La severa condena de 24
saharauis por matar a once policías se basa en pruebas muy endebles
El campamento de protesta de
Gdim Izik, en las afueras de El Aaiún, fue la mayor demostración saharaui desde
que España entregó a Marruecos su última colonia en 1975. A partir de mediados
de octubre de 2010, unos 20.000 saharauis se concentraron allí pacíficamente
para plantear reivindicaciones sociales. En la madrugada del 8 de noviembre, las
fuerzas de seguridad marroquíes asaltaron el campamento. En la operación y en
los posteriores enfrentamientos en El Aaiún murieron 11 antidisturbios y dos
civiles saharauis. Previamente, un joven murió en un control por el disparo de
un gendarme.
Veintisiete meses después de
aquellos hechos, 24 activistas saharauis, entre ellos un intelectual como Naama
Asfari, han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat. Excepto en dos
casos, las condenas por “violencia sobre agentes del orden con resultado de
muerte” han resultado severas: 8
a cadena perpetua, 4 a 30 años y 10 a penas de entre 20 y 25
años.
Las apariencias pueden ser
engañosas. Los abogados de la defensa y sus clientes pudieron explayarse ante
el tribunal. Los activistas defendieron incluso con argumentos, y también a
gritos, el derecho a la autodeterminación. Había observadores internacionales
presentes en la sala.
Pero, más allá de las formas, los
activistas fueron juzgados por una jurisdicción de excepción respecto a la que,
en la práctica, no cabe recurso. El tribunal se negó a investigar las denuncias
de tortura que formularon los acusados. Las condenas se fundamentan en las
confesiones ante la policía judicial, que los activistas dicen inventadas o
arrancadas bajo tortura. En las armas con las que fueron abatidos los
antidisturbios no aparecen las huellas dactilares de los acusados, ni tampoco
se les reconoce en un vídeo del asalto proyectado en la sala de audiencia a
instancias de la fiscalía.
El desarrollo del mayor juicio
de saharauis desde que Rabat administra el territorio muestra que si en
Marruecos los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente, en el
Sáhara lo son mucho más.
El conflicto del Sáhara
volverá en abril a la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU. Es hora de que, para
lograr un mayor respeto de los derechos humanos en ese territorio, el
contingente de la ONU (Minurso) allí desplegado se encargue de supervisar su
aplicación, como lo hacen otras muchas fuerzas de paz.