La Uníón Europea (UE) ha dado dos fuertes
reveses diplomáticos en una semana en su relación con Marruecos. Así, apunta
“deficiencias” en el respeto de la libertad de expresión y de reunión en
Marruecos en el informe anual sobre Derechos Humanos hecho público el martes 20
de septiembre de 2016, en el que admite que activistas de los derechos humanos
han denunciado “varios” casos de restricciones a periodistas y representantes
de la sociedad civil.
En el caso del Sáhara Occidental, la UE ha
vuelto a insistir en la importancia de “mejorar la situación de los Derechos
Humanos” en el territorio así como “en los campamentos de Tinduf”, pero deja
claro que “la UE no tomará ninguna iniciativa que pueda socavar el proceso
encabezado por la ONU” para resolver el conflicto saharaui.
“La UE ha continuado animando a las
autoridades marroquíes a reforzar la cooperación con la sociedad civil y
establecer un proceso de reformas inclusivo”, se subraya en el informe, en el
que recuerda que también se pide a Rabat “acelerar” las reformas.
Cuatro años después de la adopción de la
Constitución en 2011, sólo diez de un total de 19 leyes orgánicas han sido
aprobadas por el Parlamento marroquí. Actualmente se está en periodo
preelectoral ya que las elecciones parlamentarias en Marruecos tendrán lugar el
viernes 7 de octubre.
Este informe coincide con lo manifestado
por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
Melchior Wathelet, el martes 13 de septiembre de 2016, apuntando que los
acuerdos de la Unión Europea con Marruecos para estrechar lazos o en materia
comercial no deben aplicarse al Sáhara Occidental.
En una opinión legal, Melchior Wathelet afirma
que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y varios países miembros
de la UE nunca han reconocido la soberanía del país norteafricano sobre el
territorio.
El jurista recuerda algo obvio, “el Sahara
Occidental está, desde 1963, inscrito por la ONU en su lista de territorios no
autónomos relativa al ejercicio del derecho a la autodeterminación de los
pueblos coloniales” y subraya que la Unión (Europea) y sus estados miembros
“nunca reconocieron que el Sahara occidental forma parte de Marruecos o se
encuentra bajo su soberanía”.
Ningún acuerdo entre la Unión Europea y
Marruecos sobre lazos más estrechos, “ni tampoco ningún pacto comercial en
agricultura o pesca debe aplicarse allí”, añade. El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea anuló el 10 de diciembre de 2015 el acuerdo comercial agrícola
firmado en 2012 entre Marruecos y la Unión Europea (UE).
Argumenta que la decisión recurrida –entre
otros por España- “no afecta directa e individualmente al Frente Polisario”,
pues este es “reconocido por la comunidad internacional como el representante
del pueblo del Sahara Occidental en el proceso político” y “no como entidad que
tenga por misión defender los intereses comerciales de dicho pueblo”.
Marruecos suspendió sus contactos con la UE
después de que el máximo tribunal europeo anulara en diciembre su acuerdo de
pesca y agricultura porque incluía el territorio de Sáhara Occidental, rico en
recursos minerales, que Marruecos considera como sus ‘provincias del sur’.
Las opiniones legales como la emitida por
Wathelet no son documentos vinculantes, pero suelen respetarse en tribunales de
la UE en el 70 por ciento de los casos.
La española Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que el informe de conclusiones
presentado por Melchior Wathelet, sobre la sentencia que declaró nulo el
acuerdo agrícola y comercial UE-Marruecos, confirma la “chapuza jurídica” en la
que está sustentado.
A esto se añade que el gobierno de
Dinamarca pidió la retirada de las fuerzas militares que salieron del puesto de
Guergarat y respetar el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y
Marruecos en 1991. En respuesta a una pregunta escrita de la Comisión de
Exteriores del Parlamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores danés dijo que
su país apoya la apertura de una investigación sobre las violaciones marroquíes
del alto el fuego.
Mientras, en España, se está a la espera
que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo
acuda al Senado para responder al grupo de Compromís sobre este mismo asunto.
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