Han
documentado el hallazgo de dos fosas comunes en Smara donde se han encontrado
ocho cadáveres de ciudadanos saharauis y dos DNI españoles.
Asociaciones
en apoyo al pueblo saharaui han ampliado una querella criminal, interpuesta
ante la Audiencia Nacional en 2006 contra ex altos cargos marroquíes
supuestamente involucrados en la desaparición y asesinato de saharauis en 1976,
con un informe pericial sobre el hallazgo de fosas comunes en Samra.
La
asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), con el apoyo de la Consejo
General de la Abogacía Española, ha presentado esta semana el informe Mehiris: La
esperanza posible, que ha servido de base para ampliar la querella por
genocidio de hace siete años y documentar el hallazgo de dos fosas comunes en
Samra. En ellas se encontraron ocho cadáveres de ciudadanos saharauis (seis
adultos y dos menores) y documentación como dos DNI españoles.
En 2006, varias
asociaciones en apoyo del pueblo saharaui interpusieron ante la Audiencia
Nacional una querella por secuestro, tortura y asesinato contra altos mandos
militares del ejército de Marruecos por la desaparición de 542 personas desde 1975,
bastantes de ellas con nacionalidad española. Según la denuncia, a partir de
ese año, cuando España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio "mediante
una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años", y
el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro, encarcelamiento y
desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad
española, entre 1975 y 1980.
Y esta
tesis es la que quiere corroborar el informe de la exhumación de las fosas que,
además de ampliar con base documental la querella, pretende aportar pruebas
fehacientes sobre la identidad de las ocho personas asesinadas. Carnés de
identidad, restos óseos agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes
de ADN que establecen correspondencia con familiares o diversos objetos
identificativos, son algunas de las pruebas custodiadas por el equipo forense
del País Vasco que llevó a cabo la exhumación, según los requerimientos legales.
El abogado
de la acusación por genocidio de la Apdhe, Manuel Ollé, explicó en la presentación
del informe que el Ministerio Fiscal "está pendiente" de evaluarlo y
añadió que el equipo que dirige tiene indicios sobre la existencia de otras
tres fosas entre Amgala y Mehiris, región de Samra.
El informe
se llevó a cabo tras la petición de la asociación de familiares y desaparecidos
Afapredesa, quienes demandaban una investigación en dicha zona del Sáhara
Occidental, en la que desaparecieron numerosas personas en febrero 1976. Ollé
afirmó que, pese a que las peticiones para que se ejecuten las comisiones
rogatorias con Marruecos (comunicación oficial que un juez o tribunal dirige a
una autoridad judicial extranjera) no han prosperado, la querella "sigue
avanzando con pruebas documentales" como la exhumación de las dos fosas, que
aseguran que ha servido para corroborar los testimonios de familiares y
ciudadanos saharauis.
Acusó al
Gobierno de Marruecos de "encubrir un genocidio" y de ser "responsables
de los mismos", en alusión a un informe emitido por las autoridades
militares del país que indicaba que algunos saharauis habían sido enterrados en
esa zona tras morir "por causas naturales" al cumplir un arresto
legal, que se produjo por hechos que Marruecos consideraba como delitos.
A la espera
de "alguna" comunicación
El
antropólogo y perito Francisco Etxebarría, que dirige la investigación y ha
participado en exhumaciones de fosas de la Guerra Civil, afirmó que aún queda "oficializar"
el informe, que incluye la prueba técnica forense y denuncia las violaciones de
tratados internacionales y de derechos humanos, entre otras cuestiones. Etxebarría
aseguró que aún siguen "a la espera" de alguna "comunicación"
por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que se reunieran
hace un mes con la representante para el Magreb del Departamento. Indicó que
Exteriores solo les requirió dos fotografías de "mayor calidad" de
los carnés identificativos citados. El antropólogo pidió al Gobierno español
que entregue "la información a las autoridades competentes" y
solicite a Marruecos que colabore tanto en la investigación como en los
procesos judiciales, ya que las pruebas, a su juicio, "son contundentes".
Pero no
sólo por los cientos de saharauis con nacionalidad española que fueron
torturados y asesinados desde finales de los 70 hasta principios de los 80, prosiguió
el antropólogo, sino también por los abusos, violaciones y vejaciones contra el
pueblo saharaui por parte de las fuerzas militares marroquíes.
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