Contramutis, por Alfonso Lafarga / 07 de diciembre
de 2017
El presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy, pidió el 18 de noviembre de 2017 la liberación de las personas que
sufren privación de libertad por sus ideas y actividades políticas; los presos
políticos según establece la Resolución 1900 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa de 3 de octubre de
2012.
Lo
hizo con motivo de la entrevista que mantuvo con al exalcalde de Caracas
Antonio Ledezma, al que expresó su
compromiso con una solución plenamente democrática para Venezuela, que
“necesariamente” pasa por la liberación de los presos políticos y la
convocatoria de elecciones.
No es la primera vez que Rajoy exige la
libertad de los presos políticos venezolanos: lo expresó el 1 de agosto de este
año, cuando manifestó que “la paz, la democracia y la libertad de los presos
políticos han de ser inquebrantables”; el 28 de julio, al señalar que el Gobierno de España está por
la liberación de los presos políticos, en contra de la violencia, a favor del
derecho de manifestación y de unas elecciones que den la palabra al pueblo; el
8 de julio, en Hamburgo, después de la clausura del G-20; el 16 de febrero, al
cumplirse tres años del encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López…
Y otras muchas más. Es el perseverante compromiso
del Gobierno de Rajoy con los presos políticos venezolanos, la misma constancia
con la que ignora a los presos políticos saharauis, habitantes de un territorio que España no
descolonizó y entregó a Marruecos, régimen que se niega a realizar el referéndum
de autodeterminación al que se comprometió con el Frente Polisario bajo el
amparo de la ONU.
Precisamente en noviembre se celebraron en
el Parlamento Europeo las jornadas “Violaciones de Derechos Humanos en el
Sáhara Occidental”, en las que se ha puesto de manifiesto la extrema situación en que se encuentran los
presos políticos saharauis, en especial los del grupo de Gdeim Izik, que fueron
condenados a penas de 20 años de cárcel a cadena perpetua en un juicio
denunciado por sus múltiples irregularidades y sobre el que el Gobierno de
Rajoy no dijo ni palabra.
La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma
López pidió que Marruecos permita a la
Cruz Roja Internacional visitar a los 19
presos de Gdeim Izik que permanecen en prisión, como han solicitado numerosas
organizaciones internacionales, así como su reagrupamiento ya que fueron
dispersados por diferentes cárceles marroquíes, en algunos casos a 1.300
kilómetros de distancia de sus familias. Citó
el caso del preso Naama Asfari, por el que Marruecos fue condenado en
diciembre de 2016 por el Comité contra
la Tortura de la ONU y a cuya esposa,
Claude Mangin, de nacionalidad francesa, no se le permite viajar a Marruecos; el 20 de octubre fue a visitar a su marido y
fue expulsada de Rabat.
Si las alusiones del presidente del
Gobierno de España a los presos políticos (venezolanos) son continuas, también
lo son las referencias a la defensa de los Derechos Humanos. Rajoy se
comprometió a defender los DDHH con motivo de la presencia de España en el Consejo
de Seguridad en los años 2015 y
2016, protección que es “una de las
prioridades fundamentales de la política exterior española”, según expone la
página web del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pero esto
parece tener una excepción cuando se
trata del Sáhara Occidental.
En lo que respecta a los presos políticos saharauis, el
presidente Rajoy sigue “sin enterarse de
lo que ocurre”, que es como define la Real Academia de la Lengua (RAE) la
coloquial locución adverbial estar “en el limbo”.
La siguiente es una relación de hechos
ocurridos en noviembre de 2015 en el
Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y cárceles de Marruecos con presos
políticos saharauis, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información
saharauis, tanto oficiales como independientes:
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