Al recoger su premio como
productor del mejor documental, 'Hijos de las nubes', sobre los refugiados del
Sáhara Occidental, el actor Javier Bardem aprovechó la gala de los Goya de este
domingo para denunciar las condenas impuestas el pasado viernes por la justicia
militar marroquí a 25 saharauis. Entre ellos, nueve a cadena perpetua por la
muerte de once uniformados de Marruecos en el desmantelamiento, en noviembre de
2010, del campamento de protesta de Gdeim Izik, en El Aaiún. Tras el aldabonazo
de su discurso, esta mañana en Sevilla uno de los 40 observadores
internacionales que han asistido al juicio en el tribunal militar de Rabat, el
abogado español Francisco Serrano Ramírez (no el juez), ha entrado en los
detalles sobre la "ilegalidad" del proceso. Y son detalles
espeluznantes.
"Los han condenado sin
pruebas contundentes. El Procurador del Rey, el fiscal, se ha basado en
declaraciones que los detenidos realizaron en sede policial bajo torturas. Han
contado que les pegaron con palos, los desnudaron, les vendaron los ojos, les
arrancaron uñas con tenazas, les hicieron descargas eléctricas en las uñas, les
arrancaron los pelos del pecho. Les violaron, con dedos, barras de madera,
barras de hierro. Amenazaron a con violar a sus mujeres delante de ellos. Los
presos nos han contado a través de sus familiares que cuando los llevaban en
avión detenidos de El Aaiún a Rabat, días después de su detención, de noche y
con los ojos vendados, les amenazaron con tirarlos del avión. Se tomaron muy en
serio esa amenaza. Porque ya han tirado a presos saharauis de aviones
marroquíes en el pasado".
Todo esto ha relatado Serrano
Ramírez, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara
(Ajasáhara), que ha participado como observador en el juicio de Rabat avalado
por el Consejo General de la Abogacía Española. Al proceso ha asistido una
docena de observadores españoles, la mayoría abogados, ha explicado en la sede
de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Se trata, ha
dicho, de la primera rueda de prensa de los observadores españoles sobre el
juicio a los activistas saharauis por los disturbios de Gdeim Izik.
El observador ha razonado que
el juicio debería ser declarado "nulo de pleno derecho" e
"inconstitucional" porque "el artículo 127 de la nueva
Constitución de Marruecos de 2011 prohíbe los tribunales de excepción" y
éste, dice, lo ha sido: un tribunal militar para juzgar a civiles y cuya
sentencia es inapelable.
El abogado ha subrayado la "incompetencia
territorial" del tribunal militar de Rabat para juzgar en la capital
marroquí hechos ocurridos en la antigua colonia española del Sáhara Occidental,
ocupada y administrada por Marruecos sin reconocimiento internacional. Añade
que hay "motivos para recusar" al tribunal militar porque "es
juez y parte" en el proceso, ya que se juzgaba la muerte, precisamente, de
militares durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de
Gdeim Izik. "Hace 38 años, el Sáhara fue invadido por militares y ellos
juzgan ahora a civiles saharauis; ése es otro motivo para la recusación",
ha insistido.
Como pruebas de la falta de
garantías legales del proceso contra los 25 acusados (23 de ellos llevaban más
de dos años presos, uno estaba en libertad condicional y el último permanece
fugado), el presidente de Juristas por el Sáhara ha contado que en el juicio un
hombre que denunciaba que había sido torturado en El Aaiún y que había estado
dos meses sangrando por el ano por una violación con barras de hierro pidió al
tribunal que se le hiciera un examen médico para constatar sus heridas en el
ano, y los jueces "lo rechazaron".
El abogado dice que se les ha
condenado sin que las imágenes exhibidas los identificaran sin dudas,
exhibiendo como supuestas pruebas de que iban armados con cuchillos y espadas
que "habían estado sin custodia judicial", que declararon cuando
estaban detenidos sin asistencia de abogados ni médicos, y que en la vista no
se aportaron pruebas de las autopsias ni registros de la morgue sobre los once
miembros de los cuerpos de seguridad marroquíes de cuyas muertes se les
acusaba. Entre los condenados está "un hombre muy mayor que se quedaba
dormido en el juicio y al que acusaban de haber matado a cinco o seis".
"En cualquier país, esta falta de pruebas sería suficiente para
absolverlos", ha afirmado.
"Un abogado marroquí de
derechos humanos le dijo al juez que la historia lo condenaría por condenar a
inocentes sin pruebas", denuncia. Les acusaban de separatismo, de
"secuestrar a los 20.000 manifestantes del campamento", de formar una
banda criminal y, a algunos de ellos, de asesinato. Sostiene que la sentencia
estaba "escrita de antemano", poniendo como ejemplo de ello que uno
de los acusados, Enaama Asfari, condenado a 30 años de cárcel, ni siquiera
participó en los sangrientos enfrentamientos del día en que el Ejército y la
Gendarmería entraron en el campamento para desmantelarlo, porque estaba
detenido desde la víspera.
Otro acusado estaba ingresado
por un accidente en el hospital militar de El Aaiún y aún así lo han condenado
por situarlo en el lugar del conflicto. Los condenados están ahora en la
prisión civil de Salé, ciudad vecina de Rabat. La lista la forman Abdalahi Bai,
Abdeljalil Lemghaimad, Abdalahe Iekhfaouni, Brahim Lismaili y otros 18 hombres.
Son nueve condenados a cadena perpetua, cuatro a 30 años, siete a 25 años,
cuatro a 20 años. Uno con una pena menor de 27 meses y un fugado son los únicos
en libertad de los 25 procesados, ha detallado Serrano Ramírez.
Tanto el observador internacional
como el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla,
Fernando Peraita, han denunciado que el juicio ha sido "una burla al
derecho internacional" y han reprochado a la comunidad internacional, en
especial a la ONU y al gobierno español, su "silencio cómplice" con
Marruecos. Reclaman que el juicio se anule y que los presos sean liberados. Una
reivindicación que es imposible de cumplir en Marruecos, han reconocido, porque
la sentencia militar es inapelable y sólo el rey Mohamed VI puede cambiar su
destino mediante un indulto real. Lo que sí se puede hacer, han dicho, es que
la comunidad internacional, empezando por España, "actúe de una vez y
presione a Marruecos para que respete los derechos humanos".
Hasta ahora, denuncia Peraita,
tanto el gobierno español del PP como el anterior del PSOE "hacen oídos
sordos a las agresiones contra los saharauis". "No sabemos cómo la
ONU y España permiten juicios como éste que son una farsa" y "una
burla al derecho internacional, sin decir nada", ha remachado, tras
indicar que grandes ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human
Rights Watch o la Fundación Kennedy han denunciado la falta de garantías del
juicio.
Fernando Peraita ha recordado
que ayer y hoy El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado por Marruecos, está
viviendo manifestaciones saharauis por la condena del viernes y que agentes
marroquíes las están reprimiendo. "El Aaiún está tomado por los militares,
y la ONU sigue consintiendo la represión", dice Peraita. Una situación que
el vicepresidente de la asociación pro saharaui, Miguel Castro, ha advertido
que puede ser "un giro de tuerca" para que aumente la violencia del
conflicto por parte de saharauis desesperados "que no ven otra
salida". "Marruecos", ha dicho Castro, "se quiere presentar
como víctima en vez de lo que es: verdugo".