Contramutis / Por Alfonso Lafarga. 13 de
diciembre de 2018
Borrell habla de genocidios en los últimos
70 años y pasa por alto el del pueblo saharaui, por el que hay doce cargos
militares y policiales marroquíes procesados en la Audiencia Nacional
Exteriores dice que España está “profundamente
comprometida” con los DDHH, pero no condena lo que ocurre en el Sáhara
Occidental
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Josep Borrell, habló de genocidio y citó casos como el
de Ruanda, pero no tuvo palabras para el que sufrió el pueblo saharaui;
escribió sobre los Derechos Humanos, pero sin citar las violaciones que se
producen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Con motivo de la conmemoración del 70
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Josep Borrell
participó el 11 de diciembre en un coloquio en la Casa de América, en Madrid,
junto a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, y Caddy Adzuba, defensora congoleña de los DDHH y Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2014.
El ministro socialista dijo que en los
últimos 70 años hemos tenido “unos cuantos de genocidios” (sic), que concretó
en Ruanda, Camboya, Yugoslavia y Myanmar, sin aludir al que se perpetró en el
Sáhara Occidental y por el que están procesados en la Audiencia Nacional, desde
abril de 2015, once altos cargos, militares y policías marroquíes y desde mayo
de ese mismo año un funcionario de prisiones.
El auto de procesamiento concreta que de
una manera generalizada se produjo “un ataque sistemático contra la población
civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”, así
como “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos
forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de
origen saharaui”, y concluye que “concurren todos los requisitos del tipo penal
que castiga el genocidio”.
En su intervención en la Casa de América,
el ministro Borrell apuntó que los genocidios fueron “organizados
sistemáticamente por la potencia publica ante la indiferencia o el mirar para
otro lado de otras potencias públicas, que no se sintieron interpeladas por el
derecho a proteger”. El genocidio cometido en El Sáhara Occidental por
Marruecos, según la resolución de la Audiencia Nacional, no mereció la atención
del ministro de Asuntos Exteriores.
El 10 de diciembre, en el Día Internacional
de los DDHH y un día antes del acto con Michelle Bachelet y Caddy Adzuba, el
ministro de Asuntos Exteriores escribió en El País que “la promoción y
protección de los Derechos Humanos están en la base de nuestro ordenamiento
jurídico y de nuestra concepción social”.
Además, en la página web del Ministerio de
Asuntos Exteriores se especifica que España, miembro del Consejo de Derechos
Humanos en el periodo 2018-2020, es un “país profundamente comprometido con los
derechos humanos”, que son “parte sustancial” de su política exterior; continuará
denunciando “aquellos casos en los que los representantes de la sociedad civil sufran
amenazas o represalias “y trabajando “en la protección de los defensores de
derechos humanos”.
Patadas
El Ministerio denuncia que los DDHH siguen
siendo violados por gobiernos “que privan sin juicio de la libertad a sus
ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones
libres y justas”.
El ministro Borrell, el mismo que dijo en
el Congreso de los Diputados, en julio, y en el Senado, en octubre, que España
no es la potencia administradora del Sáhara Occidental -en contra de lo que
determinan la ONU y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, en ningún
momento se ha pronunciado sobre las violaciones de los Derechos Humanos que se
cometen en la excolonia española, tal y como han denunciado Amnistía
Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy
(RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
Según estas organizaciones y las denuncias
de defensores de DDHH saharauis, en los territorios del Sáhara Occidental
ocupados por Marruecos se reprime cualquier tipo de manifestación, ya sea de
desempleados, de activistas que protestan por el expolio de los recursos
naturales o de quienes piden que se realice el referéndum de autodeterminación
acordado en 1991; se detiene a activistas y periodistas, a los que se condena
en juicio sin garantías, y los presos políticos saharauis realizan huelgas de
hambre para denunciar su situación, las torturas y malos tratos que
padecen, y reclamar el traslado a
cárceles en territorio saharaui.
Todo esto sigue ocurriendo, también, desde
que el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, llegó en junio al Gobierno. En agosto
fue impedida la entrada en El Aaiún a dos abogados españoles, Ana Sebastián y
Pablo Jiménez, que iban a asistir como observadores a un juicio contra un
activista; en noviembre fueron expulsados los activistas de Derechos Humanos
suizos Laura Kleiner, abogada, y Tullio Togni, antropólogo, que tenían previsto
realizar un reportaje sobre la situación en el Sáhara Occidental.
Las referencias a los Derechos Humanos
parece que tienen una excepción: el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos
hace 43 años, tras la entrega que hizo España del territorio sin proceder a su
descolonización.
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