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La identificación de ocho saharauis desaparecidos por la represión marroquí fue clave en el auto del juez Ruz. / Foto: Sociedad de Ciencias Aranzadi- |
EFE – Madrid. 22/05/2015 (El Diario.es)
El juez de la Audiencia Nacional José de la
Mata ha procesado a Lehsan Chaf Yeudan, carcelero del cuartel de Smara, en el
Sahara Occidental, por haber torturado en 1977 a un preso saharaui al que
ataron, golpearon y aplicaron descargas eléctricas durante su reclusión.
En un auto, el juez De la Mata, que ha
sustituido a Pablo Ruz en la instrucción de esta causa, procesa al funcionario
por un delito de genocidio cometido mediante tortura, y lo hace a petición de
una acusación, que recurrió la decisión de Ruz de no procesarle por estar
prescrito el delito.
Sin embargo, De la Mata considera, al igual
que la Fiscalía, que el delito no ha prescrito, porque las torturas que
supuestamente realizó a Brahim Mohamed Salem Omar en el cuartel no fueron
"una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida" contra
los saharauis, sino que se desarrolló "dentro del plan de destrucción
física de los saharauis, acometido por militares y policías en el
cuartel".
El procesado era, abunda el juez,
"plenamente consciente" de que sus acciones se enmarcaban en este
plan genocida y por ello las torturas formaron "parte inseparable del
delito de genocidio que se cometió desde 1975 a 1991" para acabar con los
saharauis.
Por tanto, cree que el delito que se imputa
a Yeudan no está prescrito al no haber pasado más de 20 años desde 1991 hasta
2006, cuando se interpuso la querella por el genocidio en el Sahara.
"Concurren elementos indiciarios
suficientes para poder afirmar que Lehsan Chaf Yeudan conoció y, lo que es más
relevante y diferencial, participó directa y personalmente, con hechos
constitutivos de torturas, del plan global diseñado e implementado
sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis", afirma el
juez.
El hombre supuestamente torturado por
Yeudan estuvo preso en el cuartel de Smara dos meses y 13 días, tiempo en que
compartió cautiverio con otros 72 saharauis y presenció cómo quemaron vivo a un
preso y cómo una mujer dio a luz en la cárcel, tras lo que al recién nacido le
cortaron los dedos y se los pusieron luego en su comida.
Ruz ya procesó el pasado abril a once altos
cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara
entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas,
asesinato y desaparición forzada.
El juez apoyó su procesamiento en las
declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten "corroborar
la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas en muchas
ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las
lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".
Hace algo más de un año, a raíz de la
reforma de la ley de justicia universal, Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó
archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados en los años
70 y 80 el Sahara Occidental era territorio español.
Para siete de los once procesados, el juez
acordó la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición "al
no constar el paradero de los mismos".
Dejó fuera a otros ocho querellados ante la
falta de pruebas, sin perjuicio de que posteriormente se pudiera ampliar
también a ello el procesamiento "si aparecieran nuevas pruebas".
Imputa un delito de genocidio a un oficial
porque aunque no diera órdenes participó presuntamente en las torturas
descritas por las víctimas
El juez de la Mata considera la actuación
marroquí en el Sáhara como "un proceso de destrucción biológica del grupo
étnico saharaui"
EL DIARIO.ES Pedro Águeda 22/05/2015
La decisión de Pablo Ruz de imputar a once
oficiales y altos cargos de Marruecos por el genocidio cometido en el Sáhara se
ha visto apuntalada por la decisión de su sustituto, José de la Mata, de
ampliar a un militar más la nómina de acusados. En un auto hecho público este viernes,
De la Mata acepta el recurso presentado por la Asociación de Familiares de
Presos y Desaparecidos Saharauis en contra de la negativa de Ruz de imputar a
Lehsan Chaf Yeudan, un oficial que participó presuntamente en las torturas al
joven Brahim Mohamed Salem Omar.
El juez De la Mata considera que, por mucho
que Lehsan Chaf Yeudan fuera un mero oficial del Ejército marroquí, su
participación en los malos tratos "no fue una acción aislada y
desconectada de todo el plan genocida, llevada a cabo por una persona
independiente, en solitario y por su cuenta y riesgo". En el caso de no
haber participado en el genocidio, los malos tratos presuntamente infringidos
por el imputado habrían prescrito. Sin embargo, el juez considera que su
participación "se desarrolló temporal, objetiva, subjetiva y
geográficamente dentro del plan de destrucción física de los saharauis
acometido por militares y policías marroquíes, y en el cuartel de Smara, uno de
los centros de represión cometida durante esos años".
Brahim Mohamed Salem Omar tenía 22 años
cuando fue detenido y conducido al cuartel de Smara. En el primer auto de
imputación, Ruz recuperaba su testimonio, en el que identificaba a tres de sus
presuntos maltratadores: el coronel Lamarti, el teniente de la Gendarmería Real
Muley Ahmed Albourkadi y el funcionario Lehsan Chaf Yeudan. "El coronel
ordenó que le ataran las extremidades del cuerpo con cuerdas y se las
separaran, aplicándole este sistema de tortura. También le aplicaron descargas
eléctricas en mejillas y lengua y fue sometido a golpes con cuerdas en una
celda", recogía la resolución de Ruz.
"Existen elementos que permiten
considerar todos los hechos cometidos contra los saharauis durante 1975 a 1991
como una unidad, de la que formó parte inseparable, subjetiva, objetiva,
teporal, y geográficamente, el hecho concreto imputado a Lehsan Chaf
Yeudan", concluye el juez De la Mata. Eso no significa, añade el juez, que
deban imputársele todos los hechos cometidos dentro de ese genocidio,
"sino únicamente aquellos en los que tuvo participación personal
relevante, lo que sí ocurrió en los hechos que sucedieron en el cuartel-prisión
de Smara en enero de 1977".
De la Mata considera los hechos
investigados "un proceso de destrucción biológica del grupo étnico
saharaui acometido por militares y policías marroquíes, con conocimiento previo
y concreto de su existencia, así como de estar contribuyendo con su conducta a
la ejecución de dicho plan".
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