.jpg)
Resulta preocupante que las
autoridades no hayan hecho tampoco el menor caso a las denuncias de tortura y
confesiones obtenidas bajo coacción de los acusados saharauis.
Ann Harrison, directora
adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía
Internacional
AMNISTIA INTERNACIONAL 18/02/2013
Las autoridades marroquíes
deben recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas
garantías a 25 saharauis e investigar exhaustivamente sus denuncias de tortura,
ha manifestado hoy Amnistía Internacional después de que un tribunal militar
les impusiese largas penas de prisión.
El domingo, el Tribunal
Militar de Rabat impuso nueve penas de cadena perpetua y condenó a otros 14
acusados a entre 20 y 30 años de prisión. Otros dos acusados quedaron en
libertad tras cumplir en detención preventiva la pena de dos años de prisión
que les fue impuesta.
Las sentencias condenatorias
se refieren a los actos de violencia que se produjeron durante y tras el
desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del
campamento de protesta de Gdim Izik en noviembre de 2010, durante los cuales
murieron 11 integrantes de las fuerzas de seguridad y dos saharauis.
“Las autoridades marroquíes
han hecho oídos sordos a los llamamientos para que se juzgue a los acusados en
un tribunal civil independiente e imparcial. En su lugar, han optado por un
tribunal militar donde los civiles nunca son juzgados con las debidas
garantías”, ha declarado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para
Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Resulta preocupante que las
autoridades no hayan hecho tampoco el menor caso a las denuncias de tortura y
confesiones obtenidas bajo coacción de los acusados saharauis.”
“El uso de tribunales
militares, agravado por el hecho de que las denuncias de tortura no se han
investigado, pone seriamente en duda la intención de las autoridades marroquíes
y si les preocupa más conseguir una sentencia de culpabilidad que que se haga
justicia.”.
Los acusados han asegurado
reiteradamente que fueron torturados y sometidos a otros malos tratos mientras
se encontraban recluidos, y que los coaccionaron para que firmasen las
declaraciones, pero no hay informes de que se haya abierto una investigación
oficial sobre estas denuncias.
Amnistía Internacional pide
una investigación independiente sobre las denuncias de tortura, y que el
tribunal desestime toda prueba obtenida bajo tortura o coacción.
Los abogados de los detenidos
han asegurado que impugnarán las sentencias ante el Tribunal de Casación.
Algunos de los cargos
presentados contra los acusados —entre los que figuran miembros de
organizaciones de la sociedad civil y activistas políticos saharauis— son los
de pertenencia a una organización criminal, violencia contra un funcionario
público y profanación de un cadáver.
El 8 de noviembre de 2010 se
produjo un estallido de violencia cuando las fuerzas de seguridad marroquíes
trataron de sacar por la fuerza a las personas que se encontraban en el
campamento de protesta de Gdim Izik, situado a unos kilómetros al este de la
ciudad de El Aaiún, en el territorio bajo administración marroquí del Sáhara
Occidental, y desmantelarlo.
El campamento había sido
levantado a principios de octubre de ese año por saharauis que protestaban
contra lo que consideran marginación y pedían trabajo y una vivienda adecuada.
Durante el estallido de
violencia y con posterioridad, las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 200
saharauis. En diciembre de 2010 se practicaron nuevas detenciones.
Más de dos años después, y
pese a los insistentes llamamientos de Amnistía Internacional y otros, las
autoridades marroquíes siguen sin abrir una investigación independiente e
imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en relación
con los sucesos ocurridos el 8 de noviembre de 2010.