Hassanna-aalia Hassanna Aalia, junto al abogado Javier Canivell y Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. (ARGAZKI PRESS) |
Tras cinco años, la Audiencia Nacional
española ha reconocido el estatus de refugiado político al activista saharaui
Hassanna Aalia, que en una rueda de prensa en Bilbo se ha mostrado emocionado y
ha dado gracias a quienes le han apoyado. «Lo celebraré cuando todos los presos
y refugiados saharauis sean libres».
La Audiencia Nacional española ha
reconocido el estatus de refugiado político de Hassanna Aalia. El activista
saharaui ha estado cinco años luchando por conseguirlo, frente a la reclamación
de Marruecos para su extradición y la orden de expulsión emitida por el Estado
español.
El joven saharaui ha agradecido el apoyo
recibido durante este largo proceso de cinco años y se ha mostrado emocionado
por la noticia. Sin embargo, ha remarcado que lo celebrará «cuando todos los
presos y refugiados saharauis sean libres».
«Ha sido un proceso muy largo y duro,
aunque muy bonito a su vez, ya que me he sentido acompañado y apoyado por
muchas personas, organizaciones e instituciones durante estos cinco años», ha
manifestado el activista. La sentencia es aún recurrible ante el Tribunal
Supremo. A este respecto, ha afirmado que si se recurre «habrá otros intereses
por encima del derecho de asilo» y ha reconocido que la actitud del Gobierno
español está mediatizada por intereses políticos y no jurídicos. Hassanna Aalia
ha reivindicado el derecho a asilo para todas las personas.
El abogado Javier Canivell, a quien se
notificó el lunes la sentencia, ha explicado que ahora el Ejecutivo español
tiene 30 días hábiles para recurrir. «Aunque es una gran noticia, tenemos que
recordar que lamentablemente no suele ser habitual la concesión de la
protección para las y los saharauis», ha lamentado, al tiempo que ha pedido que
se facilite la llegada a la UE de refugiados, retirando valla y concertinas.
Condenado a cadena perpetua
Aalia fue condenado en ausencia a cadena
perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 por participar en el
campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik.
Sin embargo, el Ministerio de Interior
español rechazó admitir a trámite su petición de asilo en el Estado español,
una denegación que implica la salida obligatoria del territorio. El activista,
con apoyo de CEAR Euskadi, recurrió al tribunal especial, que el 26 de marzo
estableció como medida cautelar que el joven permaneciese en el Estado hasta
que su recurso se resolviese.
En octubre del año pasado, la Audiencia
Nacional decidió paralizar la expulsión hasta que se resolviese el caso.
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