los
acusados de la muerte de 11 soldados tras un asalto en el Sáhara ocupado.
Nueve condenados a cadena
perpetua, dos que cumplirán 30 años en prisión, ocho condenados a 25, dos a 20
y otros dos que ya han cumplido su condena en el periodo de detención
preventiva. El veredicto del tribunal militar que juzgaba a 24 saharauis por
los sucesos durante el desalojo del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las
afueras de El Aaiún, ha servido al Gobierno de Marruecos para lanzar un mensaje
contundente al pueblo saharaui y a la comunidad internacional.
El proceso, que se ha demorado
“innecesariamente”, según la defensa de los 24 activistas, ha mostrado la cara
más punitiva de un régimen al que no le influyó la exigencia por parte del
Parlamento Europeo de que se liberase a todos los presos políticos saharauis en
las vísperas del juicio a los 24 prisioneros acusados por la muerte de 11
soldados marroquíes durante el asalto del Ejército al campamento, que tuvo
lugar el 8 de noviembre de 2010. Una batalla de la que, a día de hoy, todavía
no se conocen cifras independientes de fallecidos entre los habitantes del
campamento: el Frente Polisario habla de 19 personas fallecidas y miles de
heridos mientras que Thawra, una iniciativa que agrupa a varios colectivos
solidarios con el Sáhara que fue testigo del ataque a través de dos de sus
integrantes, calcula que el número de muertes pudo superar el centenar. El
Gobierno de Marruecos no reconoce otras estimaciones que las suyas, en las que
no hay ningún fallecido saharaui.
Un juicio señalado
El dictamen del tribunal
militar, que se conoció el 18 de febrero, ha provocado la repulsa de numerosos
grupos de defensa de los derechos humanos y concentraciones que, en España, se
convocaron frente al Ministerio de Exteriores, unas horas después de que el
ministro de Industria, José Manuel Soria, hablase del “alto grado de
entendimiento” entre España y Marruecos en el marco de un foro económico.
La Fundación Sáhara Occidental
ha presentado un amplio dossier en el que analizan las circunstancias en las
que se produjo el juicio, que consideran “nulo de pleno derecho”. Al margen del
conflicto de competencias en el que se llevó a cabo el proceso, ya que la
soberanía de Marruecos sobre el territorio de Sáhara Occidental no está
reconocida por ningún Estado, las dudas planean sobre la instrucción del caso y
sobre un tribunal de excepción que ha omitido “las garantías de un proceso
legal”. La Fundación Sáhara Occidental denuncia la vulneración del derecho de
defensa, ya que no se han investigado las denuncias de tortura por parte de los
condenados, a través de las cuales, supuestamente, se obtuvieron las
confesiones.
Violaciones sexuales y
torturas “inimaginables” por parte de militares y paramilitares en distintos
momentos y lugares, que han sido sucedidos, ya en la Corte, por la negación de
prácticas de pruebas exculpatorias, o para la demostración de la tortura y
otros defectos que para esta fundación convierten este proceso en un juicio
político, celebrado en condiciones de excepción, contra personas que fueron
seleccionadas por su participación en comités de defensa de los derechos
humanos o miembros de la Comisión de negociación de Gdeim Izik sin relación con
los hechos.
Tras conocerse el veredicto, el
Frente Polisario ha anunciado la movilización del pueblo saharaui y ha hablado
de “provocación” por parte del Estado marroquí.