Jadiyetu El Mohtar. Representante de la
Unión Nacional de Mujeres Saharauis en la Delegación Nacional de España en
Madrid.
El 14 de noviembre se cumplirán 39 años de
la firma del Acuerdo tripartito de Madrid ,”la venta del Sahara Occidental”
entre España, Marruecos y Mauritania. Este año también se celebra en Madrid una
conferencia Europea de Solidaridad con el pueblo saharaui ( EUCOCO),los días 14
y 15 de noviembre y , se clausurará con una marcha multitudinaria en el corazón
de Madrid para condenar los Acuerdos Tripartitos y exigirá a España su
responsabilidad en el conflicto que ha hecho sufrir a los saharauis el exilio y
la represión durante casi 4 décadas
Este Acuerdo Tripartito se compone de una
declaración política y varios anexos secretos a través del cual se estipula la
transferencia temporal por parte de España de la administración del Sahara
Occidental a Marruecos y Mauritania.
La validez jurídica de este acuerdo es
ilegal y ha sido cuestionada por el Secretario General Adjunto de Asuntos
Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas Hans Corell, en un
importante dictamen del 29 de enero de 2002 sobre la legalidad de los acuerdos
petrolíferos firmados por Marruecos.
Lo cierto es que las Naciones Unidas no han
considerado ni a Marruecos (ni, en su momento, a Mauritania) como potencia
administradora del territorio del Sahara Occidental, que sigue figurando en la
lista de la ONU como único territorio español pendiente de descolonización y,
por ello, tiene sobre el terreno a la Misión de Naciones Unidas para el Referendo
en el Sahara Occidental (MINURSO).
Por tanto es de obligada observancia el
derecho de la población autóctona saharaui a la autodeterminación, y tal
derecho debe plasmarse en la celebración de un referéndum libre, democrático y
transparente en el cual figure la opción de la independencia o la integración
en Marruecos.
Marruecos no tiene soberanía sobre el
Sáhara Occidental. Marruecos es una simple potencia ocupante y, por lo tanto,
su presencia en el Sáhara Occidental es ilegal. La negativa del Régimen
marroquí a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental constituye,
según la propia doctrina de Naciones Unidas, una amenaza a la paz y seguridad
internacional y un crimen contra la Humanidad.
El Sáhara Occidental tiene una doble
naturaleza jurídica internacional, es un Territorio No Autónomo, pero también
es un Territorio ocupado militarmente. Por ello debe quedar sometido a los
parámetros jurídicos del Derecho Internacional Humanitario y a la aplicación
del IV Convenio de Ginebra de 1949, Convenio del que el propio Marruecos es
Parte desde 1957.
España, que le había otorgado la categoría
de provincia número 53 al territorio del Sáhara Occidental y cuyos habitantes
tenían y siguen teniendo la ciudadanía española, era la potencia administradora
por mandato de la ONU, y se había comprometido a realizar un referéndum de
autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas. Ante las pretensiones
anexionistas de Marruecos, a mediados de octubre de 1975 la Corte Internacional
de Justicia de La Haya sentenció que Marruecos carecía de título de legitimidad
alguno sobre el territorio y la población saharaui. Hasán II reaccionó entonces
lanzando su llamada “Marcha Verde” camuflando una ocupación manu militari,
dentro de una gran marcha “civil y pacífica” y que sembró el terror y la muerte
en el Sahara desde entonces.
España es la antigua potencia colonial en
el Sáhara Occidental, y las Naciones Unidas la consultan y la seguirán
consultando en la búsqueda de una solución a este conflicto .El Consejo de
Seguridad de la ONU acaba de renovarse con
la elección de nuevos miembros que comenzarán sus funciones a partir de
enero de 2015 y entre ellos está España. España ha ocupado los escaños del CS
en 2003-2004. Esta vez entra en el CS en representación de los países europeos
y por lo tanto su posición es de una importancia vital para el pueblo saharaui.
La nueva composición del Consejo de
Seguridad es importante tanto para Marruecos como para los saharauis porque el
tema del Sahara Occidental se trata dos veces al año y se somete a debate.
Esperamos que España como miembro no
permanente del CS adopte una posición clara y firme en el conflicto del Sáhara
Occidental y abandone su clásica posición en apoyar la autodeterminación
seguida de la coletilla “y una solución mutuamente aceptada por las partes”,
pero sin imponer ninguna solución a Marruecos
España tiene que asumir y debe asumir que
la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la
población saharaui se haya expresado válidamente”. Así se expresó en febrero de
1976 Jaime de Piniés, embajador de España ante Naciones Unidas, coincidiendo
con la retirada española del Sahara .Estas mismas palabras siguen siendo en
2014 tan legítimas como ayer y, es que una resolución del conflicto que no pase
por el sufragio universal de los saharauis, no será una solución ni justa ni
definitiva.
Los diferentes gobiernos de la democracia
española se justifican ante su opinión pública alegando que el Gobierno español
de Arias Navarro era débil y la situación política lo tenía aturdido y asustado
.No queremos pensar que desde entonces todos los gobiernos del Estado español
siguen siendo débiles, aturdidos y asustados.
El Consejo de Seguridad tendrá que volver a
pronunciarse sobre el conflicto la próxima primavera, un momento en el que
España ya forma parte del órgano como miembro no permanente. Las perspectivas
de solución siguen siendo que España asuma sus responsabilidades como potencia
administradora del Sáhara Occidental y sólo así el conflicto se solucionará.
Sería ignominioso que de nuevo un gobierno español, miembro no permanente del
Consejo de Seguridad, ponga su sello a un siglo de traición.
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