El padre del
joven saharaui Mohamed Dihani muestra una imagen de su hijo.
MADRID // Mohamed Dihani es un
joven saharaui de 26 años cuyo único “delito” probado ha sido el haber
participado en manifestaciones a favor del derecho a la autodeterminación de la
antigua colonia española. También en alguna celebración para dar la bienvenida
a otros saharauis que previamente habían sido detenidos por las autoridades
marroquíes, uno de ellos un primo suyo.
Pese a ello, este joven sin
antecedentes penales que se ha ganado la vida ejerciendo diferentes oficios
–camarero en Livorno (Italia), vendimiador, comerciante de piezas de coche-
está recluido desde hace más de dos años, ahora en la prisión de Sale II, en
Marruecos, donde cumple una condena de diez años de cárcel por terrorismo
yihadista.
Un cargo de extrema gravedad
que el tribunal marroquí que lo juzgó dio por válido con una única prueba de
cargo: “una confesión obtenida bajo tortura”, explica Mariángeles Paramio,
letrada ante la Corte Penal Internacional y secretaria de la sección de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Este Colegio, junto con la
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH), Western Sahara Human Rights Watch (WSHRW) y la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE) han presentado una campaña para denunciar
este caso, que consideran paradigmático de la persistencia de la tortura a
saharauis en Marruecos.
Piden también que en la
apelación, el 12 de noviembre, Mohamed Dihani tenga “lo que hasta ahora no ha
tenido: un juicio justo”.
Un misil contra el Vaticano
Al tribunal marroquí que lo
juzgó en primera instancia le importó poco que Dihani se retractara de su
confesión y denunciara haber sido salvajemente maltratado y violado para
obligarlo a que reconociera una larga serie de confusas acusaciones, algunas
bastante rocambolescas. Por ejemplo, la de haber planeado disparar un misil
contra San Pedro del Vaticano, con intención de matar a un miembro
indeterminado de la Curia romana.
Cabe esperar que semejante
acusación hubiera dado lugar a algún tipo de seguimiento policial o registro,
escucha o investigación sobre la forma en la que este atentado se iba a
financiar, si se había establecido contacto con algún traficante de armas o
explosivos, y demás actuaciones normales en un caso de terrorismo. Nada de eso
figura en la acusación de la fiscalía marroquí.
De hecho, explica la letrada
zaragozana, contra Dihani “no hay nada, sólo pruebas obtenidas bajo tortura,
pruebas inválidas, por no decir falsas”.
Seis meses en un centro de
tortura
La abogada recuerda que la
“vulneración de los derechos fundamentales” del joven empezó cuando, según han
denunciado él y su familia, agentes de la DST (Dirección de Vigilancia del
Territorio en sus siglas en francés, el contraespionaje marroquí) lo
secuestraron y sometieron a desaparición forzosa el 28 de abril de 2010, seis meses
antes de la fecha oficial de su arresto.
Mientras sus padres se
desesperaban buscándolo en vano y poniendo denuncias, Dihani asegura haber
permanecido en el centro de detención que la DST tiene en Temara, a 15 kilómetros de
Rabat.
Secreto hasta 2004, este
centro ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de Amnistía
Internacional y Human Rights Watch, que han documentando la práctica de la
tortura en sus instalaciones.
Los malos tratos son
especialmente graves cuando se trata de acusados de delitos de terrorismo,
casos en los que la tortura es “mucho más cruel y sistemática”, deploró en un
informe el Relator de la ONU contra la tortura y los tratos inhumanos y
degradantes, Juan Méndez, que visitó en septiembre Marruecos y el Sáhara
Occidental.
Para Mariángeles Paramio el
contexto en el que se producen estas “violaciones de los derechos fundamentales
de saharauis” como Mohamed Dihani se resume con una palabra: “impunidad”.