*Fuente: TSA (Argelia) Por Tarek B. 27 de julio de 2018. Original en francés, traducción no oficial EIC Poemario por un Sahara Libre.
Apenas firmado, el nuevo acuerdo de pesca
entre Marruecos y la Comisión Europea ya está siendo desafiado en los
tribunales y en el plano político.
El Frente Polisario está decidido a iniciar
una acción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el próximo
septiembre para impugnar la legalidad de la nueva versión del acuerdo de pesca
y reclamar una indemnización sustancial para compensar daños importantes
derivados de licencias de pesca concedidas ilegalmente.
En el frente político, un debate crucial
tendrá lugar en el Parlamento Europeo en octubre.
Para anticipar estas acciones, Marruecos y
la Comisión han llevado a cabo una serie de acciones destinadas a fortalecer un
argumentario común para dar una apariencia de legalidad al burdo incumplimiento
de las sentencias del Tribunal de Justicia de 2016 y 2018, así como la reciente
orden del Tribunal de la UE que materializa la base legal que acredita la
ausencia de soberanía del Reino de Marruecos en el territorio del Sahara
Occidental y sus aguas adyacentes.
En este contexto, y tras la fallida
iniciativa de “consulta” a las asociaciones saharauis en Bruselas - boicoteada
por 89 asociaciones representativas del pueblo saharaui - la UE enviará la
próxima semana a su representante de exteriores encargado del Magreb, Vincent
Piquet, para reunirse en Marruecos con los representantes de las asociaciones
preseleccionadas por el Ejecutivo marroquí. Una consulta que no cumple en
absoluto con el requisito del consentimiento previo del representante legítimo
del pueblo saharaui según lo definido por el TJUE y establecido por la doctrina
de las Naciones Unidas (opinión legal del asesor jurídico de la ONU, Hans
Correl del 12 de febrero 2002).
El segundo acto de este acuerdo es enviar,
a principios de septiembre, una misión de información al Parlamento Europeo
dirigida por la francesa Patricia Lalonde (Comisión de Comercio Internacional)
para “determinar” que los beneficios del acuerdo pesquero recaen en la “población”
- y no en el pueblo - del territorio del Sáhara Occidental. Especialmente desde
que Marruecos y la UE han prometido, supuestamente, "optimizar" los
beneficios "positivos" del nuevo acuerdo que, de hecho, enriquecerá a
los colonos marroquíes introducidos por el Majzen.
El formato de las reuniones programadas en
El Aaiún y Dajla (un día y medio con funcionarios marroquíes y otras
asociaciones “títeres” frente a sólo dos horas dedicadas a la reunión con las
asociaciones saharauis) es indicativo de un enfoque desequilibrado y premeditado,
que responde de hecho a una única preocupación: poder sostener ante el Tribunal
de Justicia de que los saharauis han sido consultados y conocen los beneficios
de este acuerdo, en definitiva allanar el camino para el saqueo de los recursos
del Sáhara Occidental en una flagrante violación de la legislación europea y
derecho internacional.
Pero el Ministro de Asuntos Exteriores de
Marruecos, que acoge con satisfacción la inclusión explícita de las aguas del
Sahara Occidental (desde Cabo Blanco hasta Cabo Spartel), parece olvidar que en
el intercambio, una parte integral del acuerdo y el protocolo, la Unión Europea
ha tenido cuidado de declarar que este acuerdo se concluye sin perjuicio de la
posición de la UE sobre el estatuto final del territorio no autónomo del Sáhara
Occidental, que incluye una cláusula sobre las consecuencias de las violaciones
de los derechos humanos en el Sahara Occidental, que podrían llevar a la
suspensión del acuerdo.
Y, por último, se establecerán mecanismos
para permitir que la comisión esté informada e involucrada en la distribución
geográfica y social de los beneficios socioeconómicos resultantes de este
acuerdo. En resumen, estas tres condiciones planteadas por la UE y aceptadas
por Marruecos socavan la ficción de la soberanía de Marruecos sobre el
territorio del Sáhara Occidental.
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