Bruselas, 24 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha solicitado a Marruecos más información sobre el impacto socio-económico del acuerdo pesquero con la Unión Europea (UE) en las poblaciones del Sáhara occidental, afirmó la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, en una respuesta parlamentaria.
La comisaria señaló que Rabat no ha contestado aún al respecto y añadió que la recepción o no de tales informaciones adicionales influirán en las decisiones de la CE a la hora de renovar el acuerdo pesquero.
Damanaki respondió así a una pregunta del eurodiputado español Willy Meyer y del portugués Joao Ferreira (Izquierda Unitaria Europea), quienes reclamaron la "suspensión" del convenio pesquero, por estimar que no estaba beneficiando al pueblo saharaui, pese a que los barcos europeos faenan en el Sáhara occidental.
La comisaria afirmó que en la última reunión de un comité mixto entre la UE y Marruecos, la CE solicitó "información adicional" sobre los efectos socio-económicos de las actividades pesqueras, derivadas del acuerdo, y de la compensación financiera que el país magrebí percibe.
"Dicha información o su falta influirá en los procesos de decisiones futuras de la CE y en la posibilidad de renovar el protocolo", cuando expire, según añadió Damanaki.
El pacto entre la UE y Marruecos, considerado el de mayor importancia política en materia pesquera, ofrece licencias para 119 barcos comunitarios, de los que un centenar son españoles.
A cambio, la UE paga al año 36,1 millones de euros a Marruecos en contraprestación; de esta partida una parte es para el sector pesquero nacional y otra para medidas de desarrollo.
Damanaki se refirió al Derecho internacional y a los dictámenes de las Naciones Unidas para señalar que las actividades en los territorios del Sáhara Occidental serían ilegales sólo si se efectuaran "sin tener en cuenta las necesidades y los intereses de la población saharaui".
Los eurodiputados preguntaron a la CE si activaría y cuándo el artículo 15 del convenio pesquero, que supondría la suspensión inmediata del acuerdo.
En ese sentido, Damanaki afirmó que para poner en práctica dicho artículo tendría que haber una "disconformidad" grave con la aplicación de las disposiciones del acuerdo.
Meyer y Ferreira interrogaron también a Bruselas sobre medidas adicionales para garantizar los derechos del pueblo saharaui.
En este caso, Damanaki manifestó que las actividades pesqueras en virtud del acuerdo pueden tener un efecto positivo en la economía del Sáhara occidental, mediante los desembarcos de las capturas, el reclutamiento de marineros de la zona o la utilización de puertos locales.
Los europarlamentarios presentaron su interpelación, en reacción a un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo (PE), que indica que hay ilegalidades en el acuerdo, porque no está beneficiando adecuadamente a la población saharaui, pese a que los barcos europeos faenan en aguas del Sáhara occidental. EFE
La comisaria señaló que Rabat no ha contestado aún al respecto y añadió que la recepción o no de tales informaciones adicionales influirán en las decisiones de la CE a la hora de renovar el acuerdo pesquero.
Damanaki respondió así a una pregunta del eurodiputado español Willy Meyer y del portugués Joao Ferreira (Izquierda Unitaria Europea), quienes reclamaron la "suspensión" del convenio pesquero, por estimar que no estaba beneficiando al pueblo saharaui, pese a que los barcos europeos faenan en el Sáhara occidental.
La comisaria afirmó que en la última reunión de un comité mixto entre la UE y Marruecos, la CE solicitó "información adicional" sobre los efectos socio-económicos de las actividades pesqueras, derivadas del acuerdo, y de la compensación financiera que el país magrebí percibe.
"Dicha información o su falta influirá en los procesos de decisiones futuras de la CE y en la posibilidad de renovar el protocolo", cuando expire, según añadió Damanaki.
El pacto entre la UE y Marruecos, considerado el de mayor importancia política en materia pesquera, ofrece licencias para 119 barcos comunitarios, de los que un centenar son españoles.
A cambio, la UE paga al año 36,1 millones de euros a Marruecos en contraprestación; de esta partida una parte es para el sector pesquero nacional y otra para medidas de desarrollo.
Damanaki se refirió al Derecho internacional y a los dictámenes de las Naciones Unidas para señalar que las actividades en los territorios del Sáhara Occidental serían ilegales sólo si se efectuaran "sin tener en cuenta las necesidades y los intereses de la población saharaui".
Los eurodiputados preguntaron a la CE si activaría y cuándo el artículo 15 del convenio pesquero, que supondría la suspensión inmediata del acuerdo.
En ese sentido, Damanaki afirmó que para poner en práctica dicho artículo tendría que haber una "disconformidad" grave con la aplicación de las disposiciones del acuerdo.
Meyer y Ferreira interrogaron también a Bruselas sobre medidas adicionales para garantizar los derechos del pueblo saharaui.
En este caso, Damanaki manifestó que las actividades pesqueras en virtud del acuerdo pueden tener un efecto positivo en la economía del Sáhara occidental, mediante los desembarcos de las capturas, el reclutamiento de marineros de la zona o la utilización de puertos locales.
Los europarlamentarios presentaron su interpelación, en reacción a un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo (PE), que indica que hay ilegalidades en el acuerdo, porque no está beneficiando adecuadamente a la población saharaui, pese a que los barcos europeos faenan en aguas del Sáhara occidental. EFE
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