Día 24/05/2013 - 02.47h
Un saharaui condenado por
Rabat a cuatro meses es castigado a perpetuidad meses después por los mismos
hechos. Aalia, prófugo para Marruecos, espera respuesta a su petición de asilo
en España.
Foto: LUIS DE VEGA
Hassana Aalia retratado
durante la entrevista el martes en San Sebastián
«Por primera vez en mi vida me
sentí libre», afirma Hassana Aalia (El Aaiún, 1988) al recordar el campamento
protesta de Gdeim Izik levantado en el Sahara Occidental en 2010. Miles de
saharauis participaron en él durante un mes hasta que el Ejército de Marruecos
lo desmanteló por la fuerza el 8 de noviembre. En los disturbios murió más de
una decena de personas, la mayoría agentes marroquíes, según Human Rights Watch
(HRW).
Aalia fue condenado el 14 de
febrero de 2011 a
cuatro meses de prisión, que no debió cumplir por carecer de antecedentes. No
quedó probado que participara en las agresiones a las Fuerzas de Seguridad
marroquíes, según un informe de la Asociación Internacional de la Observación
de los Derechos Humanos (AIODH).
Tras aquella sentencia «viajé
al Foro Social Mundial en Dakar, a los campamentos de refugiados (saharauis en
Tinduf, Argelia), a España…», explica Aalia a ABC. Pero la sorpresa llegó en
medio de esos desplazamientos en los que regresaba con normalidad a su casa de
El Aaiún, cuando «un Tribunal Militar anuncia una orden de búsqueda y captura
contra mí».
Le pilló en España y tomó la
decisión de no volver más. Así es como fue juzgado en rebeldía, junto a otros 23
activistas saharuis que sí estaban presentes, por un Tribunal Militar en Rabat.
El pasado 17 de febrero emitía nueve cadenas perpetuas (entre ellas la de Aalia),
cuatro condenas a treinta años, seis a veinticinco años, tres a veinte años y
dos a dos años y tres meses.
«Nulo de pleno derecho»
Condenar a alguien dos veces
por los mismos hechos «constituye una gravísima violación del principio de cosa
juzgada» por lo que el proceso «es nulo de pleno derecho», entiende la AIODH, presente
en todas las sesiones del juicio, el más importante celebrado contra activistas
saharuis. El artículo 119 de la nueva Constitución aprobada en Marruecos en 2011
impide juzgar dos veces los mismos hechos. El informe añade también que «la
presencia del inculpado en un proceso penal es un derecho elemental».
Por todo ello el profesor de
Derecho Internacional Público Juan Soroeta, miembro de la AIODH y observador en
el proceso, considera que «todo el juicio es una aberración jurídica» pero «el
caso más surrealista es el de Aalia», instalado por el momento en Bilbao.
Rabat lo considera un prófugo.
«En enero de 2012 pedí asilo político en España, pero siguen estudiando el caso.
He presentado pruebas de torturas, denuncias, lo ocurrido en el juicio…», señala
a ABC durante una entrevista en San Sebastián. Y es en ese momento cuando asoma
cierto temor ante las buenas relaciones entre Madrid y Rabat. «No sé lo que va
a pasar. No puedo volver a El Aaiún y además el Gobierno español tiene un
acuerdo de extradición con el marroquí desde 2009».
El informe de la AIODH, de 46
páginas, entiende además que Marruecos no es competente para juzgar hechos
acaecidos en un territorio pendiente de descolonizar sobre el que no tiene
soberanía como es el caso del Sahara Occidental. Sus leyes, en concreto la
nueva Carta Magna, impiden también juzgar a civiles ante tribunales militares. Aunque
«la vista fue ordenada y mejoró sensiblemente experiencias anteriores» no puede
considerarse un juicio «justo y equitativo».
Los acusados no pudieron
presentar testigos presenciales, ni se realizaron las pruebas médicas que
solicitaron, tampoco se presentaron resultados de autopsias a los cuerpos de
los agentes a los que supuestamente asesinaron, se violó el principio de
presunción de inocencia y fueron condenados sin más prueba que unas
declaraciones supuestamente realizadas en el momento de la detención, según el
texto.
HRW ya emitió un informe en
abril criticando el proceso. La ONG dijo que no se habían presentado pruebas
materiales contra los acusados ni testimonios que probaran su culpabilidad.
Acusados de secuestrar a 20.000
personas
La causa principal del
procesamiento, dice la AIODH, era «haber secuestrado a las más de 20.000
personas que se encontraban en Gdeim Izik», pero «en ningún momento se les
acusó formalmente del delito de secuestro». Hassana Aalia se ríe cuando es
preguntado si aquellas personas estaban allí en contra de su voluntad. «El
campamento de la dignidad duró 28 días y los medios extranjeros que estuvieron
allí lo contaron. Nada tuvo que ver con el secuestro de 20.000 saharauis». Él
mismo reconoce haber disfrazado con ropas locales a extranjeros para que
pudieran sortear el cerco de la Policía marroquí y acceder al campamento.
El mar de jaimas de Gdeim Izik
creció tanto que se convirtió en la mayor afrenta de los saharauis contra las
autoridades de Marruecos, que ocupan el territorio en disputa desde 1975. Las
reclamaciones esenciales eran de carácter social. Desconcertado, el Gobierno de
Rabat negoció con los cabecillas de la iniciativa por medio del Ministerio del
Interior, que al ver que no podían desactivar la protesta pasó a considerar en
pocas horas a sus compañeros de mesa como terroristas, según reconocieron a ABC
fuentes próximas a aquellos contactos.
En la madrugada del 8 de
noviembre de 2010 las Fuerzas de Seguridad marroquíes desmantelaron el
campamento manu militari abriendo varios días de disturbios en la capital de la
ex colonia española en los que murieron once de agentes marroquíes y dos
saharuis, según el informe de HRW, que descartó que los acampados fueran rehenes
de los activistas.