El grupo de gobierno llevará al pleno de este
viernes una petición al Ministerio para que reconsidere la petición realizada
por este saharaui de 27 años condenado a cadena perpetua por Marruecos
El Cabildo de Gran Canaria instará este
viernes en el pleno al Ministerio de Interior a reconsiderar la petición de
asilo político del activista saharaui Hassana Aalia, de 27 años, condenado a
cadena perpetua por el Tribunal Militar Permanente de Rabat en 2013 y desde
entonces juzgado en rebeldía.
Asimismo, la moción reitera su preocupación
por la vulneración de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y exige la
puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
Hassana fue acusado por el Gobierno de
Marruecos de participar en el Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, que en
2010 congregó a las afueras de El Aaiún a 20.000 saharauis, convirtiéndose en
el campamento de protesta pacífica más importante de la historia.
El joven fue condenado a cuatro meses de
prisión, que no cumplió pues así lo dispuso el propio tribunal en 2011, si bien
meses después, durante su estancia en Bilbao donde colaboraba en un proyecto de
formación dirigido a jóvenes activistas saharauis, el Gobierno marroquí emitió
una orden de busca y captura contra Hassana por los mismos hechos por los que
ya había sido condenado, por lo que solicitó asilo político denegado por el
Gobierno de España en enero de 2015.
Lejos de abandonar su activismo, Hassana
recorre el país para dar a conocer su situación y "la violación de los
derechos humanos a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo
saharaui" mediante conferencias y actos públicos.
Así, dos años después de la primera condena,
en febrero de 2013, el Tribunal Militar Permanente de Rabat acusa a 25
saharauis, entre ellos Hassana, de organizar el Campamento de la Dignidad en un
juicio que contó con la presencia de Amnistía Internacional, Human Rights
Watch, y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros observadores
internacionales.
Según los juristas internacionales, el
procedimiento no cumplió las garantías mínimas al vulnerar el derecho a la
defensa, a un tribunal independiente, a la tutela judicial efectiva y por el
principio de contradicción. Además, inciden en que el Tribunal Militar carece
de competencias para enjuiciar a civiles constituyéndose en un “Tribunal de
Excepción” que prohíbe el IV Convenio de Ginebra y la propia Constitución
marroquí.
También el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) apoya la solicitud de asilo de Hassana al
entender que cumple con los requisitos establecidos para obtener el
"estatuto de refugiado".
Sin embargo, Interior denegó a Hassana la
protección internacional y emitió una orden de salida de España sin efecto,
gracias al recurso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ante la
Audiencia Nacional que paralizó la expulsión reconociendo asimismo el activismo
pacífico de Hassana y los malos tratos a los que ha sido sometido desde los 17
años por la policía marroquí.
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