*Fuente: Observatorio Aragonés
para el Sahara Occidental
Bucharaya Beyun, representante
en España de la República Arabe Saharaui Democrática, Ali Salem Tamek,
activista saharaui defensor de los derechos humanos en los territorios
ocupados, Rafael Antorrena, de la Asociación Um Draiga de Amigos del Pueblo
Saharaui en Aragón y Luis Mangrané Cuevas, vicepresidente del Observatorio
aragonés para el Sáhara Occidental, trasladaron el pasado viernes a los
parlamentarios aragoneses integrantes de la Ponencia Paz para el Pueblo
Saharaui su preocupación por la situación creada por el juicio contra
veinticinco saharauis detenidos en los sucesos acaecidos en el campamento de
Gdeim Izik
Ali Salem Tamek,
vicepresidente del Colectivo Defensores Saharauis de los derechos humanos
(CODESA), hizo llegar a los parlamentarios aragoneses su denuncia por el juicio
contra veinticinco saharauis detenidos en los sucesos acaecidos en el
campamento de Gdeim Izik, que han sido condenados a penas que van desde cadena
perpetua a 20 años de cárcel.
Salem ha calificado el proceso
de “juicio político” al ser los detenidos activistas saharauis por la
autodeterminación del Sáhara Occidental, y ha recalcado que “es un juicio
ilegal, ya que no hay pruebas y los detenidos son civiles que han sido juzgados
por un tribunal militar”, lo que demuestra, en palabras del compareciente, que
“Marruecos no respeta los derechos humanos y está muy lejos de la imagen que
trata de proyectar cómo país con un estado de derecho avanzado que respeta las
leyes y los derechos humanos”.
Salem ha expresado también su
convencimiento de que “la sociedad española apoya la causa saharaui” y “cree
pero que el Gobierno central no actúa, aunque debería hacerlo, ya que si es
realmente un Gobierno democrático debería escuchar a sus ciudadanos”, añadiendo
que “también debería prestar oídos a sus antiguos ciudadanos”.
En la Ponencia han intervenido
en representación de las Cortes de Aragón, y de sus respectivos grupos
parlamentarios, los diputados Eduardo Peris (PP), Carlos Tomás (PSOE), Manuel
Lorenzo Blasco (PAR), José Luis Soro (CHA) y Patricia Luquín (IU).
Los integrantes de la Ponencia
aprobaron por unanimidad la siguiente declaración institucional:
LA PONENCIA PAZ PARA EL PUEBLO
SAHARAUI
La Ponencia Paz para el Pueblo
Saharaui presenta esta PROPUESTA DE RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de noviembre de 2010 el
Campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, organizado por miles de
personas saharauis para protestar por sus deplorables condiciones de vida, fue
disuelto violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes causando
víctimas y desaparecidos.
Este campamento de más de
20.000 personas pretendía denunciar la situación en que viven los y las
saharauis en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, último territorio
de África pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. Una situación de continuas violaciones de derechos
humanos, expoliación de sus recursos naturales, detenciones arbitrarias,
desapariciones y torturas.
En lo que se ha venido en
reconocer como el inicio de la Primavera Árabe, con esa disolución violenta por
parte de la fuerza ocupante marroquí, el régimen de Marruecos procedió a
detener y a obtener declaración bajo tortura a 24 saharauis para
responsabilizarlos de la hipotética muerte de agentes marroquíes en los
acontecimientos de la violenta disolución de Gdeim Izik.
Posteriormente, y a pesar de
no tener jurisdicción sobre el Territorio no Autónomo del Sahara Occidental, el
régimen marroquí procedió a juzgarlos en un tribunal militar que a juicio de
numerosos observadores internacionales no contó con las debidas garantías por
falta de pruebas.
Las armas con las que
supuestamente fueron asesinados los agentes carecían de huellas dactilares de
los acusados. Además, sólo se practicó una prueba forense y no se realizó
ningún test de ADN. Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el
tribunal militar marroquí condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a
cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez a penas de entre 20 y 25 años y a los
dos últimos a dos años de cárcel.
Estas durísimas penas suponen
un nuevo atentado contra el pueblo saharaui, contra su derecho de autodeterminación
y su existencia, ya que se trata de un pueblo sometido permanentemente a
violaciones por parte de la fuerza ocupante marroquí.
Diferentes instituciones
europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo han venido
sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la Misión de las
Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO, Misión de Naciones Unidas para
el referéndum en el Sahara Occidental), monitorice el respeto a los derechos
humanos del pueblo saharaui.
El pasado 7 de febrero, la
última sesión del Parlamento Europeo aprobó su mandato para la XXII sesión del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a celebrar en Ginebra del 25 de
febrero al 22 de marzo donde se solicita, además de una solución justa y
duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de
autodeterminación, la libertad de todos los presos políticos saharauis.
ResolucióndelParlamento
Europeo, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22º período desesionesdel Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013/2533(RSP))[1]
21. Manifiesta su preocupación por el hecho de
que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide que se
protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos
la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de
manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis;
saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la
necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos
humanos en el Sáhara Occidental; apoya una solución justa y duradera del
conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de
conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas;
Por todo lo anteriormente expuesto,
acuerda adoptar la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
- Suscribir el mandato del
Parlamento Europeo a la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas y exigir al reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos
saharauis, incluido el Grupo de 24 presos de Gdeim Izik, recientemente condenados por un tribunal
militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos fundamentales
del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional de
seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar una
solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones
de las Naciones Unidas.
- Enviar el presente acuerdo al
Ministro de Asuntos Exteriores, Embajador de Marruecos en Madrid, al Presidente
del Congreso de Diputados, al Presidente del Senado, Presidente del Parlamento
Europeo, Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y
Respuesta a las Crisis y a la Alta Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.