El coordinador general de IULV-CA, Antonio
Maíllo, de visita desde el pasado martes en los campamentos saharauis en
Tinduf, al sur de Argelia, ha participado este jueves en la entrega de una
nueva denuncia ante Naciones Unidas por parte de siete organizaciones sociales
y jurídicas, entre ellas la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara,
contra el Gobierno español por la venta "ilegal" de armas a
Marruecos, "al ignorar que el reino alauí viola los derechos humanos de
civiles". Ampliar foto
Según un comunicado, remitido por dichas
organizaciones, Maíllo ha asegurado que España tiene mucho más que hacer para
afrontar una salida justa al conflicto saharaui. "Hay que evitar amenazas
como las que se derivan de la venta de armas y, sobre todo, hacer una apuesta
ambiciosa para reordenar las relaciones con Marruecos, promoviendo la política
de buena vecindad en condiciones de respeto mutuo y de apoyo a la paz", ha
apuntado.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Abdeslam Omar, ha
indicado que las armas han matado "a miles de mujeres, niños y personas
inocentes desde el inicio de la invasión marroquí, hace hoy 39 años" y
que, lamentablemente, muchas de esas armas son españolas.
En su opinión, España también es
"cómplice" de los crímenes que están ocurriendo después de esa fecha,
"cuando las víctimas no tenían otra nacionalidad que la española, por
vender y regalar armamentos al ejército marroquí contra el pueblo saharaui, por
condecorar a sus torturadores y por silenciar las graves violaciones cometidas
contra ciudadanos españoles".
Aprovechando que este jueves se cumple el
39 aniversario de la Marcha Verde que materializó la ocupación militar del
Sahara Occidental, siete organizaciones sociales y jurídicas han presentando la
quinta denuncia al Gobierno español para intentar paralizar las autorizaciones
de exportación de armamento español a Marruecos.
Lo han hecho por primera vez de forma
simultáneamente en los campamentos saharauis de Tinduf y en Madrid para dar una
dimensión internacional a esta iniciativa cuyo alegato fundamental es que el Gobierno
español está vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas
transacciones en los casos en que existan indicios racionales de que el
material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o
violación de los derechos humanos.
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