Madrid, 10 feb 2015 (EFE).- Diputados de
Izquierda Plural, ERC, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Geroa Bai y
Amaiur han propuesto que el Congreso inste al Gobierno a que reconsidere la
petición de asilo del saharaui Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua por
un tribunal de Marruecos.
Estos partidos solicitan que España
intervenga de urgencia en el asunto dejando en suspenso la orden de salida del
territorio español de Hassanna Aaalia a quien manifiestan su apoyo y
solidaridad.
Exponen que, nacido en El Aaaiun en 1988 y
activista por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui desde los 17
años, participó en 2010 junto con aproximadamente veinte mil personas en Gdeim
Izik, "el campamento de protesta pacífica más importante en la historia
del Sahara Occidental", desmantelado por el ejército marroquí el 8 de
noviembre de 2010.
Añaden que a consecuencia de esa
participación fue juzgado y sentenciado en 2011 a cuatro meses de prisión.
Agregan que en octubre de 2011 tuvo la
oportunidad de participar en el País Vasco en un proyecto de formación para
jóvenes activistas saharauis y cuando le faltaban dos meses para regresar a El
Aaiún el Gobierno marroquí emitió una orden de busca y captura contra él por
los mismos hechos por los que ya había sido juzgado.
"No sin dolor decidió no regresar a su
tierra e inició los trámites de solicitud del asilo político al Gobierno de
España y desde entonces recorre el territorio español para dar a conocer la
violación de los derechos humanos a la que el régimen marroquí somete
diariamente al pueblo saharaui, participando en conferencias, seminarios y
actos públicos con ese objetivo", relatan.
Recuerdan que el 17 de febrero de 2013 el
Tribunal Militar de Rabat emitió una sentencia contra veinticinco saharauis
acusados de haber organizado Gdeim Izik, "el campamento de la
dignidad", entre ellos Hassanna Aalia, que fue juzgado en rebeldía y
condenado a cadena perpetua.
"Múltiples han sido los organismos a
nivel internacional que han denunciado que el procedimiento no cumplía las
garantías mínimas para considerarlo un juicio justo porque las declaraciones de
los acusados se produjeron aparentemente bajo torturas además de no poder
presentar todas las pruebas que demandaron para demostrar su inocencia y por
encontrarse actas policiales falseadas", denuncian.
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