LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19
de febrero de 2013. (EUROPA PRESS)
La Asociación Canaria de
Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha mostrado su repulsa a las condenas
impuestas a los saharauis del campamento Gdeim Izik.
Estas condenas, subrayan, han
sido impuestas por los "arbitrarios" juicios celebrados recientemente
por un tribunal militar de Marruecos en contra de ciudadanos saharauis
defensores de los Derechos Humanos, que formaron parte de Gdeim Izik, el
campamento de la libertad, en los territorios "ocupados ilegalmente por el
reino feudal de Marruecos", recordó el colectivo en un comunicado.
En concreto, indicaron que el
pasado 1 de febrero se constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, puntualizó,
"sin competencia alguna, ha juzgado durante más de una semana a 24
saharauis que permanecían desde noviembre de 2010 en la cárcel de Salé Rabat
por haber participado en el Campamento de Gdeim Izik".
Al respeto, se apuntó que tras
permanecer más de dos años en prisión, los presos políticos saharauis
escucharon en la madrugada del domingo, 17 de febrero de 2013, que el Tribunal
Militar de Rabat dictaminara un veredicto "de extrema dureza, ante la
pasividad de la comunidad internacional".
En este sentido, critican que
la sentencia contempla para nueve saharauis la pena a cadena perpetua, a otros
cuatro se les condena a 30 años de prisión, a seis saharauis a 25 años de
cárcel, a tres se les condena a 20 años y dos saharauis se les impone una pena
de dos años "ya cumplidos".
Ante ello, la Asociación
Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui manifestó su repulsa hacia las
condenas emitidas por un "vergonzoso tribunal militar que juzga a su
antojo a ciudadanos saharauis que defienden el derecho a la autodeterminación y
a la libertad de su pueblo" y critican la "grave injusticia que una
vez más" muestra la "verdadera cara" del Gobierno marroquí que,
inciden, en que "continúa actuando en contra de la Legalidad Internacional
y los Derechos Humanos".
Añaden que el juicio "es
considerado ilegal" según el Derecho Internacional y la propia legalidad
de Marruecos, país que ocupa de forma "ilegal" el territorio, por lo
que subrayan "no tiene jurisprudencia sobre la población saharaui".
Asimismo, exigen al Gobierno
de España, "potencia administradora del Sahara Occidental, y a todas las
instituciones que respetan el derecho y la legalidad internacional, que se
opongan a la condena emitida por el Tribunal Militar marroquí, exigiendo la
libertad inmediata de todos" los presos políticos saharauis.