Abderrahman Zeyú. 39 años.
Originario de El Aaiún, capital administrativa del Sahara Occidental. Empleado
en la Inspección regional del Ministerio marroquí de la Vivienda. Es uno de los
dos únicos presos del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik que quedó
en libertad después de que el Tribunal Militar de Rabat leyera los 25
veredictos en la madrugada de este domingo.
El resto de sus camaradas se
enfrenta a duras penas. Nueve de ellos -uno está en búsqueda y captura- fueron
condenados a perpetuidad y los demás a entre 30 y 20 años de prisión. La
condena de Zeyú era de dos años ya cumplidos. No en vano, todo el grupo de
saharauis cumplió dos años y tres meses de prisión preventiva antes de que se
celebrara el proceso.
Con rostro relajado, este
saharaui se pregunta por qué ha sido liberado. "Creo que es un cálculo
político porque me enfrentaba a los mismos cargos que los demás, mismas
acusaciones y mismas pruebas".
La defensa de sus compañeros
tiene todavía unos días -ocho desde que se dictaron las sentencias- para
recurrir en el tribunal de casación, donde no se pueden presentar nuevos
documentos.
"No tenemos mucha
confianza en este instrumento porque la justicia marroquí no es
independiente". Zeyú asegura que si el recurso no progresa, "no
pediremos perdón, ni gracia, ni amnistía, no somos criminales; los veredictos
del Tribunal Militar son políticos".
Transparencia o venganza
El Gobierno marroquí, sin
embargo, no ha querido pronunciarse al respecto de la decisión del juez.
"No podemos hacerlo por respeto a la justicia", según ha declarado a
este periódico un responsable del gabinete del portavoz del Gobierno, para
quien el juicio "se desarrolló con una gran transparencia y respetando
todas las garantías".
En opinión de Zeyú, sin
embargo, "ha sido una venganza por lo que se consiguió con Gdeim
Izik", el campamento de protesta que se levantó a 15 kilómetros de la
capital de la ex colonia española y que reunió a más de 20.000 saharauis en
7.000 jaimas en octubre de 2010. Un mes después era desmantelado a pesar de que
Marruecos negociaba con un comité de saharauis para dar una salida a sus
reclamaciones económicas y sociales.
"Con Gdeim Izik se
consiguió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) se plantease la
puesta en marcha de una comisión de investigación para saber qué ocurrió
realmente, pero desgraciadamente fue bloqueada como siempre por el veto de
Francia", sigue el ex detenido.
Zeyú se indigna cuando habla
de las pruebas aportadas en el proceso por la Fiscalía. "Sus únicas
pruebas fueron los procesos verbales de la Policía Judicial y la Gendarmería,
que se obtuvieron después de torturarnos; no hay más pruebas".
Los cargos que según el
tribunal han sido probados son los de formación de banda criminal, violencia
contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres.
Aunque según la defensa de los saharauis y algunos observadores internacionales
no hubo pruebas de ADN, ni autopsias a los cadáveres y en los vídeos que se
aportaron no se puede reconocer a ninguno de los acusados.
Según el testimonio del
saharaui liberado, "mis compañeros han sido atacados ahora a su regreso a
la prisión porque durante el proceso denunciamos a algunos responsables
penitenciarios de habernos agredido".
Zeyún fue detenido el 21 de
noviembre (13 días después del desmantelamiento) cuando pensaba volar a España
"para pasar unas vacaciones". Dice que no formó parte de ningún
comité del campamento, pero que sí lo visitó y lo apoyó moral y
financieramente.
Confía en que "podamos
ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y tengo esperanza en el
futuro", afirma respecto al conflicto que enfrenta a Marruecos y el Frente
Polisario. Pero "no todo está en nuestras manos; es muy importante la
presión internacional y también lo son los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, donde Francia es un gran obstáculo para nosotros". Zeyún espera
"que España se involucre más en el cumplimiento de la legalidad
internacional; tiene con nuestro pueblo una responsabilidad histórica".