El Gobierno contesta a Podemos que no pudo
actuar contra un carguero que exportaba productos saharauis, pero que informó a
Francia para que lo hiciera
Se acabaron las ambigüedades y los
titubeos. Tres meses después de que la Corte de Justicia de la Unión Europea
fallara que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, el Gobierno
español asume por fin el veredicto y espera el chaparrón o la tormenta con la
que reaccionará el vecino del sur. Sabe de antemano que su pronunciamiento
disgustará a Rabat y se pregunta si habrá represalias.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis, viajó a Rabat el 13 de febrero y no quedó clara su postura sobre la
sentencia en una comparecencia ante la prensa en la que no admitió preguntas.
Sí se dejó entrevistar diez días después en el programa radiofónico Más de Uno,
de Onda Cero, pero tampoco sacó entonces de dudas a sus interlocutores. La
sentencia, declaró entonces Dastis, “abre un interrogante”. “Confiamos en que
vamos a encontrar esa solución para que Marruecos siga siendo socio
privilegiado de la Unión”, añadió. ¿Son marroquíes los productos del Sáhara?,
le insistió el periodista. “En eso estamos, habrá respuesta”, contestó.
“Todavía no tiene respuesta, pero la habrá”, concluyó de forma evasiva.
La Corte de Justicia europea recalcó en su
veredicto del 21 de diciembre que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos
y que las ventajas comerciales concedidas a los productos marroquíes en el
marco de los Acuerdos Euromediterráneos entre Bruselas y Rabat no eran
aplicables a las exportaciones de ese territorio a la UE. La Corte se
pronunciaba así después de que una primera sentencia del Tribunal de Justicia,
la jurisdicción europea de primera instancia, hubiese sido recurrida por el
Consejo de Ministros de la UE con el apoyo del Gobierno español que envió a
Luxemburgo a dos abogados del Estado.
Desde esa antigua colonia española se
exportan pocos productos agrícolas a Europa, pero los abogados del Frente
Polisario también han denunciado ante el Tribunal de Justicia el tratado de
pesca con Marruecos. La flota comunitaria, esencialmente española, faena sobre
todo en aguas saharianas, porque son las más ricas, y no en las marroquíes. En
realidad, la sentencia de diciembre pone en entredicho afecta al conjunto de la
relación comercial, y por ende política, entre la UE y su vecino del sur.
La sentencia de la Corte de Luxemburgo
estipula que “el territorio del Sáhara Occidental (…) no forma parte del
territorio del Reino de Marruecos a los efectos de interpretación” de los
acuerdos comerciales, afirma ahora el Gobierno español en la respuesta escrita
que remitió el 16 de marzo a Jorge Luis Bail, diputado de Podemos por Huesca.
Esta es “la primera declaración pública de Madrid sobre la no aplicabilidad de
los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara
Occidental”, señala Western Sahara Ressource Watch, un observatorio con sede en
Oslo que sigue de cerca las exportaciones e inversiones en esa antigua colonia
española.
Los abogados del Frente Polisario
también han denunciado ante el Tribunal de Justicia el tratado de pesca firmado
con Marruecos
El diputado oscense preguntó por qué el
Gobierno español no actuó contra el carguero Key Bay de la naviera noruega Sea
Tank Chartering que, el 14 de enero, atracó para repostar, procedente de El
Aaiún, en el puerto de Gran Canaria. Transportaba con destino a Fécamp
(Francia) harina de pescado que había cargado en la capital del Sáhara.
Encabezados por Pilar Álvarez, teniente de alcalde de Las Palmas, activistas de
EQUO y de Izquierda Unida Canaria reclamaron entonces a la Guardia Civil y a la
Aduana Española que inspeccionaran el barco para averiguar si transporta un
cargamento ilegal –algo que hicieron ese mismo día- y le impidieran seguir su
ruta. El Gobierno español justifica no haber adoptado “medidas cautelares o
definitivas en relación con el carguero” porque esas “corresponden a las
autoridades aduaneras del Estado de la Unión que solicite la importación” de la
harina de pescado, es decir Francia.
Lo que sí hizo el Ejecutivo español fue
“informar a las autoridades aduaneras de Francia y Dinamarca, países de destino
del envío, de los hechos constatados, en el marco de la asistencia mutua
aduanera (…)” entre Estados miembros de la UE. Además de informar a París, el
Gobierno español puso “los hechos en conocimiento del juzgado correspondiente”
de Las Palmas. Por eso ningún otro carguero procedente del Sáhara ha vuelto a
atracar desde entonces en puertos españoles.
Marruecos tiene en el Sáhara proyectos
de plantas de energía solar para exportar a Europa, con un papel destacado de
una empresa de la familia real
Al Key Bay le esperaban en Frécamp un
puñado de activistas simpatizantes con el independentismo saharaui, pero la
aduana de Francia, el país europeo más entregado a la monarquía alauí, no tomó
medida alguna. Los letrados del Polisario pusieron entonces una denuncia por
discriminación económica y falsedad sobre el origen de los productos
transportados por Key Bay ante el tribunal de Le Havre, una ciudad portuaria
colindante con Fécamp.
La respuesta del Gobierno a Podemos es
parecida a la que dio el 31 de enero el comisario de Energía, Miguel Arias
Cañete, a tres eurodiputados que preguntaron a la Comisión Europea sobre la
declaración conjunta suscrita, en noviembre en Marrakech, por cinco países
europeos, entre ellos España, con Marruecos para el intercambio de energías
renovables. Marruecos tiene en marcha proyectos de grandes plantas de energía
solar para exportar a Europa, algunos en el Sáhara, en los que juega un papel
destacado Nareva, una empresa perteneciente a la familia real.
“La declaración [de Marrakech] se aplicará
teniendo en cuenta debidamente la condición jurídica distinta y separada del
territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”,
contestó Arias Cañete a los eurodiputados. Vino así a decir que sí se tendría
en cuenta la sentencia de la Corte de diciembre suscitando el enfado de Rabat.
La prensa marroquí recordaba que cuando fue ministro de Agricultura en España
bien que defendió en derecho de los pesqueros españoles a faenar en aguas del
Sahara.
Una semana después de la intervención de
Arias Cañete, el ministro de Agricultura marroquí, Aziz Akhnnouch, un político
muy cercano al rey Mohamed VI, publicó un comunicado en el que advertía en
substancia de que si la UE aplicaba el veredicto correría el riesgo de que se
reanude “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”.
Diez días después, entre el 17 y el 20 de
febrero, nada menos que 854 subsaharianos lograron entrar en Ceuta, un récord
en 72 horas. Policías y guardias civiles que están a pie de obra en la frontera
terrestre con Marruecos aseguraron entonces que la inacción de sus colegas
marroquíes facilitó esa masiva irrupción. Tanto Dastis como su colega de
Interior, Juan Ignacio Zoido, y el propio presidente Mariano Rajoy, negaron al
unísono cualquier negligencia por parte de las fuerzas de seguridad de
Marruecos y ensalzaron incluso la colaboración con el vecino.
Una de las voces españolas más autorizadas
sobre las relaciones hispano-marroquíes osó, sin embargo, llevarles
públicamente la contraria. El momento en que se han producido esos asaltos “me
hace pensar que Marruecos los ha permitido o al menos ha decidido hacer la
vista gorda”, escribió Jorge Dezcallar en una tribuna de una inusitada
franqueza publicada en varios diarios regionales. Dezcallar fue embajador de
España en Rabat y más tarde director del Centro Nacional de Inteligencia.
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