EFE 10 de febrero de 2014. El juez Pablo Ruz ha citado el próximo
miércoles a dos peritos que elaboraron un informe sobre el hallazgo de dos
fosas comunes en Samra (Sahara Occidental), después de ampliar la querella
contra ex altos cargos marroquíes supuestamente involucrados en la desaparición
y asesinato de saharauis en 1976.
En un auto, el juez acuerda ampliar la
querella presentada en 2006 por asociaciones en apoyo al pueblo saharaui basada
en el informe "Mehiris: La esperanza posible", presentado por la
asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), con el apoyo de la Consejo
General de la Abogacía Española.
Este informe lo realizaron los
investigadores de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria y Carlos
Martín, que encontraron ocho cadáveres de ciudadanos saharauis (seis adultos y
dos menores) presuntamente ejecutados el 12 de febrero de 1976 con armas de
fuego, así como documentación, como fue el caso de dos DNI españoles.
En el escrito, el magistrado recuerda que
este procedimiento se investiga por delitos de genocidio en relación con
asesinatos, lesiones y torturas, y acuerda admitir la ampliación "para
iniciar la investigación y concreción de hechos y responsabilidades" que
en ella se denunciaban.
El juez cita a los dos investigadores como
testigos a las 11.30 y 12.00 horas, y les solicita que remitan a su juzgado
todo el material fotográfico, documental y genético que obtuvieron en la
investigación forense.
En 2006, varias asociaciones en apoyo del
pueblo saharaui interpusieron ante la Audiencia Nacional una querella por
secuestro, tortura y asesinato contra altos mandos militares del ejército de
Marruecos por la desaparición de 542 personas desde 1975, bastantes de ellas
con nacionalidad española.
Según la denuncia, a partir de ese año, en
el que España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio
"mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró
dieciséis años", y el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro,
encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con
nacionalidad española, entre 1975 y 1980.
El informe de la exhumación de las fosas
también aporta pruebas sobre la identidad de las ocho personas asesinadas.
Carnés de identidad, restos óseos
agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes de ADN que establecen
correspondencia con familiares o diversos objetos identificativos, son algunas
de las pruebas custodiadas por el equipo forense del País Vasco que llevó a
cabo la exhumación, según los requerimientos legales.
La Audiencia Nacional lleva este caso en
virtud al principio de la justicia universal, por el que un juez español puede
investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional y cuya restricción
debatirá mañana el Congreso en una proposición de ley presentada por el PP.
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