MADRID // Una confesión obtenida bajo
tortura y un cuestionable testimonio de otro acusado, probablemente arrancado
con los mismos métodos, han bastado para que el tribunal de apelación de la
ciudad de Salé (Marruecos) condenara este miércoles a cinco años de cárcel por
terrorismo yihadista a un saharaui de 27 años, Mohamed Dihani, cuya “liberación
inmediata” reclama incluso el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de
Naciones Unidas.
Dihani lleva ya más de tres años en la
cárcel pero, antes de ingresar en prisión, estuvo secuestrado seis meses sin
orden judicial y sin que mediara acusación alguna, tal y como considera probado
ese Grupo de Trabajo. Cuando finalmente su familia supo que estaba detenido,
tras meses de búsqueda desesperada e infructuosa por comisarías y hospitales,
los cargos que se incoaron contra él fueron dignos de una película de acción de
bajo presupuesto.
A este joven saharaui sin antecedentes que
se buscaba la vida comprando piezas de coche en Mauritania para revenderlas en
el Sáhara, se le acusó de haber ideado un ambicioso plan para hacer descarrilar
un tren en Italia, un país en el que había residido varios años, amén del
propósito de asesinar a un miembro indeterminado de la Curia romana, nada menos
que lanzando un misil contra San Pedro del Vaticano.
Por estos cargos rocambolescos, y sin que
hubiera tampoco ninguna prueba material, Dihani fue condenado en primera
instancia a diez años de cárcel por terrorismo, pena que después fue rebajada a
seis años en un primer juicio en apelación. En el juicio que se celebró el
miércoles, por orden del Tribunal Supremo de Marruecos que ordenó la repetición
del juicio en segunda instancia, los jueces podían condenar al joven a una pena
de entre “uno y cinco años”, explica Luis Mangrané, el jurista que asistió al
juicio en representación del Consejo General de la Abogacía Española y del
Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental.
Como suele suceder en los casos de saharauis
“que se enfrentan al Estado marroquí”, deplora el abogado, el tribunal condenó
a Mohamed Dihani a la pena máxima: cinco años. Y ello pese al dictamen de la
ONU que reclama su “liberación inmediata” e insta a Marruecos a investigar las
torturas que denuncia el joven.
“El tribunal tardó sólo veinte minutos en
dictar sentencia. Creemos que, en realidad, la sentencia estaba dictada de
antemano”, explica el jurista.
“Todo ha sido un montaje”
El caso de Dihani es, en opinión de
Mangrané, “paradigmático” de la estrategia de Marruecos de tratar de relacionar
a los saharauis y al Frente Polisario con el terrorismo como vía de
desacreditar al movimiento en pro del derecho a la autodeterminación de la que
fuera colonia española hasta 1975.
En el dictamen del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzosas de la ONU sobre este caso -un documento del que el
tribunal marroquí ha hecho caso omiso- se recoge la denuncia del joven, que
asegura que durante su desaparición Marruecos trató de enrolarlo en sus servicios
secretos con el fin de servirse de él para relacionar al Frente Polisario con
una célula terrorista yihadista.
Recluido en secreto en el centro de
detención de la DST (Dirección de Vigilancia del Territorio en sus siglas en
francés) en Temara, cerca de Rabat, Dihani sufrió palizas constantes,
humillaciones, privación de sueño y amenazas de violación. La salida que los
agentes de la inteligencia marroquí ofrecieron al joven para escapar de tales
tormentos fue la de trabajar para ellos, convirtiéndose en portavoz de dicha
célula terrorista montada y financiada por los servicios de inteligencia
marroquíes.
De acuerdo con su relato, Marruecos
pretendía servirse de él para señalar diversos objetivos en el Sáhara
Occidental y Europa en nombre del Polisario y de Al Qaeda. De esta manera,
Marruecos conseguiría afianzar ante la opinión pública internacional su
acusación, nunca probada, de que la organización saharaui mantiene vínculos con
el terrorismo yihadista. Al principio el joven aceptó el montaje para escapar
de la tortura, pero después se echó atrás, lo que selló su condena inicial a
diez años de cárcel.
Sin embargo, en éste como en otros casos,
el proceso ha estado plagado de irregularidades desde el principio. Para
empezar, la desaparición forzosa y las torturas, que no han sido investigadas,
señala Mangrané. También la falta de pruebas y un aspecto que arroja serias
dudas sobre los cargos que se incoaron contra el joven, como es que acusaciones
como la de querer atentar con misiles contra el Vaticano no dieran lugar a
algún tipo de petición de información ni
investigación a las autoridades italianas y vaticanas.
Tampoco figura en el auto de acusación de
la Fiscalía cómo se iba a financiar este supuesto atentado, ni de dónde
procedían unos explosivos de los que no hay rastro, aspectos todos que, para
Luis Mangrané, demuestran que “todo ha sido un montaje”.
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