En 1985, en el gobierno de Belisario
Betancur, Colombia reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como
el legítimo Estado del Sahara Occidental, país localizado en el norte de África
y que hasta 1976 fue colonia de España. Pero en una decisión arbitraria que el
país poco conoce, la administración Andrés Pastrana decidió “congelar” dichas
relaciones siguiendo los intereses del reino de Marruecos, que hace 38 años invadió
al Sahara Occidental y lo explota y reprime como su colonia, violando toda
legalidad internacional. Mientras más de 80 países reconocen a la República
Saharaui y al Frente Polisario como los representantes legítimos del pueblo de
ese territorio, ninguno acepta los falsos títulos que alegan los reyes de
Marruecos para ocupar militarmente una gran porción del Sahara Occidental, abuso
que no sorprende.
Si esta monarquía tan severamente
cuestionada por muchas razones puede ocupar a la brava un territorio que no le
pertenece, es porque lo impone con 150 mil soldados y una muralla de 2.700 kilómetros
plagada de minas, alambradas y fortificaciones que divide en dos el país, más
la actuación cómplice de Francia y España -y de Estados Unidos y la Unión Europea-,
que así respaldan a sus trasnacionales en jugosos negocios con el rey Mohamed
VI y su corte, incluidos el robo de las enormes riquezas pesqueras y mineras de
los saharauis.
Precisamente las potencias económicas lo
acolitan por lo que Marruecos ha podido sabotear el referendo acordado por la
ONU desde 1991 para que los habitantes del Sahara Occidental, en elecciones, decidan
su destino. Algo así como el crimen perfecto. Porque tras 25 años el referendo
no se realiza, pero sí se mantiene el alto el fuego entre marroquíes y
saharauis a que condujo, mientras el rey de Marruecos continúa el saqueo, armado
hasta los dientes por los Estados de las trasnacionales con las que se reparte
la riqueza ajena. ¡En este horror llevan cuatro décadas! ¡En la única colonia
que queda en África! ¡Las Naciones Unidas convertidas en rey de burlas! Y esto
ocurre en medio de la feroz represión contra los saharauis que habitan en El
Aaiún y en las demás ciudades localizadas en las dos terceras de su país
ocupadas por Marruecos, mientras la organización de la ONU en ese territorio , en
sospechosa decisión, es la única misión de las Naciones Unidas en el mundo que
carece de potestad para vigilar las violaciones a los Derechos Humanos que
ocurren sin cesar –asesinatos, desapariciones, torturas, palizas y
encarcelamientos – contra un pueblo que con valor y dignidad defiende su
derecho a la autodeterminación.
También son muy difíciles las condiciones
de los saharauis que viven como refugiados en Argelia y en la parte del Sahara
Occidental que no está bajo el yugo marroquí. Porque no obstante los muchos
esfuerzos del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y de
la solidaridad internacional, los recursos que les llegan son muy escasos y el
desierto que ocupan es en extremo hostil, como pudimos constatarlo en reciente
viaje hasta allí con los senadores Juan Manuel Galán y Juan Mario Laserna. El
presidente Juan Manuel Santos debería atender el llamado que por unanimidad le
hizo la plenaria del Senado para reactivar plenamente las relaciones con la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
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